Ley de Honores para la Nacional, una expectativa real
La semana pasada, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1914 de 2018, más conocida como Ley de Honores de la Universidad Nacional, “por la cual la Nación rinde público homenaje y se vincula a la celebración del sesquicentenario de fundación de la Universidad Nacional y se dictan otras disposiciones”. Esta Ley, aprobada unánimemente por el Congreso, es para nuestra institución una “expectativa real” que solo será efectiva si el gobierno del presidente Duque la incorpora en el Presupuesto General de la Nación.
La iniciativa de la Ley facultará a la Universidad para crear la beca “sesquicentenario”, que nos permitirá apoyar cada vez más a los jóvenes que cursan sus primeros semestres en nuestras sedes de frontera en Arauca, Leticia, Tumaco y San Andrés, provenientes de municipios cercanos a dichas sedes, para luego continuar sus estudios en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Así mismo dispondremos de más recursos para apoyar a jóvenes de comunidades indígenas, afrocolombianas, mejores estudiantes de municipios pobres y desplazados por el conflicto armado.
En resumen, darle cumplimiento a esta Ley significa mejorar la presencia del Estado en las comunidades vulnerables para empoderar con el conocimiento en las artes, las ciencias, las humanidades, la innovación y el desarrollo tecnológico a líderes como agentes de cambio ético con conciencia social.
Además, mediante el uso de recursos que esperamos provea la Ley, dinamizaremos los procesos que fortalecen las funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Son estos aspectos en los que la Universidad debe concentrar su gestión, lo que requiere una profunda transformación digital de la institución.
Con la armonización de las funciones misionales mejoramos nuestra comunicación con los demás actores de la sociedad, entre ellos las instituciones de investigación y desarrollo —como las universidades y centros de investigación—, con la sociedad civil, los sectores productivos y las entidades gubernamentales. En este sentido, gracias a los recursos provistos por la Ley de Honores podremos fortalecer la dotación tecnológica, las aulas, los centros de cómputo, los auditorios y laboratorios para la formación de nuestros jóvenes como ciudadanos íntegros con responsabilidad social.
En este espacio también quiero expresar públicamente mis agradecimientos a todos aquellos que han estado involucrados en este proceso, que, esperemos, pronto culmine con éxito. Al exrector Ignacio Mantilla, quien acudió al Legislativo para impulsar y defender la Ley hasta cuando dejó la Rectoría el pasado 2 de mayo. También a los senadores de la República Ángel Custodio Cabrera —egresado de la Universidad—, Arleth Casado de López y Olga Suárez, y las representantes a la Cámara Olga Lucía Velásquez y Kelyn Johana González, que fueron autores del proyecto. No podríamos dejar de agradecer al senador Iván Cepeda y al representante Alirio Uribe, quienes, junto con sus equipos, presentaron el proyecto durante los debates en Senado y Cámara.
Esta Ley demuestra que la educación pública es un tema que les interesa a todos los sectores políticos y que la Universidad Nacional puede unir a diversos grupos que tienen diferentes posturas en otros campos, como el político y el económico, entendiendo que, siendo la Universidad Nacional el mayor proyecto cultural de la Nación, es fundamental para el impulso de la ciencia, la innovación y la construcción de tejido social. Es más, estoy convencida de que sin el aporte de la educación pública de calidad no se podrá cumplir ninguno de los objetivos trazados para el desarrollo del país, ni cumplir con los compromisos internacionales, como los pactados con la OCDE.
Todos coincidimos en que la mejor inversión que puede hacer el Estado es la educación de sus ciudadanos, y qué mejor que hacerlo a través de una institución transparente, de alta calidad, que promueve la formación de ciudadanos como agentes de cambio ético con conciencia social, como lo es la Universidad Nacional de Colombia.
* Rectora, Universidad Nacional de Colombia.
La semana pasada, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1914 de 2018, más conocida como Ley de Honores de la Universidad Nacional, “por la cual la Nación rinde público homenaje y se vincula a la celebración del sesquicentenario de fundación de la Universidad Nacional y se dictan otras disposiciones”. Esta Ley, aprobada unánimemente por el Congreso, es para nuestra institución una “expectativa real” que solo será efectiva si el gobierno del presidente Duque la incorpora en el Presupuesto General de la Nación.
La iniciativa de la Ley facultará a la Universidad para crear la beca “sesquicentenario”, que nos permitirá apoyar cada vez más a los jóvenes que cursan sus primeros semestres en nuestras sedes de frontera en Arauca, Leticia, Tumaco y San Andrés, provenientes de municipios cercanos a dichas sedes, para luego continuar sus estudios en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Así mismo dispondremos de más recursos para apoyar a jóvenes de comunidades indígenas, afrocolombianas, mejores estudiantes de municipios pobres y desplazados por el conflicto armado.
En resumen, darle cumplimiento a esta Ley significa mejorar la presencia del Estado en las comunidades vulnerables para empoderar con el conocimiento en las artes, las ciencias, las humanidades, la innovación y el desarrollo tecnológico a líderes como agentes de cambio ético con conciencia social.
Además, mediante el uso de recursos que esperamos provea la Ley, dinamizaremos los procesos que fortalecen las funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Son estos aspectos en los que la Universidad debe concentrar su gestión, lo que requiere una profunda transformación digital de la institución.
Con la armonización de las funciones misionales mejoramos nuestra comunicación con los demás actores de la sociedad, entre ellos las instituciones de investigación y desarrollo —como las universidades y centros de investigación—, con la sociedad civil, los sectores productivos y las entidades gubernamentales. En este sentido, gracias a los recursos provistos por la Ley de Honores podremos fortalecer la dotación tecnológica, las aulas, los centros de cómputo, los auditorios y laboratorios para la formación de nuestros jóvenes como ciudadanos íntegros con responsabilidad social.
En este espacio también quiero expresar públicamente mis agradecimientos a todos aquellos que han estado involucrados en este proceso, que, esperemos, pronto culmine con éxito. Al exrector Ignacio Mantilla, quien acudió al Legislativo para impulsar y defender la Ley hasta cuando dejó la Rectoría el pasado 2 de mayo. También a los senadores de la República Ángel Custodio Cabrera —egresado de la Universidad—, Arleth Casado de López y Olga Suárez, y las representantes a la Cámara Olga Lucía Velásquez y Kelyn Johana González, que fueron autores del proyecto. No podríamos dejar de agradecer al senador Iván Cepeda y al representante Alirio Uribe, quienes, junto con sus equipos, presentaron el proyecto durante los debates en Senado y Cámara.
Esta Ley demuestra que la educación pública es un tema que les interesa a todos los sectores políticos y que la Universidad Nacional puede unir a diversos grupos que tienen diferentes posturas en otros campos, como el político y el económico, entendiendo que, siendo la Universidad Nacional el mayor proyecto cultural de la Nación, es fundamental para el impulso de la ciencia, la innovación y la construcción de tejido social. Es más, estoy convencida de que sin el aporte de la educación pública de calidad no se podrá cumplir ninguno de los objetivos trazados para el desarrollo del país, ni cumplir con los compromisos internacionales, como los pactados con la OCDE.
Todos coincidimos en que la mejor inversión que puede hacer el Estado es la educación de sus ciudadanos, y qué mejor que hacerlo a través de una institución transparente, de alta calidad, que promueve la formación de ciudadanos como agentes de cambio ético con conciencia social, como lo es la Universidad Nacional de Colombia.
* Rectora, Universidad Nacional de Colombia.