“Estimado” Abelardo y gobierno… los campesinos y campesinas no necesitan que se les “eleve el estatus”, dejándoles de nombrar así para decirles “empresarios del campo”.
Aunque suena “pro” para el mundo de los negocios, esa es una visión utilitarista y transaccional del campesinado que desconoce que los campesinos y campesinas son sujetos de derechos, con especial protección constitucional en Colombia (art. 64 de la Constitución Política), que va mucho más allá de los agronegocios.
Para hacernos una idea más clara de esta población, en 2024 había 16,1 millones de personas en 5,4 millones de hogares colombianos que se autorreconocieron como campesinos o campesinas, según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE.
Por eso, dejar de nombrarles no es algo menor. Puede afectar su visibilización, el diseño de políticas públicas para atender sus necesidades e, incluso, el reconocimiento de sus derechos.
De hecho, es tan clave nombrarles que en 2018 una sentencia de la Corte Suprema de Justicia le ordenó al DANE incluir en sus encuestas una serie de preguntas para que esta población se pueda autorreconocer en la encuesta agropecuaria, en la de calidad de vida, en el censo poblacional y en otras estadísticas nacionales.
Según el DANE, en su página web, las preguntas de autorreconocimiento de la población campesina permiten, entre otras cosas, estudiar distintas variables de cada encuesta y cruzar información de su identidad con condiciones de vida, organización, producción y cultura.
Mejor dicho, permite saber quiénes son, dónde están, cómo viven, entre otras cosas clave para pensar en políticas políticas que aporten al desarrollo de sus comunidades. Si lo que les preocupa es la pobreza en el campo o el desarrollo rural, señor presidente, la solución no es rápida ni simple. Toca mirar las cifras y entender las necesidades de sus comunidades.
Aquí algunas importantes. Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 2024, un 11,1% de pipol que se autorreconocía como campesina también se identificaba como negra afro, raizal o palenquera y otro 8 % se identificaba como índigena.
Además, a nivel nacional, el 40,1 % de los hogares campesinos tiene jefatura femenina. Y el 63,5 % de los jefes o jefas de hogar campesino se perciben como pobres, indicador que sube al 67,9 % en las áreas rurales y supera el 85 % en departamentos como Chocó y Sucre.
Y cuando miramos cómo viven, el panorama no es que mejore mucho. Solo el 38,2 % de los hogares cuenta con alcantarillado, el 46,1 % tiene conexión a internet y un 11 % de los hogares en zona rural no tiene ningún servicio sanitario (condiciones básicas para tener buena salud, por ejemplo).
Hablando sobre este tema con una amiga que se autorreconoce como campesina, afro, es periodista y vive en Bogotá, me decía que “un campesino no se reduce a una mirada productiva, también es ancestral, ambiental, política y cultural. Lo problemático más allá de dejar de nombrar algo que la Constitución ya reconoció de manera integral y no solo productiva es perder la garantía que le da al campesinado de ir accediendo a otros derechos colectivos”.
Entonces, señor presidente, no todas las personas campesinas son empresarias, ni tienen por qué serlo y eso no las hace menos. ¿Cambiarles el nombre hará más productivo el campo? No. ¿Hará que pierdan subsidios o políticas públicas? Habrá que ver.
*Valerie Cifuentes es directora creativa y cofundadora de Economía para la pipol.