La creatividad fiscal tiene límites

Después de 170 comentarios al proyecto de decreto y una avalancha de críticas, el Gobierno se echó para atrás en la idea de cobrar por adelantado un impuesto (retefuente) a los pagos digitales que hace la gente por un producto o servicio. Era una salida fácil (pero dañina) a un problema más profundo.

El argumento de la DIAN era que hacerlo les ayudaría con dos cosas: nivelar la cancha en la retefuente de 1,5 % que ya se le aplica a los pagos con tarjeta de crédito y débito en establecimientos comerciales y recaudar más plata en un contexto en el que el país tiene menos ingresos, más gastos y más deudas con intereses altísimos.

Pero el límite de la creatividad fiscal está en los efectos a largo plazo. Si bien el Gobierno iba a recaudar plata rápido, podría desincentivar el uso de Bre-b, que está revolucionando el sistema financiero, y otras billeteras como Nequi, DaviPlata, entre otras. Además, haría que la gente pensara dos veces antes de hacer sus transacciones por allí y prefiriera o se viera obligada a usar el efectivo. O sea, un frenazo a la inclusión financiera.

Aunque la “inclusión financiera” suene abstracta, busca, entre otras cosas, que la gente use los bancos, créditos y cuentas de ahorro como alternativa al efectivo. Eso le da herramientas a las entidades para diseñar mejor sus productos y llegar a gente que, por ejemplo, antes no tenía la posibilidad de pedir un crédito para hacer crecer su negocio y formalizarse.

El otro problema del efectivo es que es difícil de rastrear. A la DIAN, que recauda impuestos con los que se financia el Estado, le queda más difícil saber cómo se mueve la plata y con eso identificar mejor cómo y a quiénes cobrarles más impuestos.

El Gobierno finalmente no solo tumbó el proyecto de decreto, sino también quitó la retefuente del 1,5 % a los pagos con tarjetas de crédito y débito. Es decir, sí niveló la cancha, pero del otro lado. El MinHacienda y la DIAN reconocieron que no se pueden dar el lujo de promover el uso del efectivo.

Este es otro de aquellos casos en los que la improvisación fiscal termina siendo un problema. El gobierno de Andrés Pastrana, por ejemplo, se inventó un impuesto a los movimientos financieros que iba a ser temporal y que resolvía una urgencia. Empezó a cobrar dos pesos por cada 1.000 movidos en el sistema financiero y ya va en el famosísimo 4x1000.

Ya casi se le pueden celebrar los 30 años a un impuesto que era “temporal”. Y aunque se plantearon algunos cambios en la reforma tributaria del 2022 para hacerlo más equitativo, la implementación de eso todavía está embolatada.

En los próximos días, el Congreso tendrá la ponencia para empezar a debatir una nueva reforma tributaria, o ley de financiamiento, con la que el gobierno busca plata para el Presupuesto General de la Nación de 2026, que está desfinanciado. El grueso de los impuestos que proponen son temporales, otra vez.

No sabemos cómo va a salir ese proyecto de ley (si es que se aprueba), en un Congreso que ya está en campaña electoral y con un Gobierno que se va el otro año. Pero sí está claro que el país no soporta más un sistema tributario con retazos que resuelven problemas urgentes, pero no de fondo.

María Camila González es directora ejecutiva y cofundadora de Economía para la pipol.