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Esta semana las redes sociales estallaron por una propuesta del Ministerio de Hacienda que anda buscando más plata y ser más equitativo en el cobro adelantado de impuestos (retefuente), pero que realmente podría crear muchas más desigualdades.
El 10 de octubre, el MinHacienda publicó un proyecto de decreto que le pondría un cobro extra (retefuente de 1,5 %) a los pagos digitales que hagan las personas si pagan por un servicio o producto.
Ahí se incluyen los pagos a través de plataformas como Nequi, Daviplata, Bre-B y hasta los códigos QR, algo que le ha facilitado la vida a muchas personas y negocios en el país. Un asterisco importante es que la retefuente no es un nuevo impuesto, sino una manera en la que el Estado cobra impuestos por adelantado y que luego, si aplica el caso, se puede descontar de la declaración de renta.
Entre líneas, el argumento del MinHacienda es la justicia en el cobro de impuestos porque los pagos o compras con tarjetas de crédito o débito pagan un 1,5 % de retención en la fuente. Y es injusto que los pagos digitales no lo paguen.
Uno podría creer que es injusto ese desnivel en las reglas del juego pero, ¿no sería mejor quitar esa retefuente que hacer más caros los pagos digitales?
Cálculos de Anif y Colombia Fintech dicen que eliminar esa retefuente de las tarjetas, en vez de cobrarla en los pagos digitales, podría aportarle al país $223 mil millones entre 2028 y 2034 a través de un mayor dinamismo en las ventas con alternativas de pagos distintas al efectivo. Entonces, no ponerle esa retención a los pagos digitales y eliminarla de las tarjetas sí podría ser una salida justa que no castiga la evolución de los pagos en Colombia, y más si se tiene en cuenta que el 60 % de los comercios del país aceptan pagos con transferencias electrónicas, según datos del Banco de la República.
Este tipo de medidas (retefuente) generaría una desigualdad, afectando a los comercios que han dado el paso a recibir pagos más allá del efectivo, que hoy en día representa el 80 % de los pagos en el país.
Además, este tipo de medidas podrían hacer que los negocios que mantengan sus pagos digitales incrementen los precios y, si las cosas suben de precio, la inflación podría subir.
Si eso pasa, el Banco de la República la tendría más difícil para bajar las tasas de interés porque una de sus principales misiones es mantener estable la inflación entre el 2 % y 4 % y hoy en día (en septiembre) estamos en 5,18 %.
Y si el BanRep no baja las tasas por la inflación alta, seguramente se mantiene la solicitud del presidente Petro al BanRep de que lo haga.
Lo duro del asunto es que sistemas de pagos como Bre-B, por ejemplo, no tienen la capacidad de saber a quién sí cobrarle retefuente o no. Eso podría generar desigualdades pues no toda la gente que tiene comercios o puestos en la calle declara renta, la DIAN debería devolver la plata en esos casos, pero podría volverse todo un sancocho.
Entonces, ¿este cobro extra a los pagos digitales es una manera del gobierno de desquitarse con el BanRep y con la gente? ¿Una medida de justicia tributaria o de crear mayores desigualdades al limitar nuevas opciones de pago en los comercios?
Valerie Cifuentes es directora creativa y cofundadora de Economía para la pipol.
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