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En Colombia hay más personas viviendo en arriendo que con casa propia. Hace más de 30 años, el Estado quería que más personas tuvieran acceso a una vivienda digna y por eso se inventó subsidios y programas sociales, pero esa meta es cada vez más esquiva.
Los datos son claros: más personas viven en arriendo y no es necesariamente por el cinismo joven que prefiere los conciertos que pensar en un patrimonio. La realidad es que las condiciones económicas de muchas personas no dan para sostener un compromiso tan a largo plazo que requiere tanto sacrificio.
En este momento, en el país, hay al menos 12 millones de personas que están en la informalidad, o sea, que no cotizan salud y pensión. No cotizan porque la plata no les alcanza o porque sus trabajos son muy inestables, y en la inestabilidad es difícil pensar en el futuro.
A esa dificultad que viene con no conseguir trabajos estables se suma el difícil momento por el que pasa la vivienda en Colombia, que incluye un incremento en los precios de las viviendas de interés social (VIS). Este tipo de viviendas fueron pensadas hace más de 30 años para que gente de bajos ingresos pudiera por fin acceder a una vivienda digna.
El problema es que las personas que las terminan comprando no son necesariamente las de menores ingresos, sino las que tienen el músculo para invertir en este tipo de proyectos.
Las matemáticas son sencillas. El valor de una VIS está atado al valor del salario mínimo y hoy se puede comprar por un valor de entre 135 y 150 salarios mínimos. El lío está en que cuando la gente se compromete a comprar una vivienda de estas características lo hace sobre planos y se la entregan en tres o cuatro años.
Es decir que cada año la vivienda sube de precio con el incremento del mínimo y en los últimos tres años, el aumento ha sido de 42%. Una VIS que en 2021 valía 135 millones de pesos, hoy vale 213 millones de pesos, un golpe de 78 millones de pesos más para una persona que probablemente gane uno o dos salarios mínimos al mes.
Como el aumento ha sido tan alto, las finanzas de quienes tienen pocos ingresos se asfixian y muchos deciden desistir de ese sueño. Y ahí es cuando se abre un negocio gris en el que otras personas con esa plata en el bolsillo terminan comprando esos apartamentos a precio de huevo y hasta hacen trucos para pedir subsidios.
Entonces lo que empezó como una política social para que personas pudieran, por fin, acceder a una casa digna, termina siendo un negocio redondo del que tiene la plata en el bolsillo. Mientras tanto, a casi la mitad de la gente en Colombia (40 %, según el Dane) le toca vivir en una casa que nunca será suya.
Ojalá que solucionar este lío de la vivienda sea una prioridad para el próximo Gobierno.
* Directora ejecutiva y cofundadora de Economía para la pipol.
