Para conseguir la paz no es suficiente firmar acuerdos, o ganar la guerra, si lo que sigue es la violación efectiva de los compromisos, o la acción despiadada contra los antiguos enemigos.
A pesar de los reclamos, internos y externos, y de la no participación de personajes tan significativos como los primeros ministros de la India y el Canadá, la cumbre de gobernantes de la Comunidad Británica de Naciones terminó guardando prudente distancia ante las acusaciones al gobierno anfitrión, el de Sri Lanka, por la dramática situación de derechos humanos en el país, en la era post conflicto.
Como en los tiempos en los que la diplomacia se confundía con las buenas maneras, el comunicado final del encuentro no hizo mención explícita de los abusos que se han denunciado por parte de las víctimas, así como de numerosas voces dentro y fuera de la isla legendaria de Ceilán. Así se puede deducir de la elegante y casi desapercibida reiteración del compromiso de los líderes con la promoción de los valores fundamentales de la Comunidad, dentro de los cuales se incluyen, por definición, la democracia y los derechos humanos.
La lucha contra la pobreza y la acción contra el cambio climático completaron la fórmula que hace quedar bien a todos los participantes, tanto en su frente internacional como en el interno. No importa si la reiterada referencia a esos temas va acompañada solamente de buenas intenciones. Porque nada de raro tiene que, ante las proporciones mismas de problemas que afectan al conjunto del planeta, resultado de procesos históricos de larga trayectoria, sea poco lo que se pueda hacer hasta la próxima cita, donde otra vez abundarán los argumentos para insistir en la tarea por desarrollar.
Con el contenido de la declaración el gobierno de Sri Lanka salió del apuro de la cumbre, pero las víctimas del conflicto, y las del post conflicto, se alejaron más de una solución. Sin la presión que alcanzaron a generar con motivo de una reunión de tanta importancia, deberán avanzar en su causa desde la precaria situación de una minoría derrotada en los campos de batalla y, además, en los estrados de unos tribunales que no tienen mayor voluntad en escucharlos.
Acomodado en el poder después de haber liderado la victoria de las fuerzas armadas en la guerra, el presidente Mahinda Rajapaksa, ha sido repetidamente acusado de hacer caso omiso de serias violaciones de los derechos humanos, no solo con motivo del conflicto sino después del cese de hostilidades, cuando los derechos de los vencidos, y del pueblo Tamil, han sido reiteradamente vulnerados.
Rajapaksa se excusa con al argumento de que un conflicto de treinta años de duración trae consecuencias que no se pueden paliar en corto tiempo. Y ello puede ser comprensible. Pero su talante parece manifestarse de manera nítida con su decisión de no permitir que, con motivo de la reunión de jefes de gobierno, acompañados del Heredero de la Corona británica en representación de la Reina, se realizara cualquier tipo de manifestación. Y más aún, con la orden de no permitir que miembros de la comunidad Tamil, derrotados en la guerra que terminó en 2009, accedieran siquiera a la ciudad de Colombo, que debería ser la capital de todos los srilankeses.
Claro que curar las heridas de tres décadas cuesta tiempo y exige grandes esfuerzos. Siendo el más grande de ellos el de tratar de curar los males del alma que afectan la intimidad de toda sociedad. Pero eso parece ser exactamente lo que no se está intentando en el caso de la antigua Ceilán. Porque de nada sirve haber ganado la guerra si no se tiene una auténtica voluntad de reconciliación. Algo que vale para las dos partes. Porque los crímenes que se cometieron en la etapa final del conflicto, con cuarenta mil víctimas civiles atrapadas en el corredor que separaba a los contrincantes, no es algo de lo que se pueda culpar solamente a uno de los dos.
De nada servirá que los voceros del gobierno de Sri Lanka acusen a los británicos de haber echado para atrás los principios del liberalismo y de ejercer una especie de nueva actitud colonial, al insinuarle un país independiente qué es lo que tiene que hacer. Pero de nada servirá tampoco la actitud reiterada de limitar el arreglo de cuentas propio de todo post conflicto, que se debe realizar en términos de balance entre la flexibilidad y la justicia. Por eso tal vez la mejor propuesta del día sea la del secretario británico del exterior, que sugiere la realización de una investigación internacional, imparcial, que recomiende lo que haya que hacer con Rajapaksa y su clan.
Para conseguir la paz no es suficiente firmar acuerdos, o ganar la guerra, si lo que sigue es la violación efectiva de los compromisos, o la acción despiadada contra los antiguos enemigos.
A pesar de los reclamos, internos y externos, y de la no participación de personajes tan significativos como los primeros ministros de la India y el Canadá, la cumbre de gobernantes de la Comunidad Británica de Naciones terminó guardando prudente distancia ante las acusaciones al gobierno anfitrión, el de Sri Lanka, por la dramática situación de derechos humanos en el país, en la era post conflicto.
Como en los tiempos en los que la diplomacia se confundía con las buenas maneras, el comunicado final del encuentro no hizo mención explícita de los abusos que se han denunciado por parte de las víctimas, así como de numerosas voces dentro y fuera de la isla legendaria de Ceilán. Así se puede deducir de la elegante y casi desapercibida reiteración del compromiso de los líderes con la promoción de los valores fundamentales de la Comunidad, dentro de los cuales se incluyen, por definición, la democracia y los derechos humanos.
La lucha contra la pobreza y la acción contra el cambio climático completaron la fórmula que hace quedar bien a todos los participantes, tanto en su frente internacional como en el interno. No importa si la reiterada referencia a esos temas va acompañada solamente de buenas intenciones. Porque nada de raro tiene que, ante las proporciones mismas de problemas que afectan al conjunto del planeta, resultado de procesos históricos de larga trayectoria, sea poco lo que se pueda hacer hasta la próxima cita, donde otra vez abundarán los argumentos para insistir en la tarea por desarrollar.
Con el contenido de la declaración el gobierno de Sri Lanka salió del apuro de la cumbre, pero las víctimas del conflicto, y las del post conflicto, se alejaron más de una solución. Sin la presión que alcanzaron a generar con motivo de una reunión de tanta importancia, deberán avanzar en su causa desde la precaria situación de una minoría derrotada en los campos de batalla y, además, en los estrados de unos tribunales que no tienen mayor voluntad en escucharlos.
Acomodado en el poder después de haber liderado la victoria de las fuerzas armadas en la guerra, el presidente Mahinda Rajapaksa, ha sido repetidamente acusado de hacer caso omiso de serias violaciones de los derechos humanos, no solo con motivo del conflicto sino después del cese de hostilidades, cuando los derechos de los vencidos, y del pueblo Tamil, han sido reiteradamente vulnerados.
Rajapaksa se excusa con al argumento de que un conflicto de treinta años de duración trae consecuencias que no se pueden paliar en corto tiempo. Y ello puede ser comprensible. Pero su talante parece manifestarse de manera nítida con su decisión de no permitir que, con motivo de la reunión de jefes de gobierno, acompañados del Heredero de la Corona británica en representación de la Reina, se realizara cualquier tipo de manifestación. Y más aún, con la orden de no permitir que miembros de la comunidad Tamil, derrotados en la guerra que terminó en 2009, accedieran siquiera a la ciudad de Colombo, que debería ser la capital de todos los srilankeses.
Claro que curar las heridas de tres décadas cuesta tiempo y exige grandes esfuerzos. Siendo el más grande de ellos el de tratar de curar los males del alma que afectan la intimidad de toda sociedad. Pero eso parece ser exactamente lo que no se está intentando en el caso de la antigua Ceilán. Porque de nada sirve haber ganado la guerra si no se tiene una auténtica voluntad de reconciliación. Algo que vale para las dos partes. Porque los crímenes que se cometieron en la etapa final del conflicto, con cuarenta mil víctimas civiles atrapadas en el corredor que separaba a los contrincantes, no es algo de lo que se pueda culpar solamente a uno de los dos.
De nada servirá que los voceros del gobierno de Sri Lanka acusen a los británicos de haber echado para atrás los principios del liberalismo y de ejercer una especie de nueva actitud colonial, al insinuarle un país independiente qué es lo que tiene que hacer. Pero de nada servirá tampoco la actitud reiterada de limitar el arreglo de cuentas propio de todo post conflicto, que se debe realizar en términos de balance entre la flexibilidad y la justicia. Por eso tal vez la mejor propuesta del día sea la del secretario británico del exterior, que sugiere la realización de una investigación internacional, imparcial, que recomiende lo que haya que hacer con Rajapaksa y su clan.