La idea primitiva del autoritarismo, que alcanzó su máxima expresión con “el Estado soy yo”, no ha desaparecido de la faz de la tierra. Así lo ponen en evidencia diferentes manifestaciones contemporáneas. Frente a ellas es preciso reivindicar la vigencia de una institucionalidad democrática con fundamento en instituciones de diseño impecable y decidido compromiso ciudadano para defenderlas.
Quienes llegaron al poder por las vías de hecho, o por cualquiera de los atajos que esquivan el camino de la voluntad popular libremente expresada, lo ejercerán tanto como les alcance su capacidad de maniobra para acaparar espacios en diferentes dominios. Casi siempre les interesa el control de la fuerza, y el de la gente por la fuerza. De ahí en adelante, como cocheros antiguos, llevan las riendas de cuantos caballos puedan. Son los dictadores.
Otros, llegados al poder por la vía electoral, se manifiestan de pronto como disidentes más o menos explícitos de la ortodoxia democrática y encuentran la forma de controlar, según sus aficiones, diferentes ramificaciones del poder. Entonces, con o sin sutileza, depredan espacios de funcionarios nominalmente investidos de atribuciones establecidas con precisión dentro de la organización del estado, y afectan su armonía en ejercicio de un autoritarismo con amortiguadores.
El más tradicional de los campos en los cuales los gobernantes se entrometen en asuntos que no les corresponden directamente dentro de un estado debidamente organizado y con distribución ordenada del trabajo, es el de las relaciones internacionales. Cancilleres legendarios pasan de pronto a segundo plano ante el empuje de su jefe, quien no ahorra esfuerzos para demostrar que lleva a su conveniencia la vocería de su país, y no se refrena en el afán de hacer saber quién, y de qué manera, define, promueve y defiende sus intereses.
Otros creen tener dotes de estrategas militares y buscan ejercer a fondo su condición nominal de comandantes supremos de sus ejércitos. Entonces madrugan a repartir órdenes y se saltan conductos regulares para orientar acciones que normalmente se tramitan conforme a una liturgia cuyo manejo debe corresponder a profesionales. Así sucede, con diversa fortuna, en guerras internas y exteriores. Y no faltan los que visten uniforme para ostentar su soñado carácter de jefes “con mando de tropas”.
Como en tiempos muy antiguos, algunos se afanan por aparecer como supremos bondadosos y se ocupan de atender al menudeo necesidades y angustias de la gente. Para ello no vacilan en montar en la jefatura del gobierno oficinas que en realidad duplican o triplican tareas que corresponden a los ministerios, y en ocasiones recorren las provincias repartiendo favores, con lo cual demeritan de paso, así sea con la mejor intención, los fueros de los gobiernos regionales y locales.
Bajo una u otra modalidad, la afección del “hipergobierno” puede llegar a adquirir características de epidemia. Usanzas de un lugar pueden germinar en otros escenarios. Ante la evidencia del contagio es importante identificar no solamente sus manifestaciones explícitas, sino las justificaciones o los pretextos que las sustentan y pueden conducir a su consolidación, cuando se convierten en “moneda corriente” dentro de los sentimientos populares, que es la fórmula perniciosa de su perdurabilidad. Amenaza contra la cual es preciso luchar en el terreno mismo de las ideologías populares para contrarrestar la depredación que las justificaciones autoritarias, de una u otra intensidad, pueden llegar a producir contra la democracia.
No se puede desconocer que la presencia de fuerzas y problemas externos y amenazas comunes, como la reciente pandemia, contribuyen a la aparición o exacerbación de tendencias autoritarias. Como se pudo ver, los gobernantes de diferentes países, de distinta manera y bajo distintos sistemas, se vieron puestos a prueba en un ejercicio del poder con la obligación de no traspasar las fronteras de sus atribuciones. Ahora ha llegado el momento de la reflexión y el amigable llamado a cuentas sobre la forma en la que ejercieron sus atribuciones y cumplieron con sus responsabilidades.
El caso de Australia, de condiciones democráticas consolidadas, debe servir de ejemplo no solamente en cuanto a la presencia del autoritarismo disfrazado, sino en el llamado a cuentas al primer ministro de la época, que con el argumento de la obligación de contener la pandemia se reservó secretamente, en la práctica, el ejercicio de varios ministerios, para ampliar los espacios de su poder, sin que la gente estuviese enterada. Mal que resultaría de pronto menor bajo el clima dominante en democracias desteñidas o de atmósfera contaminada, pero motivo de juicio y sanción políticos en un país de alto compromiso democrático.
Con mayor menor intensidad, con mayor o menor éxito, y con mayor o menor aceptación, el fantasma del acaparamiento de poder asecha siempre en cualquier recodo de los palacios de los gobernantes. Su presencia es fundamento de la práctica del centralismo. Obstáculo mayor a la sana distribución funcional y territorial del poder. Negación de la idea del trabajo en equipo. Cualquiera que sea la dosis, manifestación de la autocracia y factor de depredación de la democracia.
Es innegable que la pandemia puso a prueba a todos los esquemas y los sistemas de gobierno del mundo. A todos los gobernantes les surgió súbitamente una obligación con la que no contaban: la de defender a su sociedad de los estragos de un enemigo invisible y a la vez universal, que no respetaba fronteras de ninguna índole. De un enemigo contra el cual no existían armas que se pudieran oponer, de manera que se hacía necesario apelar a la más antigua de las defensas ante agresiones de esa índole, como la de esconder a la población para protegerla.
Ese ejercicio del poder, extraordinariamente complejo bajo circunstancias excepcionales, no puede encubrir falencias en el cumplimiento de responsabilidades ni evitar una reflexión respetuosa y constructiva sobre la forma como se enfrentó el problema. La tarea de revisión se debe llevar a cabo con el ánimo de fortalecer las instituciones y mantenerlas alejadas de la tentación, siempre presente, de querer gobernar demasiado.
La idea primitiva del autoritarismo, que alcanzó su máxima expresión con “el Estado soy yo”, no ha desaparecido de la faz de la tierra. Así lo ponen en evidencia diferentes manifestaciones contemporáneas. Frente a ellas es preciso reivindicar la vigencia de una institucionalidad democrática con fundamento en instituciones de diseño impecable y decidido compromiso ciudadano para defenderlas.
Quienes llegaron al poder por las vías de hecho, o por cualquiera de los atajos que esquivan el camino de la voluntad popular libremente expresada, lo ejercerán tanto como les alcance su capacidad de maniobra para acaparar espacios en diferentes dominios. Casi siempre les interesa el control de la fuerza, y el de la gente por la fuerza. De ahí en adelante, como cocheros antiguos, llevan las riendas de cuantos caballos puedan. Son los dictadores.
Otros, llegados al poder por la vía electoral, se manifiestan de pronto como disidentes más o menos explícitos de la ortodoxia democrática y encuentran la forma de controlar, según sus aficiones, diferentes ramificaciones del poder. Entonces, con o sin sutileza, depredan espacios de funcionarios nominalmente investidos de atribuciones establecidas con precisión dentro de la organización del estado, y afectan su armonía en ejercicio de un autoritarismo con amortiguadores.
El más tradicional de los campos en los cuales los gobernantes se entrometen en asuntos que no les corresponden directamente dentro de un estado debidamente organizado y con distribución ordenada del trabajo, es el de las relaciones internacionales. Cancilleres legendarios pasan de pronto a segundo plano ante el empuje de su jefe, quien no ahorra esfuerzos para demostrar que lleva a su conveniencia la vocería de su país, y no se refrena en el afán de hacer saber quién, y de qué manera, define, promueve y defiende sus intereses.
Otros creen tener dotes de estrategas militares y buscan ejercer a fondo su condición nominal de comandantes supremos de sus ejércitos. Entonces madrugan a repartir órdenes y se saltan conductos regulares para orientar acciones que normalmente se tramitan conforme a una liturgia cuyo manejo debe corresponder a profesionales. Así sucede, con diversa fortuna, en guerras internas y exteriores. Y no faltan los que visten uniforme para ostentar su soñado carácter de jefes “con mando de tropas”.
Como en tiempos muy antiguos, algunos se afanan por aparecer como supremos bondadosos y se ocupan de atender al menudeo necesidades y angustias de la gente. Para ello no vacilan en montar en la jefatura del gobierno oficinas que en realidad duplican o triplican tareas que corresponden a los ministerios, y en ocasiones recorren las provincias repartiendo favores, con lo cual demeritan de paso, así sea con la mejor intención, los fueros de los gobiernos regionales y locales.
Bajo una u otra modalidad, la afección del “hipergobierno” puede llegar a adquirir características de epidemia. Usanzas de un lugar pueden germinar en otros escenarios. Ante la evidencia del contagio es importante identificar no solamente sus manifestaciones explícitas, sino las justificaciones o los pretextos que las sustentan y pueden conducir a su consolidación, cuando se convierten en “moneda corriente” dentro de los sentimientos populares, que es la fórmula perniciosa de su perdurabilidad. Amenaza contra la cual es preciso luchar en el terreno mismo de las ideologías populares para contrarrestar la depredación que las justificaciones autoritarias, de una u otra intensidad, pueden llegar a producir contra la democracia.
No se puede desconocer que la presencia de fuerzas y problemas externos y amenazas comunes, como la reciente pandemia, contribuyen a la aparición o exacerbación de tendencias autoritarias. Como se pudo ver, los gobernantes de diferentes países, de distinta manera y bajo distintos sistemas, se vieron puestos a prueba en un ejercicio del poder con la obligación de no traspasar las fronteras de sus atribuciones. Ahora ha llegado el momento de la reflexión y el amigable llamado a cuentas sobre la forma en la que ejercieron sus atribuciones y cumplieron con sus responsabilidades.
El caso de Australia, de condiciones democráticas consolidadas, debe servir de ejemplo no solamente en cuanto a la presencia del autoritarismo disfrazado, sino en el llamado a cuentas al primer ministro de la época, que con el argumento de la obligación de contener la pandemia se reservó secretamente, en la práctica, el ejercicio de varios ministerios, para ampliar los espacios de su poder, sin que la gente estuviese enterada. Mal que resultaría de pronto menor bajo el clima dominante en democracias desteñidas o de atmósfera contaminada, pero motivo de juicio y sanción políticos en un país de alto compromiso democrático.
Con mayor menor intensidad, con mayor o menor éxito, y con mayor o menor aceptación, el fantasma del acaparamiento de poder asecha siempre en cualquier recodo de los palacios de los gobernantes. Su presencia es fundamento de la práctica del centralismo. Obstáculo mayor a la sana distribución funcional y territorial del poder. Negación de la idea del trabajo en equipo. Cualquiera que sea la dosis, manifestación de la autocracia y factor de depredación de la democracia.
Es innegable que la pandemia puso a prueba a todos los esquemas y los sistemas de gobierno del mundo. A todos los gobernantes les surgió súbitamente una obligación con la que no contaban: la de defender a su sociedad de los estragos de un enemigo invisible y a la vez universal, que no respetaba fronteras de ninguna índole. De un enemigo contra el cual no existían armas que se pudieran oponer, de manera que se hacía necesario apelar a la más antigua de las defensas ante agresiones de esa índole, como la de esconder a la población para protegerla.
Ese ejercicio del poder, extraordinariamente complejo bajo circunstancias excepcionales, no puede encubrir falencias en el cumplimiento de responsabilidades ni evitar una reflexión respetuosa y constructiva sobre la forma como se enfrentó el problema. La tarea de revisión se debe llevar a cabo con el ánimo de fortalecer las instituciones y mantenerlas alejadas de la tentación, siempre presente, de querer gobernar demasiado.