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A pocos días de la elección presidencial en Francia la oposición ha subido a la tarima de los debates la creciente tendencia del gobierno a contratar empresas privadas, en ocasiones multinacionales con presencia en numerosos países, para que hagan recomendaciones sobre la forma de manejar problemas que, en principio, les corresponde solucionar a los funcionarios del Estado, por mandato de la ley, y del pueblo.
Ya se sabe que cualquier gobernante, al final de su turno, más aún si aspira a la reelección, debe estar preparado para que todos lados salgan voces que resalten sus yerros. Motivo por el cual quien sale nuevamente elegido habrá pasado un examen más riguroso que el de cualquiera de sus contrincantes. Lo anterior, claro está, si las explicaciones dadas ante la crítica han sido suficientes.
El informe de una comisión especial del Senado francés que estudió el tema considera que se llegó a configurar un fenómeno de “dependencia” del gobierno respecto de una firma consultora estadounidense, a la que se le pidió recomendar políticas sobre el futuro de la profesión del magisterio o del manejo de la crisis sanitaria suscitada por la pandemia, entre otros, al punto que se estaría frente a un “fenómeno tentacular” en favor de una empresa sobre cuyo comportamiento tributario, de otra parte, algunos plantean dudas.
Las cifras muestran las proporciones del crecimiento de los gastos en consultoría, que entre 2118 y 2021 pasaron de 379 a 893 millones de euros, provenientes de fondos públicos que fueron a dar a empresas que realizaron tareas en principio atribuidas al Estado. Tema que algunos consideran representa una sustitución de lo publico en un país de fuerte tradición de atribuciones estatales.
Aunque el gobierno haya respondido que los consejeros contratados se ocuparon de pocas cosas, que sus recomendaciones resultaron útiles porque la escogencia fue muy selectiva, y que “ninguna consultora ha tomado decisiones de reforma, pues estas corresponden siempre al Estado”, el incidente ha sido aprovechado por los candidatos de la oposición y difundido por la prensa vigilante de la campaña, que hace eco del “clima de desconfianza” que, para la comisión senatorial, representa el fenómeno.
A pesar de que exista una cierta cercanía del presidente Macron con una de las consultoras, varios de cuyos asesores, presentes o pasados, participaron en su campaña de hace cinco años, o han ocupado cargos en su gobierno, resulta improbable que esta discusión afecte los resultados de las elecciones. Allí no se han cometido delitos, sino que se trata de posiciones esencialmente políticas, fundamentadas en apreciaciones diferentes sobre el papel del Estado y su proximidad o lejanía con el sector privado y los diferentes métodos de análisis de asuntos públicos.
Lo anterior no obsta para que el debate vaya más allá de las elecciones, ante el señalamiento de la comisión del Senado, en el sentido de que “el uso de consultores se ha convertido en algo natural, y pone a empresas privadas en el epicentro de la formulación de políticas públicas”.
Los enemigos a ultranza de cualquier intromisión del sector privado en los asuntos estatales difícilmente aceptarán que la modalidad de apelar a consultorías privadas puede ser útil, siempre y cuando los parámetros de su acción no interfieran con las obligaciones de decisión de los responsables de manejo de asuntos estatales. Los moderados reclamarán que alguien vigile el crecimiento del fenómeno, para que no represente amenaza de sustitución del ejercicio del poder del Estado. Los fanáticos de la privatización reclamarán otra vez un Estado mínimo.
Hilando fino, en gracia de discusión, se podría decir que la contratación de empresas privadas para la formulación de políticas públicas podría llegar en un momento determinado a ir en contravía de la democracia. El recurso cada vez más frecuente a consejerías privadas, para que provean fundamentos de decisiones o esquemas de políticas públicas, no dejará de suscitar numerosas cuestiones sobre la organización estatal, la idoneidad de los funcionarios, la medida de la contribución privada al bien común y la posible burla a los ingredientes democráticos de planeación de la acción estatal o de los procesos de desarrollo.
La aproximación entre lo público y lo privado parece ser, en el contexto del mundo capitalista, una realidad creciente. El diálogo entre los dos sectores, con miradas diferentes, se ha considerado en ocasiones indispensable y útil para la pertinencia de ciertas decisiones de interés público. El trámite de ese encuentro no tiene por qué ser ajeno a propósitos comunes como el mejor aprovechamiento de recursos combinados de toda una nación, sólo que se debe hacer con criterio democrático, esto es con absoluto respeto por los derechos ciudadanos y la ampliación de las oportunidades de progreso social.
Aferrarse a una sola de esas dos lógicas de manera radical contradice la utilidad de consideraciones provenientes de uno y otro sector. La experiencia del Siglo XX demostró hasta la saciedad la ineptitud de la burocracia estatal para mover por su cuenta a países enteros, que quedaron en manos de oficinistas alejados de realidades que manejaban con prepotencia como cuestiones de escritorio, o se echaban al hombro problemas complejos que escapaban a su capacidad de manejo. Aunque, claro está, también se demostró de manera contundente la inconveniencia de tener en cuenta solamente los intereses privados, con sus consecuencias frecuentemente devastadoras desde el punto de vista de la conveniencia pública o la equidad social.
El asunto se traslada entonces a los claroscuros de la falta de criterio, cuando no de la proclividad a la corrupción o a las deformaciones del Estado de Derecho, que pueden encontrar terreno abonado en el manejo inadecuado de las relaciones público-privadas. Es allí donde de pronto pueden aparecer fisuras que burlen mandatos democráticos o al menos la vigilancia política que corresponde a la oposición, los partidos y la ciudadanía organizada. Todo esto porque la apelación a agentes privados para que participen en los procesos de planeación y formulación de políticas públicas se puede convertir en ruta adicional de las que conducen a la privatización, en mayor o menor dosis, de los asuntos públicos, a espaldas de la ciudadanía, y de sus representantes.
En el contexto específico de cada país en donde concurran Estado de Derecho y un sector privado comprometido con el desarrollo, se debe dar una discusión abierta sobre esta materia. Dicha discusión debe reconocer la importancia del diálogo y la cooperación entre funcionarios y consejeros privados, y establecer los límites necesarios para que por esa vía no se demerite la lógica del interés público, no terminen recortados los fueros del Estado y no se contradigan los mandatos derivados de la voluntad popular expresada en las urnas.
