La devaluación de Downing Street

Ese mundo británico, que a la cabeza de una “comunidad de naciones” pretende ser después del brexit un bloque aparte en la dinámica internacional del Siglo XXI presenta una vez más ante nuestros ojos uno de sus típicos dramas políticos, que denotan sus virtudes y defectos.

Protagonista vuelve a ser un primer ministro excéntrico, autor de una que otra genialidad, que no se sabe si está tocando al oído, como en ejercicio de un instinto privilegiado, o si sus actos obedecen a un designio encriptado que solamente él conoce y puede dosificar. El problema ahora es que ese primer ministro habría cohonestado, y participado, en fiestas cargadas de alcohol, celebradas en la propia casa del gobierno, 10 Downing Street, en plena pandemia, cuando a los británicos se les había prohibido realizar reuniones en recintos privados para prevenir el contagio.

Pocas cosas tan indignantes para el ánimo de los ciudadanos, y tan depredadora del respeto debido a los gobiernos, que el enterarse de que, en los altos círculos, y en los recintos donde se deben toman decisiones y solucionar problemas, se lleva una “vida sabrosa”, en lugar de obrar con dedicación, sobriedad, responsabilidad y mesura, pero sobre todo con respeto por las reglas que los gobernantes deben ser los primeros en cumplir.

La calificación y el ejercicio de la “disciplina” hacia el jefe del gobierno resultan a la vez complicadas y expeditas en la Gran Bretaña, ante la inexistencia de una constitución escrita codificada, sino contenida en diversas leyes, sentencias judiciales y tratados, con el denominador común de la primacía del parlamento, que establece el marco de la vida del estado, con respeto por las prerrogativas de la Corona. Entramado complejo, pero al tiempo democrático, adaptable y funcional. A lo cual se agregan tradiciones, partidos fuertes, debate permanente, y opinión y ciudadanía militantes desde hace siglos en la causa de controlar los excesos de la clase política.

Muy a la británica, un “Código Ministerial”, expedido o modificado por el primer ministro, establece reglas a la cuáles se deben someter los miembros del gabinete, a quienes se exige obrar conforme a principios de la vida pública, por fuera del interés personal, con integridad, objetividad, responsabilidad, espíritu abierto, liderazgo y honestidad. De lo cual se deriva que quien las expidió, o haya manifestado su conformidad al no reformarlas, ha de ser el primero que debe cumplirlas, para tener la autoridad de exigir que otros las cumplan.

Ante las imágenes del primer ministro sosteniendo una bebida, junto a una mesa atestada de envases de bebidas alcohólicas, las descripciones de lo ocurrido en jolgorios indebidos, los textos de mensajes cruzados y las pruebas de hechos irrefutables de desafuero, el sistema institucional, sin entrar en judicializaciones dispendiosas, puso en marcha mecanismos expeditos para investigar y aclarar las cosas. Por eso la policía pudo averiguar todo lo sucedido al interior de la casa del gobierno del país, incluyendo la conducta de los más encumbrados funcionarios, y multó a unos cuántos, entre ellos el primer ministro. Aparte de lo anterior, sin prosopopeya, discursos altisonantes ni “temores por la estabilidad del establecimiento”, Sue Gray, una respetada funcionara, adelantó una investigación contra sus propios jefes, y produjo un informe que coincide con el de la policía y tiene estremecido al país. Pruebas contundentes, y cuestionamientos severos sobre la forma en la que se actuó, aunque hayan quedado cosas por aclarar. Nadie es perfecto.

En todo caso, la imposición de una multa al jefe del gobierno en ejercicio y a 82 personas adicionales, y el cuestionamiento expreso de sus actuaciones, con la sugerencia de que se engañó al parlamento, constituyen un éxito de la institucionalidad y de la disciplina social, y plantean cuestiones trascendentales respecto de la permanencia del primer ministro en el poder y de la respetabilidad y autoridad de su gobierno. Su primera reacción, de folclor tropical, en el sentido de pedir excusas con aire compungido y al tiempo anunciar que no renunciará, pone al Reino Unido, ante propios y extraños, en una situación particularmente complicada frente a estándares del comportamiento de los gobernantes que, cuando son vulnerados, traen consecuencias de todo tipo y en todas las instancias de la vida de un país.

El instinto primitivo de aferrarse al poder trae, de momento, consecuencias satisfactorias para quien consiga quedarse por un tiempo con las riendas de un país en las manos. Pero al tiempo, y hacia adelante, trae también consecuencias gravísimas para el resto de la sociedad. Se rebajan los estándares de la vida pública y también los de la vida privada. Se desata una costumbre de quedarse ahí, con argumentos baladíes, que nunca faltan. Se siembra la semilla del árbol de las excepciones, que conduce a que la gente pida siempre tratamiento especial, por fuera de las reglas, sin caer en cuenta que en realidad está pasando por encima de ellas. Con lo cual el Estado de Derecho, en uno de sus elementos esenciales, se degrada no solo en los despachos públicos sino en todas las demás instancias en las que debe tener vigencia.

A ningún país le conviene que su gobernante despliegue la majestad del poder obtenido democráticamente, pero con la mancha de haber mentido, o cometido la falta que sea, ostensible y comprobada. Aunque es explicable que un coro de parte de sus seguidores entone cánticos en favor de su permanencia, parecidos a los que en épocas antiguas afinaban los súbditos condenados a ser enterrados con el jefe, cuando fallecía, para acompañarlo en el viaje por la eternidad.

El vigor de la legendaria democracia británica, que se centra en el ejercicio de la tarea parlamentaria, con gobierno y oposición y debate permanente, y representatividad de los rincones más apartados de los componentes del Reino Unido, está a prueba. También el valor de las buenas costumbres en materia política, el significado del buen ejemplo como elemento esencial del arte de gobernar, y el contenido verdadero del concepto de la responsabilidad política, que cuando se asume apenas “de palabra” no sirve en realidad para nada, porque no tiene ninguna consecuencia.

Los debates y declaraciones que se avecinan mal pueden ser eclipsadas por la figuración internacional de primer orden y el liderazgo del gobierno británico en el trámite de la crisis derivada del ataque ruso a Ucrania. Probablemente vendrá una investigación del parlamento, para establecer si el ahora más prominente de sus miembros, lo engañó. Si 54 parlamentarios conservadores manifestaran su falta de confianza en Boris Johnson como primer ministro, se desataría la elección de nuevo líder. Mientras se desenvuelve ese nuevo espectáculo de la vida británica, sobre la muy respetable tradición de una de las democracias más consolidadas del mundo, ante propios y extraños flota el fantasma de una devaluación del peso específico de su casa de gobierno.