Dos jóvenes tailandesas abandonaron en marzo una huelga de hambre de casi dos meses, para recuperar fuerzas y continuar su acción política en favor de la tendencia reciente de exigir reformas que cambien paradigmas hasta ahora inamovibles de las instituciones de su país. Orawan Phuphong y Tantawan Tuatulanon fueron encarceladas en virtud de la vigencia actual de una de esos paradigmas, como lo es el delito de lesa majestad, que permite imponer penas de 3 a 15 años de prisión a quien difame, insulte o amenace al rey o a la familia real. Su acto punible fue el de realizar en un centro comercial una encuesta sobre la forma como el paso de la comitiva real afecta el tráfico urbano, y sumarse así al movimiento de jóvenes que en los últimos años exigen reformas de avance democrático que incluyen a la casa real.
Cientos de personas han ido a parar a la cárcel, en Tailandia, en razón del tipo más arcaico de delito político, que existía ya en el imperio chino, y en el romano, como medida de prevención ante los embates de palabra, o por cualquier otro medio de valor simbólico, contra el emperador, y en otras partes, aún ahora, contra el estado.
La exigencia de transformaciones políticas, exigidas principalmente por los jóvenes tailandeses, con movilizaciones prácticamente ininterrumpidas desde 2020, busca el propósito elemental de hacer compatible la subsistencia de la monarquía con una democracia abierta. De manera que, si no se puede salir de una vez de la institución monárquica, su papel sea de verdad simbólico, mientras que las disputas por el poder político queden en manos de la ciudadanía, dentro de un estado de derecho, esto es sin la asignación de “funciones especiales” a instancias como la del poder militar.
Es cierto que, al menos en el discurso, Tailandia no ha sido totalmente ajena a ese requerimiento. Los poderes de la monarquía absoluta fueron recortados desde 1932, cuando se adoptó la fórmula de una monarquía constitucional, vigente durante la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la postguerra, casi siempre bajo el dominio de gobiernos militares que permitieron de vez en cuando paréntesis democráticos, interrumpidos por golpes de estado que han tenido como denominador común el sostén de los grandes poderes económicos y el apoyo a la Casa Real, que se limitaría a dejarse cortejar.
Los estudiantes han jugado un papel importante en el reclamo, creciente, por la profundización de la democracia. Para esos efectos han conseguido el apoyo esporádico de sectores sociales interesados puntualmente en la salida de coyunturas políticas, principalmente relacionadas con el cambio de uno u otro gobierno. Todo esto mientras los poderes tradicionales lograron establecer un esquema de “democracia orientada por los militares”, al tiempo original y primitivo, que se ha convertido, de pronto más aún que la monarquía, en obstáculo para la verdadera democratización del país.
El asunto de la reforma de la realeza, y en particular de la ley que la protege de manera radical, no solo en cuanto a su existencia sino al culto que impide cualquier crítica en su contra, ha flotado siempre en el ambiente con mayor o menor intensidad. Tendencia que en los últimos años ha tomado fuerza, pero no había logrado obtener avances políticos sobresalientes en la configuración del parlamento; parámetro fundamental a la hora de votar por medidas de transformación institucional que deberían tener un espectro aún más amplio, orientado a desmontar los privilegios de un estamento militar acostumbrado a participar activamente en el gobierno, más allá de los deberes que le corresponderían en un estado democrático, al punto que bajo la constitución vigente, de 2017, ostenta por derecho propio la mayoría en el Senado, cámara alta del legislativo.
Este es el escenario en el que, a raíz de recientes comicios, aparece la figura de Pita Limjaroenrat, de 42 años y educado en Harvard, a la cabeza de un partido que, bajo el nombre de “Avanzar”, busca acabar con el inmovilismo institucional que ha estancado el progreso democrático de un país que, por otra parte, ocupa lugar significativo desde el punto de vista económico en el contexto asiático. Su victoria incontenible en las elecciones recientemente celebradas, con inesperada representación en el parlamento, no significó simplemente un revés para los militares, como tradicionales dueños del poder, sino que abre la puerta para la realización de reformas profundas para los estándares tailandeses, dentro de las cuales figura la de la monarquía, hasta ahora intocable.
“Entre todos vamos a construir lo más rápidamente posible la Tailandia que soñamos”, ha dicho Pita. Propuesta cautivadora como lema de cualquier campaña política, que después de ganar las elecciones obliga a la tarea de darle contenido mediante una cuidadosa elaboración que, cuando se trate de cambios de verdad, debe superar obstáculos de diferente índole, y sobre todo la oposición del establecimiento confortablemente instalado en el poder.
Las principales ideas del cambio propuesto por Pita consisten en la desmilitarización del país, la abolición del servicio militar, la despenalización del aborto, y una apertura hacia los derechos de las personas LGBTQI+. Ideas y propuestas que, además de la reforma al status de la monarquía, sonarían elementales en una sociedad occidental contemporánea, pero que en el medio tailandés implicarían un remezón significativo.
El alcance efectivo de la victoria electoral de “Avanzar” está todavía por verse, comenzando porque los resultados oficiales de los comicios se darán solamente dentro de algunas semanas, tiempo durante el cual podrían aparecer reparos verdaderos o construidos por quienes ahora detentan el poder y no están dispuestos a cederlo. Por otra parte, a pesar de que los posibles 160 escaños parlamentarios que obtendría el partido cierran la opción de un gobierno, así fuese minoritario, favorable a los intereses de los militares, queda lejos de la mayoría necesaria para aprobar las transformaciones propuestas. Razón por la cual será necesario entrar en alianzas, posibles el papel, con partidos más o menos afines, que cobrarán su precio por el apoyo ofrecido.
El elemento más dramático, omnipresente y peligroso, propio de la tradición tailandesa, depende no obstante de un elemento pragmático, elemental, un poco grotesco, pero realista, que es el de la reacción final de los militares, que tienen en sus manos una gama amplia de opciones de entorpecer un proceso que representa el desmonte de muchos de sus privilegios. Al punto que, más allá de reclamaciones jurídicas sobre detalles de las elecciones, o de la persona del líder del partido ganador, como que ha sido accionista de empresas de comunicación, pueden acusarle de incurrir en delito de lesa majestad precisamente por proponer de manera abierta cambios en el status de la monarquía.
De cualquier manera, aún los militares interesados en mantener su status y sus privilegios deben saber que, no solo su status, sino el mito de la condición semidivina del rey, han sido cuestionados por los millones de votantes que apoyaron a “Avanzar”, a sabiendas de sus postulados de desmilitarización y cambio del concepto de delito de lesa majestad. De manera que continúe la marcha iniciada en 1932, cuando se desmontaron los poderes absolutos del entonces Rey de Siam.
A propósito del proceso de Tailandia, bien vale la pena recordar la admonición de Ulpiano, en el sentido de que el verdadero delito de lesa majestad es el desconocimiento de la voluntad ciudadana.
Dos jóvenes tailandesas abandonaron en marzo una huelga de hambre de casi dos meses, para recuperar fuerzas y continuar su acción política en favor de la tendencia reciente de exigir reformas que cambien paradigmas hasta ahora inamovibles de las instituciones de su país. Orawan Phuphong y Tantawan Tuatulanon fueron encarceladas en virtud de la vigencia actual de una de esos paradigmas, como lo es el delito de lesa majestad, que permite imponer penas de 3 a 15 años de prisión a quien difame, insulte o amenace al rey o a la familia real. Su acto punible fue el de realizar en un centro comercial una encuesta sobre la forma como el paso de la comitiva real afecta el tráfico urbano, y sumarse así al movimiento de jóvenes que en los últimos años exigen reformas de avance democrático que incluyen a la casa real.
Cientos de personas han ido a parar a la cárcel, en Tailandia, en razón del tipo más arcaico de delito político, que existía ya en el imperio chino, y en el romano, como medida de prevención ante los embates de palabra, o por cualquier otro medio de valor simbólico, contra el emperador, y en otras partes, aún ahora, contra el estado.
La exigencia de transformaciones políticas, exigidas principalmente por los jóvenes tailandeses, con movilizaciones prácticamente ininterrumpidas desde 2020, busca el propósito elemental de hacer compatible la subsistencia de la monarquía con una democracia abierta. De manera que, si no se puede salir de una vez de la institución monárquica, su papel sea de verdad simbólico, mientras que las disputas por el poder político queden en manos de la ciudadanía, dentro de un estado de derecho, esto es sin la asignación de “funciones especiales” a instancias como la del poder militar.
Es cierto que, al menos en el discurso, Tailandia no ha sido totalmente ajena a ese requerimiento. Los poderes de la monarquía absoluta fueron recortados desde 1932, cuando se adoptó la fórmula de una monarquía constitucional, vigente durante la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la postguerra, casi siempre bajo el dominio de gobiernos militares que permitieron de vez en cuando paréntesis democráticos, interrumpidos por golpes de estado que han tenido como denominador común el sostén de los grandes poderes económicos y el apoyo a la Casa Real, que se limitaría a dejarse cortejar.
Los estudiantes han jugado un papel importante en el reclamo, creciente, por la profundización de la democracia. Para esos efectos han conseguido el apoyo esporádico de sectores sociales interesados puntualmente en la salida de coyunturas políticas, principalmente relacionadas con el cambio de uno u otro gobierno. Todo esto mientras los poderes tradicionales lograron establecer un esquema de “democracia orientada por los militares”, al tiempo original y primitivo, que se ha convertido, de pronto más aún que la monarquía, en obstáculo para la verdadera democratización del país.
El asunto de la reforma de la realeza, y en particular de la ley que la protege de manera radical, no solo en cuanto a su existencia sino al culto que impide cualquier crítica en su contra, ha flotado siempre en el ambiente con mayor o menor intensidad. Tendencia que en los últimos años ha tomado fuerza, pero no había logrado obtener avances políticos sobresalientes en la configuración del parlamento; parámetro fundamental a la hora de votar por medidas de transformación institucional que deberían tener un espectro aún más amplio, orientado a desmontar los privilegios de un estamento militar acostumbrado a participar activamente en el gobierno, más allá de los deberes que le corresponderían en un estado democrático, al punto que bajo la constitución vigente, de 2017, ostenta por derecho propio la mayoría en el Senado, cámara alta del legislativo.
Este es el escenario en el que, a raíz de recientes comicios, aparece la figura de Pita Limjaroenrat, de 42 años y educado en Harvard, a la cabeza de un partido que, bajo el nombre de “Avanzar”, busca acabar con el inmovilismo institucional que ha estancado el progreso democrático de un país que, por otra parte, ocupa lugar significativo desde el punto de vista económico en el contexto asiático. Su victoria incontenible en las elecciones recientemente celebradas, con inesperada representación en el parlamento, no significó simplemente un revés para los militares, como tradicionales dueños del poder, sino que abre la puerta para la realización de reformas profundas para los estándares tailandeses, dentro de las cuales figura la de la monarquía, hasta ahora intocable.
“Entre todos vamos a construir lo más rápidamente posible la Tailandia que soñamos”, ha dicho Pita. Propuesta cautivadora como lema de cualquier campaña política, que después de ganar las elecciones obliga a la tarea de darle contenido mediante una cuidadosa elaboración que, cuando se trate de cambios de verdad, debe superar obstáculos de diferente índole, y sobre todo la oposición del establecimiento confortablemente instalado en el poder.
Las principales ideas del cambio propuesto por Pita consisten en la desmilitarización del país, la abolición del servicio militar, la despenalización del aborto, y una apertura hacia los derechos de las personas LGBTQI+. Ideas y propuestas que, además de la reforma al status de la monarquía, sonarían elementales en una sociedad occidental contemporánea, pero que en el medio tailandés implicarían un remezón significativo.
El alcance efectivo de la victoria electoral de “Avanzar” está todavía por verse, comenzando porque los resultados oficiales de los comicios se darán solamente dentro de algunas semanas, tiempo durante el cual podrían aparecer reparos verdaderos o construidos por quienes ahora detentan el poder y no están dispuestos a cederlo. Por otra parte, a pesar de que los posibles 160 escaños parlamentarios que obtendría el partido cierran la opción de un gobierno, así fuese minoritario, favorable a los intereses de los militares, queda lejos de la mayoría necesaria para aprobar las transformaciones propuestas. Razón por la cual será necesario entrar en alianzas, posibles el papel, con partidos más o menos afines, que cobrarán su precio por el apoyo ofrecido.
El elemento más dramático, omnipresente y peligroso, propio de la tradición tailandesa, depende no obstante de un elemento pragmático, elemental, un poco grotesco, pero realista, que es el de la reacción final de los militares, que tienen en sus manos una gama amplia de opciones de entorpecer un proceso que representa el desmonte de muchos de sus privilegios. Al punto que, más allá de reclamaciones jurídicas sobre detalles de las elecciones, o de la persona del líder del partido ganador, como que ha sido accionista de empresas de comunicación, pueden acusarle de incurrir en delito de lesa majestad precisamente por proponer de manera abierta cambios en el status de la monarquía.
De cualquier manera, aún los militares interesados en mantener su status y sus privilegios deben saber que, no solo su status, sino el mito de la condición semidivina del rey, han sido cuestionados por los millones de votantes que apoyaron a “Avanzar”, a sabiendas de sus postulados de desmilitarización y cambio del concepto de delito de lesa majestad. De manera que continúe la marcha iniciada en 1932, cuando se desmontaron los poderes absolutos del entonces Rey de Siam.
A propósito del proceso de Tailandia, bien vale la pena recordar la admonición de Ulpiano, en el sentido de que el verdadero delito de lesa majestad es el desconocimiento de la voluntad ciudadana.