La vigilancia política sobre los actos de gobernantes ya idos, el intento de refuerzo de la representación de los aborígenes en los escenarios institucionales, y la perspectiva de convertirse en una república, marcan elevada temperatura política en el verano de Australia, para algunos una de las democracias ejemplares, mientras el eurocentrismo y el occidentalismo, bajo el impacto del ataque a Ucrania y la embestida del invierno nórdico americano, acaparan la atención del resto del mundo.
El parlamento, a instancias del gobierno de Anthony Albanese profirió moción de censura contra el anterior Primer Ministro, Scott Morrison, por haberse auto designado en secreto, con el beneplácito del Gobernador General, representante de la monarca británica, para el ejercicio complementario de funciones de cinco ministerios, a pesar de que había quienes ocupaban formalmente los cargos, a espaldas de los restantes miembros del gobierno, y de la nación. Aunque la causa hubiese sido la de controlar la pandemia, Morrison obró de manera indebida pues depredó la armonía del funcionamiento del estado, con lo cual faltó a principios elementales del ejercicio de un gobierno responsable, pero sobre todo omitió la transparencia que permitiera saber quién manejaba algunas acciones del gobierno federal.
A pesar de las interpretaciones de persecución aducidas por el sancionado, y aunque el castigo político reviste ahora tan sólo valor simbólico, la solicitud de censura era para el nuevo gobierno cuestión de decoro en el ejercicio del poder. Mal habría podido dejar las cosas quietas, porque el funcionamiento de la democracia exige vigilancia, y la impunidad política no se puede admitir en cuanto demerita la institucionalidad y se convierte en factor multiplicador de la corrupción. En el contexto político del momento, será en todo caso mejor que perdure el precedente de la censura y no el del abuso del poder.
En el seno de esa misma democracia, cumplidora de deberes como el de evitar que quien llegue o se vaya de un cargo se pueda desentender de lo que hizo o dejó de hacer, revive una discusión de importancia en un país cuya versión contemporánea proviene de la acción de colonizadores británicos, sobre la presencia de aborígenes en las más altas instancias institucionales, donde por ahora las comunidades originarias tienen 3 representantes den una Cámara de 151, y 8 en un senado de 76.
Una “Convención Constitucional de las Primeras Naciones”, celebrada en 2017 en Uluru, emitió una declaración cuya esencia fue la de pedir que una “Voz de las Primeras Naciones” se insertara en la Constitución australiana, y que existiera una comisión para supervisar un proceso de “realización de acuerdos” entre el gobierno y los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Tras 18 meses de consultas con miles de personas y organizaciones, encuestas y seminarios, un informe recomendó la manera de organizar “La Voz”como cuerpo colegiado de 24 miembros. “La voz” asesoraría al parlamento y al gobierno federal sobre asuntos relacionados con el bienestar social, económico y espiritual de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Parlamento y gobierno estarían obligados a consultarla sobre asuntos como vivienda, empleo, protección del patrimonio y desarrollo comunitario.
El proyecto no ha recibido apoyo bipartidista. No ha faltado quien considere que “La Voz” equivaldría a una tercera cámara del parlamento, ni quien piense que es mejor fortalecer los elementos ordinarios de representación y servicios locales en lugares y regiones habitados por aborígenes. Tampoco ha faltado quien, aún desde la representación parlamentaria aborigen, se oponga al proyecto, aunque en la calle una mayoría creciente ha expresado su aprobación. Impasse que plantea exigencias hacia la clase política, que se verá obligada a responder sobre tema con argumentos democráticos sostenibles, en lugar de dedicarse a hacer cuentas en torno a sus propios intereses, mientras el bipartidismo tradicional parece alejarse de la ciudadanía y pierde fuerza ante el empuje de pequeños partidos y movimientos independientes.
Pero la democracia australiana tiene otro asunto esencial por dilucidar, y es el hecho de que el jefe del estado es un extranjero; en este caso el monarca británico. Algo que, si bien es explicable en cuanto a su origen, en razón de los antiguos lazos coloniales, resulta cada día más extravagante desde el punto de vista de la democracia y la independencia nacional. La desaparición de la Reina Isabel, por quien a lo largo de siete décadas los australianos llegaron a desarrollar especial afecto, descongeló la discusión sobre la necesidad de consolidar simbólicamente la independencia nacional, mediante el abandono de la monarquía.
La alternativa más plausible, sobre la cual no existe todavía claridad social ni política, será la adopción de un modelo republicano. Algo que ya se ha intentado, con resultados negativos, no solamente por la conformidad de la gente respecto de la monarca fallecida, sino por el diseño institucional de reemplazo, que en su momento se consideró entre poco claro, inocuo e innecesario. Cualquier cambio en la materia requeriría una reforma constitucional muy de fondo que exigiría una tarea compleja, en cuanto las instituciones actuales, que con sus defectos ha funcionado, no son otra cosa que adaptación del modelo británico. Un presidente elegido popularmente representaría, dicen los opositores de la idea, una revuelta de consecuencias imprevisibles que cambiaría el talante de la institucionalidad, para pasar a parecerse a los Estados Unidos, opción que no les parece apetecible. Un modelo híbrido, con un presidente elegido por el parlamento, e investido de funciones protocolarias, sería un poco más consecuente con la tradición. Pero la aventura de una reforma de esa talla podría desacomodar el funcionamiento del estado, aunque satisfaría la aspiración de contar con un jefe de estado australiano, propio y presente, y no británico y distante, representado por un gobernador, como reminiscencia inevitable de la era colonial.
Por el momento, en mayo de 2023 el jefe de estado de Australia será coronado en Londres. Con lo cual sin duda se desata un nuevo capítulo del debate sobre si es tiempo de que Australia se deshaga de la monarquía y organice de una vez las cosas para que un autóctono asuma la jefatura del estado federal. Idea que tiene amigos y enemigos y todo un desfile de explicaciones, como bien aprendieron de los británicos, que también muy a su manera expresan profundo respeto por lo que en Australia deseen escoger.
En Australia queda claro que, por adelantada que se considere una democracia, para mantener su vigor es necesario que la transparencia se haga presente en todas las instancias. Que se ejerza una vigilancia política efectiva sobre quienes desempeñen funciones públicas. Que se sepa quién hace cada cosa y quién toma las decisiones. Quién sugiere los nombramientos. A qué criterio obedecen. Que nadie se vaya y quede exento de responsabilidades. Además allí, en ese país de fundación reciente, anteriormente ocupado por aborígenes ahora marginados, se hace evidente, en favor de los valores democráticos, la urgencia de incluir a todos los sectores de la sociedad, de manera satisfactoria, dentro de la organización institucional. También se advierte que, por sólida que parezca la forma como está organizado el Estado, la historia obliga, tarde o temprano, a cambiar. En este caso para dejar atrás de una vez un modelo como el monárquico que, por respetable y funcional que haya sido, cada día pierde vigencia frente a principios elementales de la democracia, dentro de los cuales debe figurar una verdadera independencia nacional, que se puede ver afectada por cuestiones de forma.
Los mejores deseos en el nuevo año para los amables lectores de esta columna.
