Crece la lista de hechos que vuelven a editar prácticas y episodios de la vida internacional que se consideraban cosa del pasado. En medio de las jugarretas primitivas de amenazas y abrazos, comentarios displicentes, recriminaciones, cálculos al ojo, y mientes y desmientes, se vuelve a hablar de la intención de comprar territorios de otros países. Lo mismo que se ha hecho evidente la enajenación irresponsable de la soberanía nacional por parte de gobernantes que, paradójicamente, la envuelven en el argumento de la independencia.
Aunque para las nuevas generaciones la idea de comprar territorios de otros Estados parezca peregrina, no es la primera vez que sucede y que tiene a los Estados Unidos como proponente. En 1803 los Estados Unidos le compraron a Francia la Luisiana por 15 millones de dólares, con lo cual aumentaron sustancialmente sus dominios en la América del Norte. En 1819, John Quincy Adams logró hacerse a la Florida por algo así como cinco millones. En 1854 consiguieron, con La Mesilla, más de 75.000 kilómetros cuadrados en lo que hoy corresponde a tierras en Arizona y Nuevo México. Hacia la sexta década del mismo siglo, les compraron a los rusos la península de Alaska por un poco más de siete millones. En 1898 obligaron a España a venderles nada menos que las islas de Filipinas, que a mediados del siglo XX obtuvieron por su cuenta la condición de Estado. Y en 1917 le compraron a Dinamarca una posesión de paraíso en el Caribe, las Islas Vírgenes, por 25 millones.
Con la llegada a la Presidencia de un magnate del negocio inmobiliario, ha vuelto a aparecer en la agenda la idea de comprar territorios para que entren a formar parte de la Unión Americana, dentro del propósito de “hacer a América grande otra vez”. El objetivo ahora es Groenlandia, esa enorme isla no muy lejana del círculo polar ártico, habitada por algo más de 50.000 personas y rica en yacimientos de minerales muy apetecibles. La inversión, parecida a cualquier aventura inmobiliaria, sería cubierta con fondos públicos.
La verdad es que los Estados Unidos ya han tratado de adquirir Groenlandia en el pasado. Andrew Johnson hizo su intento en 1867, y fracasó. Y Harry Truman, al término de la Segunda Guerra Mundial, ofreció 100 millones de dólares, antes de recibir la respuesta negativa de Dinamarca. De manera que la idea del presidente de nuestros días es apenas un poco peregrina. Lo que pasa es que se ha hecho conocer en un año electoral, y lleva toda la carga de la concepción imperial del ejercicio de la Presidencia por parte de quien aspira a ser reelegido sobre la base de todo lo que pueda evocar en los electores el entusiasmo por nuevas conquistas, en el ámbito que sea.
Asesores diligentes del presidente de la Unión parecerían haberlo convencido de que su visita a Dinamarca, dentro de unas semanas, no fuese utilizada para pedirles de frente, tanto a la reina Margarita como a la primera ministra Mette Frederiksen, que le vendieran la isla, como si se tratase de asunto inmobiliario, que les dejaría ganancias con las que no contaban. Como si ese fuese el aliciente supremo, capaz de pasar por sobre la geografía, la historia, la geopolítica y la voluntad popular.
Groenlandia disfruta de privilegios especiales dentro del conjunto de las instituciones danesas. Esto se refleja en el goce de un alto grado de autonomía, reforzado por la existencia de un movimiento independentista que no da tregua. Pero allí pusieron ya pie los Estados Unidos, en medio del desespero de la invasión alemana a la península danesa, cuando el gobierno del país, encarcelado o desde el exilio, solicitó a Washington ayuda y aceptó a cambio, entre otras cosas, la instalación sin fecha límite de bases militares en la isla.
En medio de tantas declaraciones, contradictorias o inexplicables, del presidente de los Estados Unidos, la diplomacia tradicional no sabe ciertamente si es mejor guardar silencio o entrar en controversias que pueden terminar mal. El gobierno danés parece haber optado por lo primero, con la mirada puesta en un buen tono para la inminente visita presidencial. En cambio, el gobernador de Groenlandia, Kim Kielsen, se manifestó de manera tajante en el sentido de que “Groenlandia no está en venta”. Solo que, para enredar un poco las cosas, afirmó también que “está abierta a realizar acuerdos comerciales y cooperar con otros países, incluido EE. UU.”.
A juzgar por el estatus de Groenlandia dentro del Estado danés, que hace diez años consagró su autodeterminación, serían los groenlandeses, más que los daneses, quienes deberían decidir sobre su destino, y sería cosa de ellos caer o no caer en la red de quienes de pronto estarían dispuestos a ofrecerles un estatus parecido al de Puerto Rico. Todo dentro de un proceso en el cual el calentamiento global hace prever cambios importantes en la configuración misma de la isla, que perdió en el último año más de 10 millones de toneladas de hielo, y en el cual la defensa futura de sus condiciones ambientales debe ser puesta en la balanza frente al acceso a sus riquezas.
Independientemente de si los habitantes de la isla echan o no para atrás la negativa de su gobernador, queda flotando en el ambiente la maroma política, económica, estratégica, simbólica y geopolítica de la pretensión de comprar territorios de otros Estados, como cuando cualquiera le pone el ojo a un lote o a un edificio. Actitud que puede ser contagiosa y que conllevaría, con el solo caso de que se repita, a un estado de incertidumbre todavía más acentuado sobre la soberanía territorial de los Estados de nuestra época.
Para agravar los interrogantes, la propuesta de la Casa Blanca se suma a la más patética demostración de enajenación de países, en pleno siglo XXI, como la que han protagonizado gobernantes que proclaman cada vez que pueden su deseo de independencia y de insumisión frente al imperialismo yanqui, al que de paso culpan de todos sus males, pero no han tenido inconveniente en proceder a la venta desordenada de la riqueza de su país y a la enajenación de su destino político, por cuotas y sin beneficio para sus ciudadanos, en favor de potencias cercanas y lejanas que en la práctica llevan las riendas de la conducción institucional, cuando no son beneficiarias de hipotecas que costará años y esfuerzos redimir por parte de futuras generaciones. Como en Venezuela.
Crece la lista de hechos que vuelven a editar prácticas y episodios de la vida internacional que se consideraban cosa del pasado. En medio de las jugarretas primitivas de amenazas y abrazos, comentarios displicentes, recriminaciones, cálculos al ojo, y mientes y desmientes, se vuelve a hablar de la intención de comprar territorios de otros países. Lo mismo que se ha hecho evidente la enajenación irresponsable de la soberanía nacional por parte de gobernantes que, paradójicamente, la envuelven en el argumento de la independencia.
Aunque para las nuevas generaciones la idea de comprar territorios de otros Estados parezca peregrina, no es la primera vez que sucede y que tiene a los Estados Unidos como proponente. En 1803 los Estados Unidos le compraron a Francia la Luisiana por 15 millones de dólares, con lo cual aumentaron sustancialmente sus dominios en la América del Norte. En 1819, John Quincy Adams logró hacerse a la Florida por algo así como cinco millones. En 1854 consiguieron, con La Mesilla, más de 75.000 kilómetros cuadrados en lo que hoy corresponde a tierras en Arizona y Nuevo México. Hacia la sexta década del mismo siglo, les compraron a los rusos la península de Alaska por un poco más de siete millones. En 1898 obligaron a España a venderles nada menos que las islas de Filipinas, que a mediados del siglo XX obtuvieron por su cuenta la condición de Estado. Y en 1917 le compraron a Dinamarca una posesión de paraíso en el Caribe, las Islas Vírgenes, por 25 millones.
Con la llegada a la Presidencia de un magnate del negocio inmobiliario, ha vuelto a aparecer en la agenda la idea de comprar territorios para que entren a formar parte de la Unión Americana, dentro del propósito de “hacer a América grande otra vez”. El objetivo ahora es Groenlandia, esa enorme isla no muy lejana del círculo polar ártico, habitada por algo más de 50.000 personas y rica en yacimientos de minerales muy apetecibles. La inversión, parecida a cualquier aventura inmobiliaria, sería cubierta con fondos públicos.
La verdad es que los Estados Unidos ya han tratado de adquirir Groenlandia en el pasado. Andrew Johnson hizo su intento en 1867, y fracasó. Y Harry Truman, al término de la Segunda Guerra Mundial, ofreció 100 millones de dólares, antes de recibir la respuesta negativa de Dinamarca. De manera que la idea del presidente de nuestros días es apenas un poco peregrina. Lo que pasa es que se ha hecho conocer en un año electoral, y lleva toda la carga de la concepción imperial del ejercicio de la Presidencia por parte de quien aspira a ser reelegido sobre la base de todo lo que pueda evocar en los electores el entusiasmo por nuevas conquistas, en el ámbito que sea.
Asesores diligentes del presidente de la Unión parecerían haberlo convencido de que su visita a Dinamarca, dentro de unas semanas, no fuese utilizada para pedirles de frente, tanto a la reina Margarita como a la primera ministra Mette Frederiksen, que le vendieran la isla, como si se tratase de asunto inmobiliario, que les dejaría ganancias con las que no contaban. Como si ese fuese el aliciente supremo, capaz de pasar por sobre la geografía, la historia, la geopolítica y la voluntad popular.
Groenlandia disfruta de privilegios especiales dentro del conjunto de las instituciones danesas. Esto se refleja en el goce de un alto grado de autonomía, reforzado por la existencia de un movimiento independentista que no da tregua. Pero allí pusieron ya pie los Estados Unidos, en medio del desespero de la invasión alemana a la península danesa, cuando el gobierno del país, encarcelado o desde el exilio, solicitó a Washington ayuda y aceptó a cambio, entre otras cosas, la instalación sin fecha límite de bases militares en la isla.
En medio de tantas declaraciones, contradictorias o inexplicables, del presidente de los Estados Unidos, la diplomacia tradicional no sabe ciertamente si es mejor guardar silencio o entrar en controversias que pueden terminar mal. El gobierno danés parece haber optado por lo primero, con la mirada puesta en un buen tono para la inminente visita presidencial. En cambio, el gobernador de Groenlandia, Kim Kielsen, se manifestó de manera tajante en el sentido de que “Groenlandia no está en venta”. Solo que, para enredar un poco las cosas, afirmó también que “está abierta a realizar acuerdos comerciales y cooperar con otros países, incluido EE. UU.”.
A juzgar por el estatus de Groenlandia dentro del Estado danés, que hace diez años consagró su autodeterminación, serían los groenlandeses, más que los daneses, quienes deberían decidir sobre su destino, y sería cosa de ellos caer o no caer en la red de quienes de pronto estarían dispuestos a ofrecerles un estatus parecido al de Puerto Rico. Todo dentro de un proceso en el cual el calentamiento global hace prever cambios importantes en la configuración misma de la isla, que perdió en el último año más de 10 millones de toneladas de hielo, y en el cual la defensa futura de sus condiciones ambientales debe ser puesta en la balanza frente al acceso a sus riquezas.
Independientemente de si los habitantes de la isla echan o no para atrás la negativa de su gobernador, queda flotando en el ambiente la maroma política, económica, estratégica, simbólica y geopolítica de la pretensión de comprar territorios de otros Estados, como cuando cualquiera le pone el ojo a un lote o a un edificio. Actitud que puede ser contagiosa y que conllevaría, con el solo caso de que se repita, a un estado de incertidumbre todavía más acentuado sobre la soberanía territorial de los Estados de nuestra época.
Para agravar los interrogantes, la propuesta de la Casa Blanca se suma a la más patética demostración de enajenación de países, en pleno siglo XXI, como la que han protagonizado gobernantes que proclaman cada vez que pueden su deseo de independencia y de insumisión frente al imperialismo yanqui, al que de paso culpan de todos sus males, pero no han tenido inconveniente en proceder a la venta desordenada de la riqueza de su país y a la enajenación de su destino político, por cuotas y sin beneficio para sus ciudadanos, en favor de potencias cercanas y lejanas que en la práctica llevan las riendas de la conducción institucional, cuando no son beneficiarias de hipotecas que costará años y esfuerzos redimir por parte de futuras generaciones. Como en Venezuela.