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El Gobierno de Petro afirma haber formalizado 1,4 millones de hectáreas hasta febrero de 2025 (según la Agencia Nacional de Tierras). ¿Qué tan significativo es este logro? Es difícil saberlo porque los datos más recientes de informalidad de la tenencia de la tierra datan de 2020. En ese entonces, carecían de títulos el 52 % de los predios rurales: casi 4,8 millones de predios con una superficie de un poco más de 80 millones de hectáreas. Los 1,4 millones de hectáreas que el Gobierno Petro dice haber formalizado no llegan al 2 % de las tierras sin título, pero podrían ser una proporción mucho mayor de los predios si el esfuerzo de titulación se ha concentrado en las propiedades más pequeñas. Por ejemplo, si toda la titulación durante Petro se hubiera hecho en terrenos de hasta tres hectáreas, la tasa de informalidad se habría reducido a 33 %, lo que sería un logro muy notable. Desafortunadamente, la ANT no ha publicado información para saber hasta qué punto se han concentrado los esfuerzos en los predios pequeños.
Pero, si así fuera, ¿podría calificarse como un gran avance hacia la equidad? En principio sí, puesto que si una tierra rural tiene título puede ser más productiva, ya que puede dedicarse a sus usos más adecuados, con las inversiones necesarias, sin los riesgos que implicaría una disputa de propiedad. Una tierra con títulos puede también arrendarse más fácilmente y puede ser hipotecada para conseguir crédito. Por consiguiente, parecería que la titulación focalizada en los pequeños terrenos podría ayudar a la equidad.
Por desgracia, no resulta ser así en la práctica, según una rigurosa investigación que hice con Miguel Benítez y Alejandro Rueda, que acaba de ser publicada en una prestigiosa revista académica (Economía/LACEA). Para nuestra sorpresa, encontramos que la titulación no eleva los precios de las tierras de hasta tres hectáreas, como sería de esperarse por sus supuestos beneficios en la productividad. Este efecto favorable sobre los precios de las tierras sólo ocurre en terrenos más grandes, que están más expuestos a las fuerzas del mercado.
No tener títulos puede ser un impedimento para vender una tierra a una empresa o a un comprador desconocido, pero no lo es si el negocio se hace con familiares, vecinos o amigos, que ejercen en la práctica de testigos solidarios en los negocios informales. Es lo que ocurre con la mayoría de pequeños terrenos.
Así las cosas, en Colombia al menos, la formalización de las tierras rurales no es en sí misma una política progresiva. Pero puede serlo, si va acompañada de una política de actualización catastral, que ponga en evidencia los verdaderos precios de las tierras y facilite cobrarles impuestos a sus propietarios.
Las tierras rurales en Colombia son muy costosas. Según nuestros cálculos, en dólares de paridad de poder de compra, una hectárea de tierra rural es 23 % más costosa en Colombia que en Estados Unidos. Y esto a pesar de que muchas tierras colombianas carecen de la infraestructura pública y del acceso a mercados y servicios que son usuales en las tierras agrícolas de Estados Unidos. Las tierras en municipios rurales son tan caras en Colombia que su valor equivale al 184 % del PIB de esos municipios. Por consiguiente, si pagaran un predial del 1 % generarían un recaudo de casi 2 % del PIB de esos municipios. En la realidad el predial no genera mayor cosa: en una tercera parte de los municipios (en los que hay datos) la tasa efectiva del predial no llega al 0,1 % y típicamente es apenas 0,15 %.
Por estas (y otras cuantas) razones, es urgente que se acelere la implementación del catastro multipropósito. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 2025 apenas 208 municipios, con el 26,8 % del territorio nacional, cuentan ya con el catastro multipropósito. Muchos congresistas se oponen a la actualización del catastro por temor a que suba el predial en sus municipios. En cambio, hubo prácticamente consenso en 2024 para aprobar un aumento masivo de las transferencias del recaudo nacional a través del Sistema General de Participaciones, con el argumento de que las regiones tienen muchas necesidades básicas por atender. Es evidente que numerosos legisladores son más sensibles a las presiones de los terratenientes que a las necesidades del grueso de la población.
