El país está abrumado por los bruscos cambios que está sufriendo el clima. Al contrario de lo que les ocurre con la política y con muchos asuntos relacionados con el bien público, los colombianos no son cínicos ni apáticos con los problemas que está causando el cambio climático. Al contrario, están verdaderamente alarmados con sus efectos en Colombia y en el mundo entero, que se evidencian en la mayor frecuencia y severidad de inundaciones, oleadas de calor, tormentas, incendios, lluvias torrenciales y sequías.
Según lo muestra una detallada encuesta reciente publicada en la prestigiosa revista Nature (Mede, 2025), en pocos países está tan preocupada la población con los cambios del clima como en Colombia. Los encuestados califican muy mal el desempeño del Gobierno de Petro en esta materia. Según la mayoría de las respuestas, el Gobierno no está haciendo lo suficiente para evitar el impacto del cambio climático, está ignorando la angustia de la gente y no está protegiendo a las generaciones futuras. Como es de esperarse, las calificaciones están afectadas por la inclinación política de los encuestados: son más benignos en calificar al Gobierno quienes se declaran de izquierda (el 17 % de los entrevistados). Sin embargo, incluso entre los de izquierda, el Gobierno de Petro se raja por no hacer lo suficiente.
La encuesta indagó por el apoyo del electorado a diversas políticas de mitigación del cambio climático. Los colombianos apoyan ampliamente la generación de energía solar y eólica, y que se protejan los bosques y se detenga la deforestación. En cambio, rechazarían elevar los impuestos a los combustibles o a los alimentos intensivos en carbono (como la carne y los lácteos). Petro ha leído bien estas inclinaciones del electorado, aunque su gobierno no ha tenido la capacidad para lograr sus ambiciosos objetivos de mitigación.
Pero las políticas de mitigación no pueden ser la prioridad para un país como Colombia, que genera apenas 0,5 % o 0,6 % de los gases con efecto invernadero. El país tiene que hacer realidad las estrategias de adaptación que en gran medida ya estaban definidas antes de empezar la administración Petro (en el Plan Nacional de Adaptación de 2012, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 2012/2015 y la Política Nacional de Cambio Climático de 2017).
Quizás el principal desafío de las políticas de adaptación es su implementación coherente a nivel regional. El Auto Legislativo No. 1 de 2025, que reformó el Sistema General de Participaciones, ofrece una oportunidad para enfrentar este desafío. Cabe recordar que el aumento gradual a partir de 2027 de las transferencias (del ≈25 % actual a 39,5 % del ingreso corriente nacional) está sujeto a una Ley de Competencias que debe expedirse próximamente, a partir del proyecto que el Gobierno Nacional debe presentar a más tardar el 20 de julio.
La Ley de Competencias debería definir con claridad qué parte de los recursos adicionales que recibirán los municipios y departamentos tendrían que dedicarse a proyectos consistentes con las estrategias de adaptación mencionadas. También deberían preverse los recursos para que las autoridades locales adquieran las capacidades técnicas para usar bien esos recursos. Y deberían definirse los indicadores y mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de estos proyectos.
El Auto Legislativo No. 1 podría hacer que el Sistema General de Participaciones funcione como una herramienta potente para mejorar la resiliencia territorial frente a los mayores riesgos ambientales. Todo dependerá del proyecto que presente el Gobierno en unos pocos días y del curso que tome en el Congreso. Desafortunadamente, el Gobierno no cuenta con un mínimo de respaldo para sacar adelante sus propuestas sin antes hacer concesiones desmesuradas a los opositores. Pero ojalá los parlamentarios empaticen con la angustia de los colombianos y entiendan que el bienestar de sus electores en un futuro que ya no es remoto depende crucialmente de la atención que presten a los retos del cambio climático en sus regiones.
