El 9 de septiembre fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que intenta acelerar la justicia en los miles de casos de pederastia de sacerdotes católicos en el país. De ser aprobado el proyecto, se establecería una Comisión de Investigación de estos delitos, con miras a identificar y denunciar penalmente a los delincuentes: al menos 5.000 sacerdotes, según los cálculos de Juan Pablo Barrientos, autor de varios libros que describen de forma descarnada este flagelo.
Barrientos, junto con Miguel Ángel Estupiñán, ya han destapado los nombres de más de 700 sacerdotes católicos pederastas, y en mayo pasado ganaron una demanda de información ante la Corte Constitucional (SU-184 de 2025) que obliga a las instituciones católicas a desclasificar toda la información relacionada con los casos de pederastia dentro de la iglesia.
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la decisión de la Corte ha recibido el rechazo de la Conferencia Episcopal de Colombia, con el argumento de que el requerimiento de información “se funda en una presunción generalizada de mala fe contraria a la de inocencia, constitutiva de un estereotipo que implica en sí mismo un acto de discriminación”.
No parece muy probable que salga adelante el proyecto de ley en la actual coyuntura electoral, en la que los congresistas de todas las vertientes tienen como primer objetivo defender sus votos y evitar las críticas de amplios grupos de la población. Y tienen razón, pues la sociedad colombiana ha sido siempre tolerante con los delitos incurridos por sacerdotes, y seguramente hay sectores tradicionalistas que reaccionarían contra los intentos de ponerlos en cintura.
Antes de la Constitución de 1991, los sacerdotes contaban con el amparo del Concordato, según el cual las leyes no regían por igual para laicos y religiosos (católicos, claro está). Aunque la Constitución declaró que Colombia es un Estado laico, los sacerdotes siguen gozando de impunidad sobre todo porque las instituciones eclesiales bloquean cualquier intento de castigo. Por ejemplo, cuando en 2018 Barrientos publicó el libro Dejad que los niños vengan a mí, que contenía decenas de testimonios, la Arquidiócesis de Medellín rechazó las acusaciones y acusó a Barrientos de querer dañar a la Iglesia. En 2022, el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, entregó una lista de 26 sacerdotes denunciados por abusos desde 1995, que no condujo a ninguna sanción pero sí despertó reacciones de los jerarcas y de voces tradicionalistas quejándose de que “se está atacando a la Iglesia”.
La tolerancia con la pederastia eclesial en Colombia contrasta con lo ocurrido en otros países como Irlanda, Estados Unidos o Chile, donde se generaron grandes escándalos con el apoyo de los medios de comunicación que, a la larga, produjeron un rechazo colectivo masivo y efectivo.
El caso de Chile es el más cercano a nosotros y por eso el más revelador. El estallido de los escándalos de pederastia en la Iglesia católica se dio en medio de un rápido proceso de secularización y de pérdida de influencia de las jerarquías religiosas. La ciudadanía, más confiada en la capacidad de movilización colectiva y en la presión sobre las instituciones, reaccionó con indignación masiva. Fueron increpados en público varios obispos, el papa Francisco debió enfrentar protestas en su visita de 2018 y se dio la renuncia colectiva del episcopado chileno. El escándalo se convirtió en un símbolo del agotamiento de la Iglesia como referente moral y en un catalizador de desconfianza hacia otras élites tradicionales.
Colombia no ha llegado a ese momento. Aunque se han documentado cientos de casos y está más que demostrada la resistencia de la jerarquía eclesiástica a transparentar archivos y reconocer responsabilidades, la reacción social ha sido mucho más contenida. El peso histórico de la Iglesia en la vida política y cultural, la persistencia de una religiosidad más arraigada y quizás la prioridad de otros problemas nacionales —como la violencia armada y la corrupción política— han atenuado la indignación ciudadana. Pero llegará el día en que, con el apoyo de los medios y de investigadores corajudos como Barrientos, se despierte una oleada de rechazo que sacuda la legitimidad misma de la Iglesia católica. Cambios de esta naturaleza no ocurren de manera gradual: hay un momento en que se alcanza una masa crítica que mueve el balance de fuerzas de forma definitiva (como lo ilustra de manera contundente Malcolm Gladwell en La venganza del punto clave, Taurus, 2024).
