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La ley de rescate fiscal aumentará el desperdicio de recursos en el SENA

En medio de una penuria fiscal que obliga a apretarse el cinturón en casi todos los frentes, el SENA no solo se salva del recorte, sino que entra en una fase de expansión acelerada. Para 2027 tiene aprobado en principio un presupuesto de 8,51 billones de pesos, más de 33 % por encima del de 2026 y más de 110 % frente a 2022. A esto se suma ahora la propuesta de reforma fiscal que, al reducir exenciones sobre parafiscales, ampliaría aún más los recursos que recibe la entidad. Como si fuera poco, el presidente ha prometido que el SENA otorgará un millón de certificaciones en inteligencia artificial. El mensaje político es claro: más plata para el SENA, más títulos del SENA, y en particular más certificaciones de moda, con la esperanza de que automáticamente haya más empleos y mayor productividad. La evidencia más reciente sugiere lo contrario.

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Si lo que se quiere es producir titulados, el SENA ha sido un éxito rotundo. Desde su creación en 1957, ha sido el eje de la formación técnica y tecnológica en Colombia. Hoy cerca de tres millones de ocupados tienen títulos de técnico o tecnólogo, frente a unos cuatro millones con educación universitaria o de posgrado. El SENA ha sido decisivo en ese proceso: desde 2011 ha otorgado dos de cada tres títulos tecnológicos en el país y mantiene un portafolio gigantesco de programas y cursos. Las demás instituciones, en conjunto, solo han graduado en promedio 21.000 técnicos y 41.000 tecnólogos al año desde 2011. Nada de esto es menor: Colombia dejó atrás la época en que casi todos aspiraban únicamente a un título universitario y la educación técnica era marginal.

El problema no está en la cantidad, sino en lo que pasa después. A partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares entre 2023 y 2026 y de la nueva Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia de 2025, construida por el DANE y el propio SENA, es posible saber si los técnicos y tecnólogos trabajan en oficios acordes con su área de formación. La respuesta es alarmante: alrededor del 70 % de ellos está desajustado ocupacionalmente, es decir, en trabajos donde sus conocimientos no son los que el DANE y el mismo SENA reconocen como pertinentes para ese tipo de oficio. La situación es peor entre los más jóvenes. Los universitarios también sufren de desajuste, pero a tasas muy inferiores y sin señales de deterioro en las cohortes más recientes.

Un solo ejemplo basta: en análisis y desarrollo de software, una disciplina en la que el 79 % de los tecnólogos y el 93 % de los técnicos no están ocupados en su área, en 2025 el SENA otorgó títulos de tecnólogos a 6.644 personas (y quién sabe cuántos títulos de técnicos, pues no muestra cifras). En multitud de áreas de administración y finanzas hay situaciones semejantes.

Ese desajuste tiene un costo directo para los trabajadores. Un técnico que trabaja por fuera de su área de formación gana entre 9 % y 14,1 % menos que un colega con el mismo título, pero ubicado en una ocupación pertinente. Además, quienes están desajustados tienen más probabilidad de ser informales, y todos los que pertenecen a grupos con altos niveles de desajuste enfrentan mayores riesgos de desempleo. Convertir años de formación en un salario más bajo y más inestabilidad no es movilidad social: es frustración social financiada con plata pública.

Se suele culpar a la falta de demanda laboral: se dice que el país “no absorbe” a tantos técnicos y tecnólogos. Sin embargo, una encuesta reciente de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a las empresas de Bogotá muestra que el problema es de otra naturaleza. Las firmas de tres o más empleados, que en conjunto generan un millón y medio de puestos de trabajo en la ciudad, intentaron llenar unas 65.000 vacantes entre julio de 2024 y junio de 2025. Cerca del 30 % quedó sin cubrir, la mayoría en micro y pequeñas empresas. El grupo educativo que más dificultades presenta para ser contratado no son los universitarios, sino precisamente los técnicos y tecnólogos. Cuando se les pregunta a las empresas por qué no logran llenar las vacantes, las dos razones principales son reveladoras: mucha competencia de otros empleadores por los mismos perfiles y, sobre todo, ausencia de candidatos con las competencias técnicas requeridas. El resultado es que una de cada cuatro empresas afectadas reduce producción o capacidad operativa, y una de cada ocho congela planes de expansión. La economía pierde crecimiento, empleo e ingresos por falta de pertinencia de la oferta educativa, no por falta de demanda.

En este contexto el Gobierno quiere que la entidad tenga más recursos y que esa expansión sea financiada por el aumento de los ingresos parafiscales (al reducirles las exenciones a las empresas). En paralelo, se anuncian metas rimbombantes, como el millón de certificaciones en inteligencia artificial. Es difícil imaginar un cóctel más propicio para profundizar los problemas existentes: más recursos para un modelo que no ha sido evaluado rigurosamente en su función principal y una nueva ola de “certificados de moda” cuya pertinencia nadie se ha tomado el trabajo de estimar con seriedad.

La experiencia reciente con las formaciones en tecnologías de la información debería ser una advertencia. En campos como desarrollo y análisis de software, teóricamente llamados a estar en la vanguardia del empleo, el desajuste de técnicos y tecnólogos ya es casi total y los excesos de oferta son muy grandes. Esto sugiere que anunciar masificación en inteligencia artificial sin diagnosticar primero cuántas ocupaciones reales requerirán esas competencias, con qué profundidad y bajo qué condiciones, es repetir el mismo error con otro nombre. Un millón de certificaciones en IA pueden terminar siendo, para muchos jóvenes, un millón de ilusiones en papel si el mercado laboral no está preparado para absorberlas ni el SENA para formarlas con la calidad y pertinencia adecuadas.

Lo responsable, en vez de seguir financiando una expansión inercial, sería usar el apretón fiscal como oportunidad para reformar de raíz el papel del SENA. Eso implica un recorte deliberado de su portafolio y de su presupuesto, concentrándolo en un conjunto mucho más reducido de programas técnicos y tecnológicos que demuestren, con evaluaciones rigurosas, impacto en inserción laboral y en mejoras de ingresos. Implica también aplicar en serio la facultad que tiene el Ministerio de Educación para clausurar programas, incluidos los del propio SENA, que carezcan de pertinencia social y económica o que no cumplan estándares de calidad. Y exige congelar la creación de nuevos programas y certificaciones —incluidas las de inteligencia artificial— hasta contar con evidencia de necesidades empresariales concretas, de vacantes difíciles de cubrir y de desajustes por área de conocimiento.

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Los recursos adicionales que llegarán al SENA por vía de la reforma fiscal y de la monetización de la cuota de aprendices no deberían alimentar la inercia, sino condicionarse a un rediseño profundo: menos títulos “para la estadística” y más programas que el mercado realmente use. De lo contrario, seguiremos financiando, con cada vez más recursos públicos, un aparato exuberante en certificados pero pobre en pertinencia, mientras millones de técnicos y tecnólogos continúan en empleos que nada tienen que ver con lo que estudiaron y las empresas siguen quejándose, con razón, de que no encuentran el talento que necesitan.

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