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28 Nov 2021 - 2:00 a. m.

Ajustes constitucionales

En la actualidad hay dos visiones contrapuestas sobre la economía. El Gobierno considera que luego de la pandemia la economía recuperó la tendencia del pasado y evoluciona satisfactoriamente. La información de las últimas décadas, antes y después de la pandemia, revelan una realidad distinta. El producto crece por debajo de la tendencia histórica y muy por debajo del período de oro, 1950-1970, y la distribución del ingreso se deteriora.

Veamos un período más largo. El desempeño de la economía colombiana en los últimos 30 años del modelo de apertura de comercio internacional es el menor de la historia registrada en el país, y de mayor deterioro en la distribución del ingreso del último siglo. Entre 1990 y 2020 el producto nacional creció 3,5 %, el empleo 2 %, la balanza de pagos registró déficit del 6 % del PIB, la participación del trabajo bajó considerablemente y el coeficiente de Gini subió a 0,55, uno de los más altos del mundo.

Como se vio en Colombia en las pasadas elecciones y ahora en Chile, dentro del ambiente polarizado tienden a ganar los candidatos con posiciones extremas. El público no vota por su favorito, sino contra el adversario. Por lo general, los ganadores no disponen de los acuerdos políticos ni de la discrecionalidad para avanzar en reformas económicas estructurales.

El mejor apoyo al próximo gobierno es una Asamblea Nacional Constituyente integrada por amplios estamentos nacionales, para elaborar un diagnóstico sobre el estado de la economía, en particular sobre el bajo crecimiento, el estancamiento del empleo, el déficit fiscal en cuenta corriente y, en especial, sobre la distribución del ingreso, y avanzar en soluciones rápidas y comprensibles. En su defecto, el consenso tendría que lograrse por medio de la consulta popular y debates públicos en torno a las reformas constitucionales concretas. En lo que respecta al Gobierno, las dependencias especializadas tendrían que ocuparse de los detalles de la ejecución y la coordinación para incorporarlos en los planes de desarrollo y los programas fiscales de mediano plazo.

El país está expuesto a un falso conflicto entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso que ha persistido durante décadas, y contradice las teorías dominantes de los organismos internacionales y los libros de texto. Las soluciones presentadas por Kuznets, el economista Premio Nobel más influyente del siglo XX, y ahora por los organismos internacionales de crédito y Piketty son inadecuadas e insuficientes. A lo largo y ancho del mundo el salario crece por debajo de la productividad del trabajo, a tiempo que la participación del trabajo en el ingreso nacional desciende. América Latina, y en particular Colombia, operan con modelos inequitativos, en los cuales el crecimiento económico se propicia a cambio del deterioro de la distribución del ingreso. La política oficial del actual Gobierno de ampliar la demanda agregada con cuantiosos déficits fiscales financiados con un monumental déficit en cuenta corriente registrado y no registrado, que desplaza el valor agregado nacional y el empleo, y deprime el salario, no es sostenible.

Lo cierto es que las soluciones requeridas no son posibles con simples medidas convencionales del Congreso y disposiciones administrativas unilaterales.

La gran controversia nacional está sobre el modelo económico que llevó al estado actual, y el marco institucional existente no es adecuado para dirimirlo. Los aspectos políticos predominan sobre los técnicos, en particular sobre los económicos, y los gobiernos no disponen de facultades legales para realizarlos en forma unilateral. Se precisa ir más lejos con las reformas presentadas insistentemente en esta columna y en varios libros.

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