El año 2020 corresponde al peor desempeño de la economía del siglo. La caída del producto fue mayor que las registradas durante la gran recesión de los años 30 y en 1999 por la apertura comercial. La explicación está en la cuantiosa reducción del ahorro ocasionada por la cuarentena.
Luego de las crisis recesivas anteriores a la Segunda Guerra Mundial se consideraba que gracias a los avances de la ciencia económica no se presentaban caídas de las registradas en el presente año. Los gobiernos disponen de las políticas fiscales y monetarias para evitarlas. No ocurrió así en la economía colombiana. El aumento del déficit fiscal del 2,9 % al 8,5 % del PIB no le hizo mella. Simplemente, la cuarentena transformó la economía en un estado de defecto de ahorro que tornó inefectivas las políticas fiscales y monetarias. La economía se precipitó en caída libre. El producto cayó el 15 % en el segundo trimestre, luego se moderó, y en el total del año descenderá cerca del 8 %. No se realizó el vaticinio de que se trataba de una perturbación que se corrige a corto plazo. Y tampoco se cumplirá el próximo año. La economía entrará en un estado de estancamiento. En 2021 el producto nacional será inferior al registrado en 2019.
Los errores de diagnóstico han conducido a una actitud conformista. El Gobierno provocó el desplome de la economía y no hizo mayor cosa para detenerla. Lo más grave es que no actúa en forma efectiva para evitar que continúen el estancamiento y las pérdidas de ingresos.
El empleo, por su característica acumulativa, es la variable que mejor refleja el estado de la economía. En la actualidad el desempleo llega al 15 % y el empleo desciende a un ritmo anual del 10 %. La economía opera con desbalance interno y desbalance externo causados por el bajo ahorro y el cuantioso déficit en cuenta corriente. Mientras se mantengan esas condiciones no hay forma de recuperar el máximo crecimiento, la producción y el empleo. Se dan todos los requerimientos para operar con elevado desempleo.
Impulsados por la concepción de libre mercado, un grupo de 24 economistas, en carta pública, y algunos de los gestores de la política oficial proponen una reducción del 20 % del salario mínimo. Ciertamente, la medida aumentaría el empleo, subiría la producción y reduciría el déficit de la balanza de pagos, y al final restauraría el balance interno. Se consolidaría así el modelo de crecimiento inequitativo. La economía se recuperaría a cambio de un severo deterioro en la distribución del ingreso.
Luego de la cuarentena, que disparó la pobreza del 39 % al 48 %, aproximó el coeficiente de Gini a 0,55 y subió la participación del capital en el producto nacional, la propuesta consolidaría el modelo de crecimiento inequitativo. Sin duda, generaría un gran descontento social que llevaría a la protesta y la insolidaridad, que la harían insostenible. En el desorden, el ministro de Hacienda Carrasquilla trata de mejorar la cara de la propuesta con una reforma tributaría basada en el IVA, que en la práctica tendría un resultado incierto y tardío.
Las realidades sociales y políticas plantean una conciliación que mejore rápidamente la distribución mediante el apoyo a los sectores de menores ingresos y dentro de un crecimiento igual a la tendencia histórica, e incluso mayor. Como lo he señalado repetidamente, la solución se logra con un cambio en la estructura comercial que estirpe el déficit en cuenta corriente y una reforma institucional que reduzca las transferencias del gasto público social a los grupos de altos ingresos. Al cabo de treinta años de neoliberalismo y crecimiento inequitativo, se le abre el camino a la economía de crecimiento con equidad.
