El racionamiento eléctrico es la consecuencia de una organización privada sustentada en cuantiosos subsidios. El cargo de confiabilidad y la subvención a los precios de los combustibles líquidos no evitaron que el modelo eléctrico del mercado se precipitara en desabastecimiento.
La operación de un sistema combinado de plantas térmicas e hidroeléctricas es bien conocida. El principal requisito es que las autoridades energéticas dispongan de una alta discrecionalidad para conectar las plantas eléctricas en las épocas de abundancia y las térmicas en las de escasez. Si el potencial global de oferta es mayor que la demanda, independientemente de las condiciones climáticas, la plataforma opera sin interrupciones.
En su lugar, se montó un sistema intrincado de mercado en que se privatizaron las empresas y se introducen subsidios para que presten los servicios. De tiempo atrás existe el cargo de confiabilidad para que las empresas térmicas se mantengan en pie y aseguren el servicio en las épocas de escasez de agua. Al final del año pasado se introdujo un nuevo subsidio para compensar la diferencia entre el precio de los combustibles líquidos y el gas. Una vez establecido el subsidio de oferta, las empresas disponen de múltiples medios para eludir los compromisos, como sobrecargar las plantas o postergar las inversiones. Se replica la experiencia del sector salud con las EPS. Los operadores reciben las cotizaciones y contribuciones, y luego ofrecen el mínimo servicio posible.
En una columna reciente (noviembre 6 de 2015) señalé que la inconformidad de las empresas térmicas con el cargo de confiabilidad y la exigencia de subsidios para cubrir la diferencia de precios entre combustibles líquidos y el gas era un mal augurio. Sin hacerlo explícito, estaban advirtiendo que no tenían las condiciones físicas y financieras para cumplir el compromiso de suministrar la energía en la época de escasez de agua ampliada por el fenómeno de El Niño.
El desplome del nivel de los embalses observado en el último mes y medio vino a confirmar que las plantas térmicas estaban operando a la máxima capacidad y no disponían de los medios para atender la escasez. Sin duda, se trataba de un llamado para actuar y evitar que el nivel de embalses descendiera por debajo del 27 %. Una vez en este estado, la reserva de emergencia queda por cuenta de un número reducido de embalses.
No es necesario entrar en mayores detalles para advertir que el país está en un estado en que la demanda de electricidad es superior a la oferta. Lamentablemente el presidente y el ministro de Minas saliente apostaron a la falsa premisa de que el mercado lo resuelve todo. Esperaban que los subsidios a las plantas aumentara la oferta, y los subsidios a los usuarios bajaran la demanda. No advirtieron que esas condiciones no se presentan en mercados monopólicos, y menos en situaciones de emergencia en que las demandas se tornan inelásticas, es decir, poco sensibles a las tarifas. Lo que se requería era una alta inversión en plantas térmicas, que el sector privado no está dispuesto a realizar y el sector público se ve impedido a financiar por la prioridad excesiva de las obras públicas, como ocurrió recientemente con la venta de Isagén.
Los hechos se han encargado de confirmar que las actividades de emergencia no se pueden manejar con agentes movidos por el lucro individual. Como lo han sugerido los organismos especializados, entre ellos el Congreso Nacional de Operaciones Eléctricas, que tienen la mejor información de detalle, por ahora es conveniente iniciar el programa de recortes para evitar el riesgo de un apagón generalizado y moderar los ajustes y las secuelas de la reducción inevitable de la demanda de energía.
El racionamiento eléctrico es la consecuencia de una organización privada sustentada en cuantiosos subsidios. El cargo de confiabilidad y la subvención a los precios de los combustibles líquidos no evitaron que el modelo eléctrico del mercado se precipitara en desabastecimiento.
La operación de un sistema combinado de plantas térmicas e hidroeléctricas es bien conocida. El principal requisito es que las autoridades energéticas dispongan de una alta discrecionalidad para conectar las plantas eléctricas en las épocas de abundancia y las térmicas en las de escasez. Si el potencial global de oferta es mayor que la demanda, independientemente de las condiciones climáticas, la plataforma opera sin interrupciones.
En su lugar, se montó un sistema intrincado de mercado en que se privatizaron las empresas y se introducen subsidios para que presten los servicios. De tiempo atrás existe el cargo de confiabilidad para que las empresas térmicas se mantengan en pie y aseguren el servicio en las épocas de escasez de agua. Al final del año pasado se introdujo un nuevo subsidio para compensar la diferencia entre el precio de los combustibles líquidos y el gas. Una vez establecido el subsidio de oferta, las empresas disponen de múltiples medios para eludir los compromisos, como sobrecargar las plantas o postergar las inversiones. Se replica la experiencia del sector salud con las EPS. Los operadores reciben las cotizaciones y contribuciones, y luego ofrecen el mínimo servicio posible.
En una columna reciente (noviembre 6 de 2015) señalé que la inconformidad de las empresas térmicas con el cargo de confiabilidad y la exigencia de subsidios para cubrir la diferencia de precios entre combustibles líquidos y el gas era un mal augurio. Sin hacerlo explícito, estaban advirtiendo que no tenían las condiciones físicas y financieras para cumplir el compromiso de suministrar la energía en la época de escasez de agua ampliada por el fenómeno de El Niño.
El desplome del nivel de los embalses observado en el último mes y medio vino a confirmar que las plantas térmicas estaban operando a la máxima capacidad y no disponían de los medios para atender la escasez. Sin duda, se trataba de un llamado para actuar y evitar que el nivel de embalses descendiera por debajo del 27 %. Una vez en este estado, la reserva de emergencia queda por cuenta de un número reducido de embalses.
No es necesario entrar en mayores detalles para advertir que el país está en un estado en que la demanda de electricidad es superior a la oferta. Lamentablemente el presidente y el ministro de Minas saliente apostaron a la falsa premisa de que el mercado lo resuelve todo. Esperaban que los subsidios a las plantas aumentara la oferta, y los subsidios a los usuarios bajaran la demanda. No advirtieron que esas condiciones no se presentan en mercados monopólicos, y menos en situaciones de emergencia en que las demandas se tornan inelásticas, es decir, poco sensibles a las tarifas. Lo que se requería era una alta inversión en plantas térmicas, que el sector privado no está dispuesto a realizar y el sector público se ve impedido a financiar por la prioridad excesiva de las obras públicas, como ocurrió recientemente con la venta de Isagén.
Los hechos se han encargado de confirmar que las actividades de emergencia no se pueden manejar con agentes movidos por el lucro individual. Como lo han sugerido los organismos especializados, entre ellos el Congreso Nacional de Operaciones Eléctricas, que tienen la mejor información de detalle, por ahora es conveniente iniciar el programa de recortes para evitar el riesgo de un apagón generalizado y moderar los ajustes y las secuelas de la reducción inevitable de la demanda de energía.