La idea de avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa constituyó la dominante en los debates presidenciales. El país está en mora de avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa con mayores ingresos laborales, mejoría apreciable de las condiciones del 30 % más pobre y rápida reducción de los índices de pobreza y de Gini. Sin embargo, el propósito se ve seriamente dificultado por la caída de la tasa de ahorro causada por el modelo económico y agravado por la pandemia y el déficit fiscal. En 2021, la tasa de ahorro bajo a la mitad con respecto a la registrada en la tendencia histórica.
En este contexto, las transferencias sociales acentuarían la baja de la tasa de ahorro y afectarían seriamente el funcionamiento de la economía, en particular la producción y el empleo. De hecho, se plantean reformas en el Banco de la República y en el comercio internacional que están más allá de las facultades presidenciales, como la independencia del Banco de la República y los TLC negociados con los socios comerciales. No sobra recodar que la Constitución de 1991 es menos presidencial que las anteriores. De hecho, la aplicación de las políticas económicas está condicionada a acuerdos y consensos con los diferentes estamentos nacionales e internacionales. En 2021, la tasa de ahorro y la relación capital-producto descendieron. No hay tal rebote. La reducción del ahorro y la producción se refuerzan. El sistema entró en un estado de estancamiento con inflación. El paso a una economía de demanda a oferta precipitan la inflación y la caída de la producción.
Estamos ante una economía que ha perdido la mitad de la tasa de ahorro. La producción y la distribución del ingreso retroceden en forma drástica. La inflación aumenta en forma creciente, y genera un gran descontento que lleva a enfrentarla con alzas de precios y salarios, que se tornan inerciales.
La solución es un modelo económico que eleve el ahorro y sostenga la productividad y el salario. De hecho, se requiere una estructura de mayor tasa de ahorro y mayor productividad. La tarea no la puede adelantar el Gobierno unilateralmente. Está condicionada a acuerdos y consensos con el Banco de la República, el Congreso, las cortes y los socios comerciales. En la práctica se materializa en reformas monetarias y cambiarias dictadas por las características propias de las economías.
Petro ha propuesto tres reformas concretas en materia tributaria, pensional y el comercio internacional para reducir las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos. En ninguno de los tres casos el presidente dispone de facultades absolutas, y Petro ha manifestado su voluntad de conciliarlas con el Banco de la República, el Congreso y los socios comerciales, dentro del orden constitucional.
A la luz de estas consideraciones, el avance del cambio social se realizaría dentro de un marco de gradualidad que eleva el ahorro y sostiene el salario, y Gustavo Petro se proyecta como el candidato más indicado para liderarlo e impulsarlo.
La idea de avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa constituyó la dominante en los debates presidenciales. El país está en mora de avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa con mayores ingresos laborales, mejoría apreciable de las condiciones del 30 % más pobre y rápida reducción de los índices de pobreza y de Gini. Sin embargo, el propósito se ve seriamente dificultado por la caída de la tasa de ahorro causada por el modelo económico y agravado por la pandemia y el déficit fiscal. En 2021, la tasa de ahorro bajo a la mitad con respecto a la registrada en la tendencia histórica.
En este contexto, las transferencias sociales acentuarían la baja de la tasa de ahorro y afectarían seriamente el funcionamiento de la economía, en particular la producción y el empleo. De hecho, se plantean reformas en el Banco de la República y en el comercio internacional que están más allá de las facultades presidenciales, como la independencia del Banco de la República y los TLC negociados con los socios comerciales. No sobra recodar que la Constitución de 1991 es menos presidencial que las anteriores. De hecho, la aplicación de las políticas económicas está condicionada a acuerdos y consensos con los diferentes estamentos nacionales e internacionales. En 2021, la tasa de ahorro y la relación capital-producto descendieron. No hay tal rebote. La reducción del ahorro y la producción se refuerzan. El sistema entró en un estado de estancamiento con inflación. El paso a una economía de demanda a oferta precipitan la inflación y la caída de la producción.
Estamos ante una economía que ha perdido la mitad de la tasa de ahorro. La producción y la distribución del ingreso retroceden en forma drástica. La inflación aumenta en forma creciente, y genera un gran descontento que lleva a enfrentarla con alzas de precios y salarios, que se tornan inerciales.
La solución es un modelo económico que eleve el ahorro y sostenga la productividad y el salario. De hecho, se requiere una estructura de mayor tasa de ahorro y mayor productividad. La tarea no la puede adelantar el Gobierno unilateralmente. Está condicionada a acuerdos y consensos con el Banco de la República, el Congreso, las cortes y los socios comerciales. En la práctica se materializa en reformas monetarias y cambiarias dictadas por las características propias de las economías.
Petro ha propuesto tres reformas concretas en materia tributaria, pensional y el comercio internacional para reducir las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos. En ninguno de los tres casos el presidente dispone de facultades absolutas, y Petro ha manifestado su voluntad de conciliarlas con el Banco de la República, el Congreso y los socios comerciales, dentro del orden constitucional.
A la luz de estas consideraciones, el avance del cambio social se realizaría dentro de un marco de gradualidad que eleva el ahorro y sostiene el salario, y Gustavo Petro se proyecta como el candidato más indicado para liderarlo e impulsarlo.