La principal causa del malestar actual se genera en la economía. La cuarentena y los protocolos del coronavirus y los desaciertos para enfrentarlo ocasionaron una reducción del ahorro que descuadró el sistema. La economía quedó en un estado de faltante de ahorro que quiebra sus principales balances. Siguiendo las señales y estímulos de mercado, el desajuste se buscó remediar con la elevación de los impuestos indirectos y al ingreso que reducen el salario y deterioran la distribución del ingreso, y terminaron en una protesta social que obligó a retirarla. La economía quedó con un severo descuadre que se manifiesta en un déficit fiscal de 9 % del PIB, que no es sostenible. Las cifras de caja están cerca de la insolvencia.
La verdad es que el país lleva un año en la pandemia y en la crisis económica y no ha avanzado con un diagnóstico claro de las causas y las soluciones. El país está en la peor crisis económica del siglo por determinaciones que se hubieran podido evitar. Nadie niega que la cuarentena no detuvo la pandemia y precipitó el desastre económico.
El Gobierno desde el primer momento ha buscado infructuosamente contrarrestar la caída del ahorro que venía de atrás y agravada en forma drástica por la pandemia y la política fiscal para financiar el consumo. La economía quedó arrinconada con un déficit fiscal de 9 % del PIB, que es insostenible; ocasiona un desbalance interno que deprime la producción, el empleo y el crecimiento. El desajuste se contrarresta con bajas disimuladas de salarios que recaen en los sectores laborales y al final reducen la participación de los ingresos del trabajo en el producto nacional y suben el coeficiente de Gini.
El Gobierno y Carrasquilla, siguiendo las señales y los estímulos de mercado, buscaron la salida con una reforma tributaria que eleva los gravámenes indirectos y al ingreso de los grupos medios y significa la reducción del salario. En consecuencia, los ingresos del trabajo en el producto nacional se reducen y la distribución del ingreso se deteriora. El proyecto de ley desata una fuerte protesta pública que obliga a retirar el proyecto radicado en el Congreso. El Gobierno no tiene otro medio para elevar el ahorro y reducir los déficits fiscales que reducir el salario que precipita la protesta social. El modelo de equilibrio y libre mercado naufraga.
La economía no es sostenible dentro del modelo existente que justificó la reforma fallida de Carrasquilla. A diferencia de la teoría neoclásica que proclama que el crecimiento y la distribución son separables, en la realidad los dos principales propósitos de la economía están en abierto conflicto. El aumento del ahorro requerido para impulsar la producción y el empleo ocasiona una reducción del salario que deteriora la distribución del ingreso y precipita la protesta social que lo torna inviable.
La solución, que he planteado insistentemente, es el cambio de modelo económico mediante reformas estructurales que incrementen el ahorro y sostengan el salario. Las fórmulas las he planteado y divulgado desde hace un año. Su adopción habría evitado muchos de los daños y detenido el proceso de deterioro. Las más urgentes, que se podrían adoptar de inmediato, son el cambio de la estructura de comercio internacional hacía actividades de mayor complejidad y productividad del trabajo y la reformulación de la concepción monetaria. El país quedaría en capacidad de avanzar en la reactivación para recuperar las tendencias históricas de la producción y el empleo y mejorar rápidamente los índices de pobreza y distribución del ingreso.
La principal causa del malestar actual se genera en la economía. La cuarentena y los protocolos del coronavirus y los desaciertos para enfrentarlo ocasionaron una reducción del ahorro que descuadró el sistema. La economía quedó en un estado de faltante de ahorro que quiebra sus principales balances. Siguiendo las señales y estímulos de mercado, el desajuste se buscó remediar con la elevación de los impuestos indirectos y al ingreso que reducen el salario y deterioran la distribución del ingreso, y terminaron en una protesta social que obligó a retirarla. La economía quedó con un severo descuadre que se manifiesta en un déficit fiscal de 9 % del PIB, que no es sostenible. Las cifras de caja están cerca de la insolvencia.
La verdad es que el país lleva un año en la pandemia y en la crisis económica y no ha avanzado con un diagnóstico claro de las causas y las soluciones. El país está en la peor crisis económica del siglo por determinaciones que se hubieran podido evitar. Nadie niega que la cuarentena no detuvo la pandemia y precipitó el desastre económico.
El Gobierno desde el primer momento ha buscado infructuosamente contrarrestar la caída del ahorro que venía de atrás y agravada en forma drástica por la pandemia y la política fiscal para financiar el consumo. La economía quedó arrinconada con un déficit fiscal de 9 % del PIB, que es insostenible; ocasiona un desbalance interno que deprime la producción, el empleo y el crecimiento. El desajuste se contrarresta con bajas disimuladas de salarios que recaen en los sectores laborales y al final reducen la participación de los ingresos del trabajo en el producto nacional y suben el coeficiente de Gini.
El Gobierno y Carrasquilla, siguiendo las señales y los estímulos de mercado, buscaron la salida con una reforma tributaria que eleva los gravámenes indirectos y al ingreso de los grupos medios y significa la reducción del salario. En consecuencia, los ingresos del trabajo en el producto nacional se reducen y la distribución del ingreso se deteriora. El proyecto de ley desata una fuerte protesta pública que obliga a retirar el proyecto radicado en el Congreso. El Gobierno no tiene otro medio para elevar el ahorro y reducir los déficits fiscales que reducir el salario que precipita la protesta social. El modelo de equilibrio y libre mercado naufraga.
La economía no es sostenible dentro del modelo existente que justificó la reforma fallida de Carrasquilla. A diferencia de la teoría neoclásica que proclama que el crecimiento y la distribución son separables, en la realidad los dos principales propósitos de la economía están en abierto conflicto. El aumento del ahorro requerido para impulsar la producción y el empleo ocasiona una reducción del salario que deteriora la distribución del ingreso y precipita la protesta social que lo torna inviable.
La solución, que he planteado insistentemente, es el cambio de modelo económico mediante reformas estructurales que incrementen el ahorro y sostengan el salario. Las fórmulas las he planteado y divulgado desde hace un año. Su adopción habría evitado muchos de los daños y detenido el proceso de deterioro. Las más urgentes, que se podrían adoptar de inmediato, son el cambio de la estructura de comercio internacional hacía actividades de mayor complejidad y productividad del trabajo y la reformulación de la concepción monetaria. El país quedaría en capacidad de avanzar en la reactivación para recuperar las tendencias históricas de la producción y el empleo y mejorar rápidamente los índices de pobreza y distribución del ingreso.