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La crisis económica ha contribuido a aclarar las características del modelo que ha operado en Colombia los últimos 30 años. La economía se fundamentó en las teorías de Say y Ricardo, que establecen que la oferta crea su propia demanda y el libre comercio conduce a la especialización más eficiente. Se esperaba que los estímulos de mercado inducirían a los empresarios a establecer actividades de productividad creciente. De esta manera, el crecimiento se elevaría y la distribución del ingreso mejoraría. Los resultados fueron muy distintos. La mayoría de la fuerza de trabajo opera en empresas de menos de tres trabajadores y las productividades del capital y del trabajo crecieron cero en los últimos 30 años.
El mal funcionamiento microeconómico tiene un claro reflejo en el funcionamiento macroeconómico. La economía opera con bajas tasas de ahorro y déficit en cuenta corriente que impiden el balance entre el ahorro y la inversión, entre las importaciones y las exportaciones, y el crecimiento económico. Así lo confirma la información agregada que muestra que el crecimiento de la producción y el empleo entre 1990 y la fecha ha sido muy inferior al del período anterior y a cualquier otro entre 1945 y 1970. Por lo demás, los índices de distribución del ingreso son lamentables. La pobreza monetaria se mantiene en el 50 %, el coeficiente de Gini se acerca a 0,55 y la participación del trabajo en el PIB disminuye.
La falla grande estuvo en la apertura económica que configuró una estructura económica de baja complejidad y baja productividad del trabajo, y luego agravada por la cuarentena. La economía quedó operando con bajas tasas de ahorro y déficit en cuenta corriente que impiden el balance entre el ahorro y la inversión, el balance entre importaciones y exportaciones, y el crecimiento económico y el empleo. Por lo demás, carece de un marco institucional y una política financiera que propicien las actividades de mayor potencial de expansión que el promedio.
Nada de esto es nuevo. Las dos teorías se han visto controvertidas por la evidencia histórica del último siglo. Y no se aprendió de la experiencia.
En la encrucijada, un grupo de 23 economistas que tuvieron altas responsabilidades en el manejo económico de anteriores administraciones proponen reducir el salario en 20 %. Algo similar recomendaron en días anteriores la Anif y expertos de prestigiosas universidades del exterior. Si los salarios se bajan para que las empresas ganen más y produzcan más, el procedimiento fracasa porque no hay quién compre la producción. Los resultados serían traumáticos. La productividad disminuiría, la actividad productiva no se recuperaría y, en su lugar, el deterioro de la distribución del ingreso se acentuaría. El remedio resulta peor que la enfermedad.
El panorama no está despejado. El déficit en cuenta corriente propicia la adquisición de la producción y dispara el desempleo. El mercado interno carece del ahorro que permite expandir la inversión y los consumos de alta expansión por encima del promedio.
Lo que se plantea es sustituir las teorías tanto de Say como de Ricardo por la intervención estatal para conformar una estructura comercial superavitaria de alta productividad del trabajo que reduzca la brecha de salarios con los países desarrollados. Adicionalmente, es necesario avanzar en un marco institucional en que la inversión, al igual que los bienes de consumo de alta capacidad de expansión, evolucionan por encima del promedio. Así las cosas, la economía entraría en un proceso ascendente y generalizado de la productividad que permitiría mejorar en forma rápida los salarios y la distribución del ingreso, así como restaurar el crecimiento y el empleo.
