En días pasados, la administración distrital sometió a consideración del Concejo la enajenación del 20 % de la participación accionaria en la Empresa de Energía de Bogotá.
El trámite sigue el ejemplo de Isagén de intercambiar activos de alto rendimiento en el sector energético por activos de bajo rendimiento en la infraestructura vial. Asimismo, se repite la experiencia de la privatización de la ETB que se justificó con cifras ficticias y sin los estudios exigidos por la ley 226 de privatizaciones. Luego de un año de haber sido anunciada la operación, no se dispone de un estudio de valoración de la empresa.
Los balances de la EEB muestran incrementos anuales de más de 30 % en los ingresos y utilidades. No es aventurado afirmar que la rentabilidad está cerca de 34 %. En términos simples, el Distrito dejaría de recibir esta cifra a cambio de obtener otra de 5 % en las obras viales, incurriendo en claro detrimento patrimonial.
Las empresas como Isagén y EEB tienen características que les permiten generar rentabilidades futuras superiores al resto de las empresas y el promedio de la economía. Como las evaluaciones se hacen con cifras del pasado, que no siempre captan adecuadamente las posibilidades del futuro, tan solo después de 3 o 4 años se advierte el verdadero potencial económico. Así, la enajenación de Isagén la justificó el ministro de Hacienda sobre la base de que la rentabilidad de la empresa es igual a la de un CDT, algo así como 3,5 %. La afirmación ha sido totalmente controvertida por los hechos: en el último año el precio de la acción aumentó más de 20 %. Lo mismo ocurrió con la venta de la subsidiaria de EEB de gas GTI por US$430 millones. Tan solo recientemente se reconoció que el valor de la empresa se duplicó en tres años.
En el fondo se trata de empresas que valen más que las acciones. La diferencia no se capta en las cotizaciones de mercado ni en los balances del pasado. Solo se observa en el futuro, cuando la empresa se valoriza y obtiene rentabilidades estrafalarias. Este hecho, que es ignorado por el Distrito y el Concejo, lo conocen muy bien los compradores y la aplican a la perfección.
Los recursos de la privatización de la EEB, al igual que la privatización de la ETB, se destinaran a la financiación de grandes planes de infraestructura vial. Ni más ni menos, se plantea elevar la inversión anual en 50 % durante los próximos tres años. Sin embargo, nadie sabe quiénes adquirirán o utilizarán esos servicios y, lo más grave, cómo se pagarán. Si se tiene en cuenta que los grandes beneficiarios de las obras públicas son los sectores de altos ingresos, la operación podría resultar altamente inequitativa.
También se dice que la operación favorecerá a los ciudadanos de a pie, que podrán obtener grandes valorizaciones en las acciones. La realidad es muy distinta. En general se encuentra que las personas naturales que adquieren esos títulos son una minoría y que la mayor parte queda en los grupos económicos, y en este caso particular, los fondos privados de pensiones.
La exposición de motivos desconoce las condiciones financieras de la empresa y no incluye un análisis de los beneficios para la ciudad. Al igual que ocurrió con la ETB, se incumple la ley 226, que establece como primer requisito para la privatización la valoración de la empresa. Las estimaciones tentativas basadas en las cotizaciones de las acciones y los balances del pasado subvaloran la empresa. Lamentablemente, la propuesta resquebraja la estructura de las empresas distritales para configurar un programa faraónico de infraestructura vial, cuando lo que se requiere es conservarla y fortalecerla para mantener un flujo permanente de ingresos que permita ampliar la red de servicios básicos y erradicar la exclusión social de la ciudad.
En días pasados, la administración distrital sometió a consideración del Concejo la enajenación del 20 % de la participación accionaria en la Empresa de Energía de Bogotá.
El trámite sigue el ejemplo de Isagén de intercambiar activos de alto rendimiento en el sector energético por activos de bajo rendimiento en la infraestructura vial. Asimismo, se repite la experiencia de la privatización de la ETB que se justificó con cifras ficticias y sin los estudios exigidos por la ley 226 de privatizaciones. Luego de un año de haber sido anunciada la operación, no se dispone de un estudio de valoración de la empresa.
Los balances de la EEB muestran incrementos anuales de más de 30 % en los ingresos y utilidades. No es aventurado afirmar que la rentabilidad está cerca de 34 %. En términos simples, el Distrito dejaría de recibir esta cifra a cambio de obtener otra de 5 % en las obras viales, incurriendo en claro detrimento patrimonial.
Las empresas como Isagén y EEB tienen características que les permiten generar rentabilidades futuras superiores al resto de las empresas y el promedio de la economía. Como las evaluaciones se hacen con cifras del pasado, que no siempre captan adecuadamente las posibilidades del futuro, tan solo después de 3 o 4 años se advierte el verdadero potencial económico. Así, la enajenación de Isagén la justificó el ministro de Hacienda sobre la base de que la rentabilidad de la empresa es igual a la de un CDT, algo así como 3,5 %. La afirmación ha sido totalmente controvertida por los hechos: en el último año el precio de la acción aumentó más de 20 %. Lo mismo ocurrió con la venta de la subsidiaria de EEB de gas GTI por US$430 millones. Tan solo recientemente se reconoció que el valor de la empresa se duplicó en tres años.
En el fondo se trata de empresas que valen más que las acciones. La diferencia no se capta en las cotizaciones de mercado ni en los balances del pasado. Solo se observa en el futuro, cuando la empresa se valoriza y obtiene rentabilidades estrafalarias. Este hecho, que es ignorado por el Distrito y el Concejo, lo conocen muy bien los compradores y la aplican a la perfección.
Los recursos de la privatización de la EEB, al igual que la privatización de la ETB, se destinaran a la financiación de grandes planes de infraestructura vial. Ni más ni menos, se plantea elevar la inversión anual en 50 % durante los próximos tres años. Sin embargo, nadie sabe quiénes adquirirán o utilizarán esos servicios y, lo más grave, cómo se pagarán. Si se tiene en cuenta que los grandes beneficiarios de las obras públicas son los sectores de altos ingresos, la operación podría resultar altamente inequitativa.
También se dice que la operación favorecerá a los ciudadanos de a pie, que podrán obtener grandes valorizaciones en las acciones. La realidad es muy distinta. En general se encuentra que las personas naturales que adquieren esos títulos son una minoría y que la mayor parte queda en los grupos económicos, y en este caso particular, los fondos privados de pensiones.
La exposición de motivos desconoce las condiciones financieras de la empresa y no incluye un análisis de los beneficios para la ciudad. Al igual que ocurrió con la ETB, se incumple la ley 226, que establece como primer requisito para la privatización la valoración de la empresa. Las estimaciones tentativas basadas en las cotizaciones de las acciones y los balances del pasado subvaloran la empresa. Lamentablemente, la propuesta resquebraja la estructura de las empresas distritales para configurar un programa faraónico de infraestructura vial, cuando lo que se requiere es conservarla y fortalecerla para mantener un flujo permanente de ingresos que permita ampliar la red de servicios básicos y erradicar la exclusión social de la ciudad.