Los episodios recientes sobre la negociación del salario mínimo, la ley de financiamiento y la evolución del producto nacional revelan un panorama enrarecido y confuso. En la negociación del salario mínimo, el Gobierno y las empresas proponen un ajuste del 4 %. El aumento está por debajo del incremento de la productividad del trabajo en el último año y mucho más del nivel absoluto si se tiene en cuenta el atraso de más de 14 puntos que viene de diez años atrás. Cifras de la DIAN revelan que luego de tres reformas tributarias de la administración anterior, los recaudos aumentaron por debajo de la inflación en los primeros once meses. Algo similar ocurrirá con la reforma tributaria presentada por la actual administración y modificada por el Congreso. Los recaudos aumentarán en el próximo año y luego descenderán. Para completar, la información de los diez primeros meses indican que la economía crecerá cerca del 2,7 %, muy por debajo de las proyecciones de los organismos internacionales y el Gobierno.
Los gestores de la política no solo fracasan en las predicciones, sino también en la función central de mantener la economía dentro de sus posibilidades reales. Estamos ante una economía que no puede incrementar los recaudos tributarios por encima de la inflación, propiciar salarios de acuerdo con la contribución de los trabajadores a la producción y sostener una expansión del gasto igual al producto nacional.
Se configuró un sistema de bajo ahorro inducido por las fugas de capitales a los paraísos fiscales, gasto por debajo del producto nacional causado por la ineficacia de la política monetaria para regular la tasa de interés y el volumen del crédito, y una estructura externa deficitaria dominada por los recursos naturales y los bienes industriales agrícolas de baja productividad. El sistema no tiene la discrecionalidad para impulsar el crecimiento económico y sostener el salario, que es el principal determinante de la distribución del ingreso. Las acciones gubernamentales se reducen a bajar las tarifas tributarias de las empresas y ampliar los programas asistencialistas con mayores impuestos a la clase media. Sin duda, el libre mercado dejó a los países sin instrumentos para alcanzar los grandes propósitos nacionales. Las economías crecen lentamente, la participación del capital en el producto aumenta y el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso se mantiene excesivamente alto.
Se ha configurado una organización que solo puede darles subsidios a las grandes empresas y asistencialismo al 30 % más pobre. No puede ir más allá de aliviar la pobreza. No está en capacidad de generar la riqueza con las posibilidades que ofrece el crecimiento ni mucho menos de distribuirla y reducir en forma significativa las grandes diferencias de ingreso. No se ha salido de las concepciones ficticias del libro de texto, que esperan que el mercado conduzca al máximo crecimiento con equidad. La conciliación de los dos propósitos requiere la presencia del Estado, con un marco institucional de banco central que coordine la política fiscal y monetaria para mantener la igualdad entre el gasto y el producto nacional, regulación financiera para elevar el ahorro del capital, política comercial e industrial orientada a configurar una estructura superavitaria de alta productividad, y una organización fiscal de elevada progresividad tributaria y focalización del gasto, para que los sectores menos favorecidos reciban un porcentaje superior a su participación en la población.
Los episodios recientes sobre la negociación del salario mínimo, la ley de financiamiento y la evolución del producto nacional revelan un panorama enrarecido y confuso. En la negociación del salario mínimo, el Gobierno y las empresas proponen un ajuste del 4 %. El aumento está por debajo del incremento de la productividad del trabajo en el último año y mucho más del nivel absoluto si se tiene en cuenta el atraso de más de 14 puntos que viene de diez años atrás. Cifras de la DIAN revelan que luego de tres reformas tributarias de la administración anterior, los recaudos aumentaron por debajo de la inflación en los primeros once meses. Algo similar ocurrirá con la reforma tributaria presentada por la actual administración y modificada por el Congreso. Los recaudos aumentarán en el próximo año y luego descenderán. Para completar, la información de los diez primeros meses indican que la economía crecerá cerca del 2,7 %, muy por debajo de las proyecciones de los organismos internacionales y el Gobierno.
Los gestores de la política no solo fracasan en las predicciones, sino también en la función central de mantener la economía dentro de sus posibilidades reales. Estamos ante una economía que no puede incrementar los recaudos tributarios por encima de la inflación, propiciar salarios de acuerdo con la contribución de los trabajadores a la producción y sostener una expansión del gasto igual al producto nacional.
Se configuró un sistema de bajo ahorro inducido por las fugas de capitales a los paraísos fiscales, gasto por debajo del producto nacional causado por la ineficacia de la política monetaria para regular la tasa de interés y el volumen del crédito, y una estructura externa deficitaria dominada por los recursos naturales y los bienes industriales agrícolas de baja productividad. El sistema no tiene la discrecionalidad para impulsar el crecimiento económico y sostener el salario, que es el principal determinante de la distribución del ingreso. Las acciones gubernamentales se reducen a bajar las tarifas tributarias de las empresas y ampliar los programas asistencialistas con mayores impuestos a la clase media. Sin duda, el libre mercado dejó a los países sin instrumentos para alcanzar los grandes propósitos nacionales. Las economías crecen lentamente, la participación del capital en el producto aumenta y el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso se mantiene excesivamente alto.
Se ha configurado una organización que solo puede darles subsidios a las grandes empresas y asistencialismo al 30 % más pobre. No puede ir más allá de aliviar la pobreza. No está en capacidad de generar la riqueza con las posibilidades que ofrece el crecimiento ni mucho menos de distribuirla y reducir en forma significativa las grandes diferencias de ingreso. No se ha salido de las concepciones ficticias del libro de texto, que esperan que el mercado conduzca al máximo crecimiento con equidad. La conciliación de los dos propósitos requiere la presencia del Estado, con un marco institucional de banco central que coordine la política fiscal y monetaria para mantener la igualdad entre el gasto y el producto nacional, regulación financiera para elevar el ahorro del capital, política comercial e industrial orientada a configurar una estructura superavitaria de alta productividad, y una organización fiscal de elevada progresividad tributaria y focalización del gasto, para que los sectores menos favorecidos reciban un porcentaje superior a su participación en la población.