La privatización ha sido la reforma neoliberal de mayores tropiezos e inequidades. Las empresas públicas se entregaron a menos de la mitad de su valor real, y ahora se intenta repetir la historia con la ETB. La operación de la venta fue autorizada por la junta directiva, la asamblea general, los cuerpos técnicos y administrativos, las firmas calificadoras de riesgo y el Concejo de Bogotá. La administración anunció la apertura del proceso de licitación y fijó como referencia un precio cercano al del mercado. Fue necesario que un juez independiente examinara desprevenidamente el proceso para advertir que no se cumplió con los requisitos establecidos en la ley en materia de estudios y procedimientos, y procediera a suspenderla. Tan cierto es esto que todos los trámites se realizaron sin el estudio de valoración exigido como requisito central en la Ley 226, de privatizaciones. La tarea se le contrató posteriormente a la firma JP Morgan y hasta ahora los resultados no han sido presentados a la opinión pública.
Lo más lamentable ha sido el esfuerzo del alcalde y del gerente para desprestigiar la empresa. Sin mayor consideración por sus cargos. La han calificado de fiasco, lastre, zapatos viejos, ineficiente, incompetente.
El desastre se ha tratado de ilustrar en la presentación de los balances con el rubro de pérdidas y ganancias, que en el año 2016 registró un valor negativo de $120.000 millones. El indicador corresponde al Ebitda, que representa la diferencia entre los ingresos y los costos y constituye un parámetro estructural menos la depreciación, que es un dato contable, y la amortización, que es un elemento financiero temporal.
La cifra tiene mucho que ver con el elevado nivel de inversión realizado entre 2012 y 2016. Por tratarse de una actividad de tecnología compleja y altos costos fijos, la elevada inversión da lugar a gastos operacionales y depreciaciones que en un principio no tienen como contraparte el flujo de ingresos que se genera posteriormente. Lo malo es que a esto se agrega la acción deliberada del gerente, la auditoría y la junta directiva de inflar el componente contable para mostrar un estado de quiebra que obliga a vender el activo para evitar un deterioro mayor.
La realidad es distinta. Como lo he mostrado en repetidas oportunidades, la inversión de $2,2 billones realizada por la administración anterior entre 2012 y 2016 en las actividades digitales de fibra óptica, televisión y telefonía celular, cambió totalmente el panorama. En la actualidad estos servicios crecen por encima de 70 % y representan el 25 % de los ingresos. Así, en los últimos dos años la empresa ha aumentado su participación en el mercado y mejorado significativamente el Ebitda. A la luz de esta información, se estimó con el método de valor presente el valor de la empresa y resultó en más de $4 billones.
El índice de pérdidas y ganancias es un indicador del pasado. Lo que cuenta para el precio económico es el futuro, que tiende a ser más determinado por el Ebitda, toda vez que la amortización y la depreciación tenderán a disminuir en la medida que se utilice más intensamente la inversión. Por esta razón, nuestro cálculo duplica el valor de mercado.
Estamos ante una empresa en la que los indicadores contables y estructurales no coinciden. El precio económico determinado por las condiciones del futuro es superior al precio de mercado determinado por los malabares contables. Si se mantiene como referencia para la subasta un precio de la acción cercano al del mercado, se estaría propiciando la venta de la empresa muy por debajo de su valor real, generando al comprador una rentabilidad estrafalaria y a la ciudad un detrimento patrimonial.
La privatización ha sido la reforma neoliberal de mayores tropiezos e inequidades. Las empresas públicas se entregaron a menos de la mitad de su valor real, y ahora se intenta repetir la historia con la ETB. La operación de la venta fue autorizada por la junta directiva, la asamblea general, los cuerpos técnicos y administrativos, las firmas calificadoras de riesgo y el Concejo de Bogotá. La administración anunció la apertura del proceso de licitación y fijó como referencia un precio cercano al del mercado. Fue necesario que un juez independiente examinara desprevenidamente el proceso para advertir que no se cumplió con los requisitos establecidos en la ley en materia de estudios y procedimientos, y procediera a suspenderla. Tan cierto es esto que todos los trámites se realizaron sin el estudio de valoración exigido como requisito central en la Ley 226, de privatizaciones. La tarea se le contrató posteriormente a la firma JP Morgan y hasta ahora los resultados no han sido presentados a la opinión pública.
Lo más lamentable ha sido el esfuerzo del alcalde y del gerente para desprestigiar la empresa. Sin mayor consideración por sus cargos. La han calificado de fiasco, lastre, zapatos viejos, ineficiente, incompetente.
El desastre se ha tratado de ilustrar en la presentación de los balances con el rubro de pérdidas y ganancias, que en el año 2016 registró un valor negativo de $120.000 millones. El indicador corresponde al Ebitda, que representa la diferencia entre los ingresos y los costos y constituye un parámetro estructural menos la depreciación, que es un dato contable, y la amortización, que es un elemento financiero temporal.
La cifra tiene mucho que ver con el elevado nivel de inversión realizado entre 2012 y 2016. Por tratarse de una actividad de tecnología compleja y altos costos fijos, la elevada inversión da lugar a gastos operacionales y depreciaciones que en un principio no tienen como contraparte el flujo de ingresos que se genera posteriormente. Lo malo es que a esto se agrega la acción deliberada del gerente, la auditoría y la junta directiva de inflar el componente contable para mostrar un estado de quiebra que obliga a vender el activo para evitar un deterioro mayor.
La realidad es distinta. Como lo he mostrado en repetidas oportunidades, la inversión de $2,2 billones realizada por la administración anterior entre 2012 y 2016 en las actividades digitales de fibra óptica, televisión y telefonía celular, cambió totalmente el panorama. En la actualidad estos servicios crecen por encima de 70 % y representan el 25 % de los ingresos. Así, en los últimos dos años la empresa ha aumentado su participación en el mercado y mejorado significativamente el Ebitda. A la luz de esta información, se estimó con el método de valor presente el valor de la empresa y resultó en más de $4 billones.
El índice de pérdidas y ganancias es un indicador del pasado. Lo que cuenta para el precio económico es el futuro, que tiende a ser más determinado por el Ebitda, toda vez que la amortización y la depreciación tenderán a disminuir en la medida que se utilice más intensamente la inversión. Por esta razón, nuestro cálculo duplica el valor de mercado.
Estamos ante una empresa en la que los indicadores contables y estructurales no coinciden. El precio económico determinado por las condiciones del futuro es superior al precio de mercado determinado por los malabares contables. Si se mantiene como referencia para la subasta un precio de la acción cercano al del mercado, se estaría propiciando la venta de la empresa muy por debajo de su valor real, generando al comprador una rentabilidad estrafalaria y a la ciudad un detrimento patrimonial.