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La reforma de la salud se aprobó en comisiones séptimas de Senado y Cámara. Como lo señala la Asociación Médica, las normas dejan muchos de los interrogantes y dudas planteadas al proyecto de emergencia económica de la administración anterior.
Luego de que las tutelas y las EPS aprobaran durante varios años servicios médicos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), el sistema quedó expuesto a egresos superiores a los ingresos que terminaron en su inviabilidad financiera. El Fosyga (Fondo de solidaridad) no reconoce la totalidad de los servicios aprobados por las EPS y éstas incumplen los compromisos con los hospitales y las IPS.
En los decretos expedidos por la anterior administración la dificultad se intentó subsanar con trámites, requerimientos y amenazas que reducían el acceso de los pacientes por la vía operativa, lo que generó un gran rechazo ciudadano.
El nuevo proyecto está orientado fundamentalmente a unificar el sistema contributivo y subsidiado. A estas alturas no se han precisado los servicios que incluiría el nuevo POS y a primera vista parecería que no avanzaría mucho mas de lo servicios de medicina general.
Al igual que en el sistema vigente, los servicios especializados quedarían a discrecionalidad de las EPS y de procedimientos infringidos. Lo más preocupante es que no se sabe de dónde provendrán los recursos para cubrirlos, ni la forma cómo se resolverá el faltante del Fosyga y las deudas de las EPS con los hospitales y las IPS.
La verdad es que los gobiernos no están dispuestos a asignar las partidas para ser efectivo el derecho a la universalidad de la salud proclamada en la Constitución y reclamada por la corte. Al parecer, la actual administración irá mucho más lejos de la anterior mediante la reforma constitucional de la regla fiscal, que cursa silenciosamente en el Congreso, y eleva la sostenibilidad fiscal al mismo nivel de los derechos fundamentales. Las autoridades económicas quedan en condiciones de limitar los servicios especializados con disposiciones corrientes y neutralizar las tutelas y las exigencias de la Corte.
No sobra señalar que la sostenibilidad fiscal es un concepto subjetivo que le introduce un palo en la rueda de la política fiscal. No faltaran quienes siempre la vean amenazada, y la conviertan en una disculpa para no elevar los impuestos y mantener otros gastos menos importantes.
El estado social de derecho representó el aspecto más de fondo de la Constitución de 1991. Dentro de un abierto consenso, se consideró que el país había alcanzado un estado de desarrollo y madurez que le permitía crear las condiciones tributarias y el control de gastos, para sustentar una política social basada en los derechos fundamentales que revirtiera las tendencias crecientes de deterioro de la distribución del ingreso. Sin embargo, desde su expedición las baterías se orientaron a desvirtuar el propósito.
La primera fisura lo propinó la Ley 100 que entregó la administración de la salud y las pensiones al lucro individual, la segunda el acto legislativo que limitó las transferencias regionales por debajo del crecimiento económico, y ahora el golpe de gracia proviene de la regla fiscal y el desmonte de la universalidad de la salud. Sin hacerlo explicito, los gobiernos y el Congreso le están diciendo no a la prioridad social establecida en la Constitución de 1991.
