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La reforma de la salud está concebida como una forma de subsanar las deficiencias del sistema. En palabras de la ministra de Salud, las EPS obtienen $6,5 billones por la intermediación.
El sistema adolece de serias fallas administrativas que se buscan resolver con su desmonte, como sería el traslado de la intermediación al sector oficial. Al igual que en la educación, las pensiones y la infraestructura, los márgenes de administración y operación son excesivamente altos. Pero no se conocen los detalles y no existe suficiente información sobre las soluciones concretas. Los entuertos se arreglan con medios que los agravan.
Desde luego, el sistema de salud tiene deficiencias, pero en lo esencial opera bien. Los servicios prestados por hospitales o clínicas son altamente satisfactorios y muestran un avance incuestionable con respecto al pasado. La falla está en que los buenos servicios se concentran en las áreas urbanas, donde se obtienen mayores márgenes de ganancia que en el resto del país.
El alto margen de ganancia es un problema generalizado de la administración de los servicios públicos, proviene de la naturaleza piramidal de los ingresos que se generan mucho antes de las erogaciones y ocurre en mayor grado en las pensiones y en la infraestructura. El otro factor es el poder monopólico. Por tratarse de un derecho fundamental, los usuarios están dispuestos a realizar grandes sacrificios para obtenerlo.
En el libro Teorías del crecimiento y la distribución para una nueva era muestro que las transferencias de servicios básicos no llegan en la proporción debida al 40 % más pobre de la población debido a las elevadas ganancias de intermediación. La privatización de los servicios públicos no salió bien. La excesiva ganancia de los intermediarios impide que los servicios lleguen a los sectores más vulnerables y es una de las principales razones del elevado coeficiente de Gini de la distribución del ingreso del país.
La solución de fondo está más en la orientación del gasto que en los ingresos operacionales de las EPS y se puede lograr con cambios institucionales menores. Lo más fácil es ampliar la cobertura de las EPS en las regiones alejadas, donde operan con menores márgenes, y elevar el acceso del 40 % más pobre.
Las reformas al sistema de salud se ven seriamente restringidas por el estado global de la economía, que está abocada a una cuantiosa reducción del ahorro nacional y tiene su manifestación más clara en el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente de más de 10 % del PIB. Por los desaciertos en el manejo de la política macroeconómica que he señalado en forma reiterada, el país no dispone de margen para ampliar el gasto público.
La mayor discrecionalidad para reducir los elevados márgenes de ganancia en la salud, al igual que en las pensiones e infraestructura, está en la ampliación de la gestión de las EPS en las regiones más alejadas del país y en particular en la extensión del acceso de los sectores más vulnerables, como sería ampliar la cobertura del 40 % más pobre de la población en el gasto público.
