Los insucesos del sistema pensional vienen de la Ley 100 de 1993, adelantada durante la administración de César Gaviria por funcionarios y gobernantes que desconocían el tema. La ley colombiana fue copiada de la chilena, que estaba fundamentada en idealizaciones de mercado que han sido controvertidas por los hechos.
La política social ha sido una de las principales causas del deterioro de la distribución del ingreso y ha sido seriamente influida por las concepciones del libre mercado. El libre comercio ha inducido la sustitución de los gravámenes a los ingresos de las personas jurídicas por impuestos indirectos, como el IVA. Las empresas mejoran la competitividad externa a cambio de la equidad. Algo similar sucede con la privatización de los servicios públicos que operan con organizaciones piramidales. Los pagos se realizan mucho antes que la prestación de los servicios. Las empresas operan con pasivos mayores que los activos, lo que le significan grandes ganancias. Los ingresos del sistema son mayores que las cotizaciones. Las diferencias constituyen rentas que varían con las características institucionales. En la modalidad de prima media son captadas por el gobierno y trasladadas a los afiliados. En el sistema privado son captados por las empresas que se las apropian o son trasladadas a los afiliados en forma proporcional al ingreso.
La inequidad del sistema pensional es determinada por su misma naturaleza. En razón de que los beneficios sociales son mayores que los individuales, dicho en otros términos, los ingresos del sistema son mayores que las cotizaciones, las rentas son captadas por los organismos privados y públicos, y distribuidas por ellos con criterios de mercado y ganancia. Los mayores beneficios recaen en las personas de mayores ingresos.
Lo anterior nunca fue bien entendido por los gestores, administradores y economistas. Basados en las visiones convencionales dieron por cierto que los beneficios sociales del sistema son iguales a los privados. Así la privatización estaba en capacidad de generar iguales o mayores pensiones que el sistema tradicional de prima media. Se equivocaron en materia grave. Mientras en Colombia en el sistema tradicional de prima media se reconoce a una pensión equivalente al 70 % de los ingresos (tasa de reemplazo), en el sistema privado apenas llega al 30 %.
La privatización del sistema pensional fue un monumental error histórico que resquebrajó la equidad fiscal. El daño está hecho, la monumental renta proveniente y acumulada durante siglos se trasladó a los sectores en forma creciente a sus ingresos. El 20 % más rico obtiene el 80 % de las pensiones y el 40 % más pobre recibe menos del 4 %. La modalidad significa pensiones para muchos años y derechos que no son fáciles de modificar. El margen de maniobra se reduce a los nuevos afiliados.
Sin duda, la competencia internacional inducida por el libre comercio afectó en materia grave la eficacia distributiva de la política fiscal. La competitividad externa inducida por el mercado se obtiene a cambio de la sustitución de la tributación al ingreso y el patrimonio por la tributación indirecta, como el IVA. Para completar, la operación de los fondos privados (AFP) gira en torno a la apropiación de las rentas pensionales y en su movilización hacia los grupos de mayores ingresos.
La reforma pensional anunciada por el Gobierno solo puede moderar los desaciertos distributivos del pasado en cuanto que limite las rentas pensionales a los sectores de menores ingresos. En la práctica se plantea, primero, restringir el acceso a Colpensiones a los trabajadores con salarios cercanos al mínimo. Segundo, intervenir los fondos privados para establecer tasas de reemplazo decrecientes con el nivel de ingreso del afiliado.
