América Latina se caracterizó durante mucho tiempo por la homogeneidad de las orientaciones y las instituciones políticas y económicas.
El panorama cambió en los últimos diez años en materia económica. De un lado, están los países de la Alianza para el Pacífico y, de otro, los países del Cono Sur y sus adherentes, más concretamente Argentina, Brasil Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los primeros están comprometidos con el modelo de libre mercado anglosajón y se caracterizan por darles una abierta prioridad al mercado y a la estabilidad. Los últimos evolucionan dentro de distintas modalidades que le dan prioridad a la reducción de las desigualdades dentro de las doctrinas europeas de la social democracia.
Lo anterior aparece claramente reflejado en la recopilación de la publicación de la Cepal titulada “Tres décadas de crecimiento desigual e inestable”. Allí se observa que los países de la Alianza del Pacífico operan con menos impuestos en términos del producto nacional, menor gasto social y poca participación del trabajo en el producto nacional. Se aprecia que en la actualidad opera con mejores índices de crecimiento y estabilidad de precios.
Los países de la Alianza del Pacífico se han mantenido dentro de los postulados del Consenso de Washington. Las economías operan dentro de dispositivos que deprimen el salario y bajan los impuestos para elevar la capitalización y ampliar el comercio internacional, y la productividad y las remuneraciones de los grupos altos y medios crecen dejando de lado al sector laboral. Los ingresos del trabajo, y en mayor grado los del 40% más pobre, disminuyen en términos del producto nacional. La disparidad más preocupante se da en Perú, que constituye la mejor ilustración del crecimiento impulsado por represión laboral y poca tributación.
Los países en la órbita del Cono Sur siguieron el camino de la equidad sin teorías explícitas y claridad sobre las secuelas. Muchos de ellos operan con bajos ritmos de crecimiento y altas tasas de inflación. Tal vez la mejor síntesis se encuentra en Ecuador, que ha mejorado en los índices de equidad, en particular en los ingresos del trabajo y los recaudos tributarios, sin afectar el crecimiento y la estabilidad. Argentina y Brasil, luego de lograr reducciones de las desigualdades en la primera década del siglo, en la actualidad se ven frenados por los desbalances cambiarios y la inflación.
Parte de la falla está en que las políticas distributivas se han adoptado dentro de un marco del orden económico dominante con ajustes menores. Al igual que Europa continental, en la práctica el crecimiento se busca con el modelo económico convencional y la distribución con políticas de gasto. El expediente reduce las inequidades a cambio de efectos negativos sobre la producción, el empleo y la estabilidad cambiaria y de precios.
El interrogante es cómo continuar y fortalecer la prioridad de la equidad sin interferir en la inversión y el comercio internacional. Lo primero es formular una teoría comprensiva de las causas de la distribución del ingreso y los medios para domarlas y alinearlas. Habría que avanzar en un modelo económico que quiebre la tendencia decreciente del ingreso del trabajo en el producto nacional y, en particular, del 40% más pobre. La prescripción requiere cambiar el perfil productivo, conciliar el mercado interno y el externo, elevar los gravámenes al capital y los ingresos altos, y adoptar una política laboral activa del salario mínimo y subsidios al empleo.
América Latina se caracterizó durante mucho tiempo por la homogeneidad de las orientaciones y las instituciones políticas y económicas.
El panorama cambió en los últimos diez años en materia económica. De un lado, están los países de la Alianza para el Pacífico y, de otro, los países del Cono Sur y sus adherentes, más concretamente Argentina, Brasil Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los primeros están comprometidos con el modelo de libre mercado anglosajón y se caracterizan por darles una abierta prioridad al mercado y a la estabilidad. Los últimos evolucionan dentro de distintas modalidades que le dan prioridad a la reducción de las desigualdades dentro de las doctrinas europeas de la social democracia.
Lo anterior aparece claramente reflejado en la recopilación de la publicación de la Cepal titulada “Tres décadas de crecimiento desigual e inestable”. Allí se observa que los países de la Alianza del Pacífico operan con menos impuestos en términos del producto nacional, menor gasto social y poca participación del trabajo en el producto nacional. Se aprecia que en la actualidad opera con mejores índices de crecimiento y estabilidad de precios.
Los países de la Alianza del Pacífico se han mantenido dentro de los postulados del Consenso de Washington. Las economías operan dentro de dispositivos que deprimen el salario y bajan los impuestos para elevar la capitalización y ampliar el comercio internacional, y la productividad y las remuneraciones de los grupos altos y medios crecen dejando de lado al sector laboral. Los ingresos del trabajo, y en mayor grado los del 40% más pobre, disminuyen en términos del producto nacional. La disparidad más preocupante se da en Perú, que constituye la mejor ilustración del crecimiento impulsado por represión laboral y poca tributación.
Los países en la órbita del Cono Sur siguieron el camino de la equidad sin teorías explícitas y claridad sobre las secuelas. Muchos de ellos operan con bajos ritmos de crecimiento y altas tasas de inflación. Tal vez la mejor síntesis se encuentra en Ecuador, que ha mejorado en los índices de equidad, en particular en los ingresos del trabajo y los recaudos tributarios, sin afectar el crecimiento y la estabilidad. Argentina y Brasil, luego de lograr reducciones de las desigualdades en la primera década del siglo, en la actualidad se ven frenados por los desbalances cambiarios y la inflación.
Parte de la falla está en que las políticas distributivas se han adoptado dentro de un marco del orden económico dominante con ajustes menores. Al igual que Europa continental, en la práctica el crecimiento se busca con el modelo económico convencional y la distribución con políticas de gasto. El expediente reduce las inequidades a cambio de efectos negativos sobre la producción, el empleo y la estabilidad cambiaria y de precios.
El interrogante es cómo continuar y fortalecer la prioridad de la equidad sin interferir en la inversión y el comercio internacional. Lo primero es formular una teoría comprensiva de las causas de la distribución del ingreso y los medios para domarlas y alinearlas. Habría que avanzar en un modelo económico que quiebre la tendencia decreciente del ingreso del trabajo en el producto nacional y, en particular, del 40% más pobre. La prescripción requiere cambiar el perfil productivo, conciliar el mercado interno y el externo, elevar los gravámenes al capital y los ingresos altos, y adoptar una política laboral activa del salario mínimo y subsidios al empleo.