En días pasados se anunció que en la asamblea anual de la Andi participarían reconocidos expertos internacionales y altos funcionarios para trazar los lineamientos de la política del futuro. Luego de enjundiosas presentaciones y entrevistas, el contenido y el cómo de la iniciativa no pasa de los adjetivos.
Hace 25 años, el país se comprometió con un desarrollo impulsado por las exportaciones, en especial las industriales. Para tal efecto desmontó los aranceles, firmó el TLC, liberó el cambio y generó todo tipo de estímulos para la inversión extrajera. Se daba por cierto que la mayor capitalización de las empresas y el acceso a los mercados internacionales inducirían un desarrollo internacional que se reforzaría. Las mayores ganancias de las empresas atraerían más inversión extranjera y ésta redundaría en más capital que aumentaría la oferta y la diversificación industrial. Nada de esto ocurrió. La participación de la industria en el producto bajó de 16 % a 11 % y las exportaciones industriales crecieron por debajo del promedio nacional. Se configuró un déficit en cuenta corriente creciente que se financia con inversión extranjera y los altos precios de las commodities. En la actualidad, la economía crece menos de 2 % y el desempleo aumenta, al tiempo que el déficit en cuenta corriente asciende a 6 % del PIB.
¿Qué ocurrió? El voluntarismo de las exportaciones se basó en una teoría equivocada. De acuerdo con la teoría de ventaja comparativa, el libre mercado lleva a una especialización en los productos que el país está en mejores condiciones de elaborar, es decir, que puede hacerse a menor costo relativo y, en consecuencia, puede colocar indefinidamente los mercados internacionales. La realidad es distinta. Los bienes que el país está en mejores condiciones de producir son los servicios y los bienes industriales intensivos en mano de obra no calificada y productos agrícolas tropicales, que carecen de demanda externa. En consecuencia, se configura una estructura externa deficitaria, en la cual las importaciones superan las exportaciones y la diferencia se cubre con inversión extranjera de portafolio, que se destina a la adquisición de títulos a tasas de interés superiores a las internacionales.
La política industrial es más que un diálogo entre empresarios y Gobierno. Para empezar, se debe reconocer que el libre mercado constituye un freno a la industrialización. La participación en las actividades complejas que son las que tienen mayor demanda mundial está condicionada a apoyos que compensen las diferencias de productividad. En tal sentido, la industrialización en las naciones emergentes no es posible sin la protección que contrarreste el atraso con respecto a los países más avanzados.
La industrialización no es un simple problema de empresas. La ley de Say no se cumple en la industria; la oferta no crea su propia demanda. Es indispensable un marco de elevado ahorro y superávits en cuenta corriente que sostenga el crecimiento del sector por encima del promedio de la economía. En la práctica se conseguiría con una fuerte regulación financiera y cambiaria que evite la salida de capitales y estabilice el tipo de cambio, y un banco central que les dé prioridad a la balanza de pagos y la producción.
Curiosamente, la Andi y el Gobierno pretenden rectificar el fracaso exportador e industrial con las mismas teorías y políticas que lo causaron. Mientras no se reconozca que la industrialización requiere un nuevo orden institucional que se aparte del modelo neoliberal imperante, el país está expuesto a repetir la historia de los últimos 25 años, en que los buenos propósitos de desarrollo y exportaciones industriales fueron derrotados por el cómo.
En días pasados se anunció que en la asamblea anual de la Andi participarían reconocidos expertos internacionales y altos funcionarios para trazar los lineamientos de la política del futuro. Luego de enjundiosas presentaciones y entrevistas, el contenido y el cómo de la iniciativa no pasa de los adjetivos.
Hace 25 años, el país se comprometió con un desarrollo impulsado por las exportaciones, en especial las industriales. Para tal efecto desmontó los aranceles, firmó el TLC, liberó el cambio y generó todo tipo de estímulos para la inversión extrajera. Se daba por cierto que la mayor capitalización de las empresas y el acceso a los mercados internacionales inducirían un desarrollo internacional que se reforzaría. Las mayores ganancias de las empresas atraerían más inversión extranjera y ésta redundaría en más capital que aumentaría la oferta y la diversificación industrial. Nada de esto ocurrió. La participación de la industria en el producto bajó de 16 % a 11 % y las exportaciones industriales crecieron por debajo del promedio nacional. Se configuró un déficit en cuenta corriente creciente que se financia con inversión extranjera y los altos precios de las commodities. En la actualidad, la economía crece menos de 2 % y el desempleo aumenta, al tiempo que el déficit en cuenta corriente asciende a 6 % del PIB.
¿Qué ocurrió? El voluntarismo de las exportaciones se basó en una teoría equivocada. De acuerdo con la teoría de ventaja comparativa, el libre mercado lleva a una especialización en los productos que el país está en mejores condiciones de elaborar, es decir, que puede hacerse a menor costo relativo y, en consecuencia, puede colocar indefinidamente los mercados internacionales. La realidad es distinta. Los bienes que el país está en mejores condiciones de producir son los servicios y los bienes industriales intensivos en mano de obra no calificada y productos agrícolas tropicales, que carecen de demanda externa. En consecuencia, se configura una estructura externa deficitaria, en la cual las importaciones superan las exportaciones y la diferencia se cubre con inversión extranjera de portafolio, que se destina a la adquisición de títulos a tasas de interés superiores a las internacionales.
La política industrial es más que un diálogo entre empresarios y Gobierno. Para empezar, se debe reconocer que el libre mercado constituye un freno a la industrialización. La participación en las actividades complejas que son las que tienen mayor demanda mundial está condicionada a apoyos que compensen las diferencias de productividad. En tal sentido, la industrialización en las naciones emergentes no es posible sin la protección que contrarreste el atraso con respecto a los países más avanzados.
La industrialización no es un simple problema de empresas. La ley de Say no se cumple en la industria; la oferta no crea su propia demanda. Es indispensable un marco de elevado ahorro y superávits en cuenta corriente que sostenga el crecimiento del sector por encima del promedio de la economía. En la práctica se conseguiría con una fuerte regulación financiera y cambiaria que evite la salida de capitales y estabilice el tipo de cambio, y un banco central que les dé prioridad a la balanza de pagos y la producción.
Curiosamente, la Andi y el Gobierno pretenden rectificar el fracaso exportador e industrial con las mismas teorías y políticas que lo causaron. Mientras no se reconozca que la industrialización requiere un nuevo orden institucional que se aparte del modelo neoliberal imperante, el país está expuesto a repetir la historia de los últimos 25 años, en que los buenos propósitos de desarrollo y exportaciones industriales fueron derrotados por el cómo.