Los 30 años de la constitución de 1991

La Constitución está bien en el reconocimiento de los derechos fundamentales. El país se distanció con respecto a la carta de Núñez y Caro de1886 y progreso en la dirección de la carta de derechos de 1936. Sin embargo, no se ha avanzado suficientemente en la ejecución. Así, la Constitución señala que el manejo económico debe ser justo y equitativo, al tiempo que el modelo económico propicia la reducción de los ingresos laborales. El mayor reconocimiento de los derechos fundamentales no se manifiesta en los índices de pobreza y distribución del ingreso. Colombia despliega índices de pobreza de 42 % y está entre los siete países con los mayores índices de Gini (0.54). Simplemente, los buenos oficios para proclamar los derechos fundamentales no se reflejan en las manifestaciones.

En general se observa que la pandemia del Covid-19 y los desaciertos para enfrentarla causaron serios desperfectos en la economía. El modelo económico imperante de libre mercado no contribuyó a evitarlos. Luego de 30 años de deterioro de la distribución del ingreso con el modelo de globalización y el agravamiento por el coronavirus y los desaciertos para enfrentarlos, en la actualidad el país no dispone de medios para corregirlos. El Gobierno está comprometido en reformas tributarias que bajan el salario y en entradas masivas de importaciones que desplazan la producción nacional y amplían el déficit en cuenta corriente, que tienen como contraparte el disparo del desempleo, y lo más dramático, desatan la protesta social. En fin, el país no dispone de medios para contrarrestar las secuelas de la pandemia sobre los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Las causas del desorden económico actual son la disminución del ahorro causada por la pandemia y los desaciertos para enfrentarla y el modelo económico que induce a rectificarlas reduciendo los salarios por debajo de la productividad y disparando el desempleo. Se configura la típica economía de oferta que no opera dentro de las condiciones convencionales. El mercado no conduce a la solución más eficiente, ni resuelve el conflicto con la distribución. Está en abierta contradicción con los postulados constitucionales de la ampliación de los derechos fundamentales y de la justicia social y la equidad.

La economía opera dentro de las directrices de las economías de oferta que no responden a los estímulos regulares de precios. Estamos montados en un modelo económico en el que la reducción del ahorro induce la baja del salario y el aumento del desempleo, que contraen el ingreso laboral y deterioran la distribución del ingreso a todos los niveles.

La conciliación es posible con un modelo que eleve el ahorro y sostenga el salario por encima de la productividad y el pleno empleo mediante reformas estructurales en la concepción monetaria, la estructura comercial y sectorial, las transferencias de las rentas públicas y la política laboral. En este contexto, el país estaría en capacidad acortar el atraso entre la promulgación y la realización de los de los derechos constitucionales y conformar un modelo económico que permita mejorar rápidamente la distribución del ingreso dentro de un marco de crecimiento igual o superior a la tendencia histórica. El primer paso es aumentar la base monetaria y detener la entrada de importaciones.

De ninguna manera se trata de la solución trivial de emitir para aumentar el gasto público. Lo que se plantea es el empleo de los poderes del dinero para propiciar los balances macroeconómicos.