El Gobierno postergó para el próximo año la reforma pensional. Cómo ha sido costumbre, el tema no se coge por los cachos y las soluciones se dilatan. Los sistemas pensionales son un elemento central del crecimiento y la organización social que los gobiernos de los últimos tiempos no han entendido ni tratado en forma adecuada. Las comisiones de estudio y los trabajos de investigación no han logrado
concretar las enormes fallas de la ley 100.
Antes de la ley 100 el sistema pensional operaba dentro de la modalidad de prima media. Las pensiones se cubrían con las cotizaciones de los afiliados. Lo que entraba era igual a lo que salía. Cómo se sugiere en los manuales elementales de finanzas, los activos y los pasivos se igualan.
La ley 100 dejó a los cotizantes en las AFP y a los pensionados en Colpensiones. Los primeros generan excedentes que se colocan en el sector financiero en acciones y TES y los segundos faltantes que se cubren con erogaciones presupuestales. Cómo los afiliados pueden escoger libremente entre las dos modalidades, el Gobierno no tiene ninguna capacidad de armonizarlos. Los pasivos del sistema son mayores que los activos. Lo que le entra al sistema es menos de lo que le sale para atender las obligaciones de las pensiones. Parte de la diferencia proviene de las transferencias fiscales y la otra parte de la reducción de las pensiones de las AFP con respecto a Colpensiones.
No hay que engañarse. La ley 100 configuró un marco pensional de mayores pasivos que activos. La diferencia se cubre con apropiaciones presupuestales que han tornado al sistema altamente inequitativo. El Gobierno aparece destinando cuantiosas partidas presupuestales, similares a las de la educación y el gasto militar, para sostener a los pensionados que se encuentran entre los grupos de
mayores ingresos. El 40% más pobre no obtiene ni el 4% de los beneficios.
En pocas cifras se ilustra el desbalance. Las cotizaciones pensionales corresponden al 15% de los ingresos, las mesadas de las AFP cerca de 30% y las de fondos de pensiones 65%. Si se tiene en cuenta que las cotizaciones se pagan durante 20 años y las pensiones durante otro tanto, no hay forma de equilibrar el sistema. El ahorro intergeneracional ocasionado por el sistema no está en condiciones de llenar los baches. El presupuesto nacional tiene que destinar cada vez más apropiaciones para sostener las pensiones.
Las transferencias en favor del capital y las altas rentas del trabajo no se recuperaran y los compromisos del futuro están blindados por los derechos adquiridos. Lo grave es que el desajuste estructural se busca corregir con cambios menores del andamiaje creado en la ley 100, cómo sería el alza de unos pocos puntos de las cotizaciones y de la edad de jubilación. Es hora que se reconozca que el sistema adolece de fallas estructurales que lo hacen inviable. Permite el retiro de fondos del sistema, y más, deja que los pensionados escojan entre los dos sistemas sin conocerlos a ciencia cierta, cuando en condiciones regulares la modalidad de capitalización privada genera mayores beneficios.
La ley 100 fracaso. El sistema carece de consistencia y es una fuente de inequidades. En primer lugar se plantea frenar la salida de fondos del sistema y someter el sistema de capitalización a la regulación estatal. Adicionalmente, convendría establecer la modalidad de capitalización para las rentas altas y la de prima media para las rentas menores. En este contexto, el manejo combinado de los dos sistemas permitiría recuperar la consistencia financiera y avanzar en un sistema equitativo en el cual el ahorro generacional se destine en un mayor grado a los sectores más necesitados.