En varias oportunidades he mostrado como el estado de la economía Colombia, que se asemeja mucho al resto de América Latina, obedece al modelo del libre comercio e inversión extranjera en una economía dotada intensamente en recursos naturales.
Los desajustes que vienen de atrás se han visto amplificados por la caída de los precios de los productos básicos. A la quintuplicación de las importaciones ocasionadas por la revaluación en los últimos diez años y los TLC, se le agrega el desplome de más de 50% de los precios del petróleo. La economía está expuesta a un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, con tendencia a aumentar y salida de capitales por las expectativas de devaluación.
El manejo de las nuevas realidades se está haciendo por la vía fácil del mercado y de la represión laboral. En diciembre el salario mínimo se elevó 4.5%, y la inflación al final de año fue cercana a 3.8%; el alza real no fue ni de 1% y no guarda relación con el crecimiento del ingreso per cápita que ascendió a 3%. La mayor parte de los beneficios quedaron en el capital.
Luego de la reforma tributara de 2012 que bajo los impuestos al capital y ocasiono un hueco fiscal de $12.5 billones, el Gobierno montado en el discurso de la equidad anunció una reforma tributaria que recaería en los ricos. Para tal efecto, propuso elevar el impuesto al patrimonio que venía de atrás, pero ante la crítica de los grupos empresariales, optó por sustituirlo por el impuesto de utilidades CREE, que es fácilmente trasladable al trabajo. Lo más lamentable, a última hora se incluyó un mico que autoriza al Gobierno a fijar el precio de la gasolina, lo cual es equivalente a un impuesto indirecto variable que recae en los grupos medios y no afecta a los altos. Lo cierto es que la reforma de 2014 terminó tan regresiva como la anterior.
La parte restante corre por cuenta del libre mercado. La escasez de divisas ocasionada por el cuantioso déficit en cuenta corriente llevó a un disparo de la devaluación que recae en buena medida en el salario. Si se tiene en cuenta que la demanda está representada en la tercera parte por bienes transables, aparece que la devaluación de los últimos dos meses bajo la capacidad de compra en 7%.
Es el mundo al revés. El descuadre de Colombia, al igual que el de otros países de la región, proviene del modelo de libre comercio y movimiento de capitales en economías plenas de recursos naturales, y ahora el fracaso se pretende subsanar con el mismo modelo dando rienda suelta a la devaluación y elevando la tributación indirecta para garantizar el equilibrio fiscal. Las soluciones no se buscan en las causas sino en las manifestaciones. Los daños ocasionados por el retroceso de la industria y la agricultura, los TLC, la inversión extrajera y la renuncia arancelaria se tratan de resolver con un ajuste que recae principalmente en los ingresos del trabajo. El expediente se asemeja al de los países del sur de Europa, como Grecia y España, que por medio de un ajuste draconiano redujeron los salarios en 25% para equilibrar la balanza de pagos. El propósito se logró a cambio del desempleo y la recesión indefinida.
La solución es una estrategia que actué sobre las causas de la dolencia, sin provocar otras peores. De hecho, se plantea una política industrial y agrícola que eleve la productividad mediante el aprendizaje en el oficio y la innovación, la intervención abierta en el tipo de cambio y los ingresos de inversión extranjera para evitar las grandes fluctuaciones destructivas de la balanza de pagos, la renegociación de los TLC y el retorno de los aranceles para recuperar el control de las importaciones y la amplia flexibilidad fiscal para amortiguar el impacto de los choques externos.
En varias oportunidades he mostrado como el estado de la economía Colombia, que se asemeja mucho al resto de América Latina, obedece al modelo del libre comercio e inversión extranjera en una economía dotada intensamente en recursos naturales.
Los desajustes que vienen de atrás se han visto amplificados por la caída de los precios de los productos básicos. A la quintuplicación de las importaciones ocasionadas por la revaluación en los últimos diez años y los TLC, se le agrega el desplome de más de 50% de los precios del petróleo. La economía está expuesta a un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, con tendencia a aumentar y salida de capitales por las expectativas de devaluación.
El manejo de las nuevas realidades se está haciendo por la vía fácil del mercado y de la represión laboral. En diciembre el salario mínimo se elevó 4.5%, y la inflación al final de año fue cercana a 3.8%; el alza real no fue ni de 1% y no guarda relación con el crecimiento del ingreso per cápita que ascendió a 3%. La mayor parte de los beneficios quedaron en el capital.
Luego de la reforma tributara de 2012 que bajo los impuestos al capital y ocasiono un hueco fiscal de $12.5 billones, el Gobierno montado en el discurso de la equidad anunció una reforma tributaria que recaería en los ricos. Para tal efecto, propuso elevar el impuesto al patrimonio que venía de atrás, pero ante la crítica de los grupos empresariales, optó por sustituirlo por el impuesto de utilidades CREE, que es fácilmente trasladable al trabajo. Lo más lamentable, a última hora se incluyó un mico que autoriza al Gobierno a fijar el precio de la gasolina, lo cual es equivalente a un impuesto indirecto variable que recae en los grupos medios y no afecta a los altos. Lo cierto es que la reforma de 2014 terminó tan regresiva como la anterior.
La parte restante corre por cuenta del libre mercado. La escasez de divisas ocasionada por el cuantioso déficit en cuenta corriente llevó a un disparo de la devaluación que recae en buena medida en el salario. Si se tiene en cuenta que la demanda está representada en la tercera parte por bienes transables, aparece que la devaluación de los últimos dos meses bajo la capacidad de compra en 7%.
Es el mundo al revés. El descuadre de Colombia, al igual que el de otros países de la región, proviene del modelo de libre comercio y movimiento de capitales en economías plenas de recursos naturales, y ahora el fracaso se pretende subsanar con el mismo modelo dando rienda suelta a la devaluación y elevando la tributación indirecta para garantizar el equilibrio fiscal. Las soluciones no se buscan en las causas sino en las manifestaciones. Los daños ocasionados por el retroceso de la industria y la agricultura, los TLC, la inversión extrajera y la renuncia arancelaria se tratan de resolver con un ajuste que recae principalmente en los ingresos del trabajo. El expediente se asemeja al de los países del sur de Europa, como Grecia y España, que por medio de un ajuste draconiano redujeron los salarios en 25% para equilibrar la balanza de pagos. El propósito se logró a cambio del desempleo y la recesión indefinida.
La solución es una estrategia que actué sobre las causas de la dolencia, sin provocar otras peores. De hecho, se plantea una política industrial y agrícola que eleve la productividad mediante el aprendizaje en el oficio y la innovación, la intervención abierta en el tipo de cambio y los ingresos de inversión extranjera para evitar las grandes fluctuaciones destructivas de la balanza de pagos, la renegociación de los TLC y el retorno de los aranceles para recuperar el control de las importaciones y la amplia flexibilidad fiscal para amortiguar el impacto de los choques externos.