Luego de las recomendaciones de la OCDE, el ministro de Hacienda reveló un nuevo estudio del BID sobre la reforma del sistema pensional.
Lamentablemente, las decisiones del país sobre este tema tan neurálgico provienen de los organismos internacionales que las presentan como consensos mundiales.
La reforma de la ley 100, en particular de las pensiones, fueron impuestas de afuera. Los promotores de esta reforma daban por hecho que la eficiencia privada y la competencia resultarían en mejores pensiones que la modalidad pública. No sabían lo que estaban haciendo. En el sistema de prima media las pensiones resultan de las cotizaciones de los afiliados existentes. En contraste, en el sistema privado los beneficios de los afiliados corresponden a las cotizaciones más los rendimientos financieros; la diferencia entre los ingresos de las ARS y los rendimientos de los afiliados se queda en los fondos y se traslada al sector financiero.
Como el crecimiento de la población y los ingresos es mayor que la tasa de interés, la modalidad de prima media está en capacidad de generar mayores beneficios que la privada. Así lo confirma la información corriente. Mientras los pensionados de las EPS obtienen una pensión igual al 75% del ingreso promedio de los últimos diez años, los de los fondos privados obtienen menos de 20%.
El sistema ha resultado totalmente anárquico. El paso de los afiliados al sector privado deja a las pensiones en el sistema público y las cotizaciones en el privado causando una erogación presupuestal incierta. Lo más grave es que luego de 18 años de funcionamiento del sistema, no se ha logrado un acuerdo sobre la aritmética. Los afiliados no saben a ciencia cierta cuál sistema es mejor y están expuestos al engaño de los comisionistas financieros.
El balance no podía ser más deplorable. El gobierno destina $ 35 billones para para atender 1.1 millón de jubilados. La cobertura del sistema es de 35%, muy inferior al promedio de América Latina. Los afiliados en los fondos privados (ARS) obtienen pensiones que no llegan a 20% del ingreso. Es difícil imaginar una organización más inequitativa. La erogación presupuestal más cuantiosa, superior a las comprometidas para la salud y la educación, se destina principalmente a cubrir las excesivas pensiones de los altos funcionarios del Estado, y apalancar el desplazamiento de los ahorros intergeneracionales del trabajo al sector financiero.
Las propuestas de OCDE y el BID están orientadas a reducir los beneficios de la prima media para inducir traslados a las ARS. En efecto, recomiendan elevar y unificar las edades de jubilación, reducir la base para de cálculo de las mesadas y establecer pensiones por debajo del salario mínimo. La fórmula agravaría las inequidades del sistema, porque aumenta las pensiones a cargo del gobierno, amplía el desplazamiento de los ahorros intergeneracionales al sector financiero, y reduce los beneficios de la mayoría de los afiliados a la prima media que están representados en salarios entre 1 y 2 mínimos.
Lo que se plantea es erradicar la indefinición de los sistemas y limitar el privilegio del sistema de prima media a los cotizantes de bajos ingresos, es decir, cercanos al salario mínimo. En la práctica se lograría con una modalidad que restrinja el acceso de la prima media a las pensiones de menos de 1.7 salarios mínimos y deje las restantes en el sistema privado. De esta manera, el privilegio de la prima media se mantendría exclusivamente para los cotizantes de menores de ingresos, a tiempo que se recortarían en forma apreciable el gasto del gobierno y los excedentes al sector privado. No existe otro camino para rectificar las inequidades y errores acumulados durante décadas.
Luego de las recomendaciones de la OCDE, el ministro de Hacienda reveló un nuevo estudio del BID sobre la reforma del sistema pensional.
Lamentablemente, las decisiones del país sobre este tema tan neurálgico provienen de los organismos internacionales que las presentan como consensos mundiales.
La reforma de la ley 100, en particular de las pensiones, fueron impuestas de afuera. Los promotores de esta reforma daban por hecho que la eficiencia privada y la competencia resultarían en mejores pensiones que la modalidad pública. No sabían lo que estaban haciendo. En el sistema de prima media las pensiones resultan de las cotizaciones de los afiliados existentes. En contraste, en el sistema privado los beneficios de los afiliados corresponden a las cotizaciones más los rendimientos financieros; la diferencia entre los ingresos de las ARS y los rendimientos de los afiliados se queda en los fondos y se traslada al sector financiero.
Como el crecimiento de la población y los ingresos es mayor que la tasa de interés, la modalidad de prima media está en capacidad de generar mayores beneficios que la privada. Así lo confirma la información corriente. Mientras los pensionados de las EPS obtienen una pensión igual al 75% del ingreso promedio de los últimos diez años, los de los fondos privados obtienen menos de 20%.
El sistema ha resultado totalmente anárquico. El paso de los afiliados al sector privado deja a las pensiones en el sistema público y las cotizaciones en el privado causando una erogación presupuestal incierta. Lo más grave es que luego de 18 años de funcionamiento del sistema, no se ha logrado un acuerdo sobre la aritmética. Los afiliados no saben a ciencia cierta cuál sistema es mejor y están expuestos al engaño de los comisionistas financieros.
El balance no podía ser más deplorable. El gobierno destina $ 35 billones para para atender 1.1 millón de jubilados. La cobertura del sistema es de 35%, muy inferior al promedio de América Latina. Los afiliados en los fondos privados (ARS) obtienen pensiones que no llegan a 20% del ingreso. Es difícil imaginar una organización más inequitativa. La erogación presupuestal más cuantiosa, superior a las comprometidas para la salud y la educación, se destina principalmente a cubrir las excesivas pensiones de los altos funcionarios del Estado, y apalancar el desplazamiento de los ahorros intergeneracionales del trabajo al sector financiero.
Las propuestas de OCDE y el BID están orientadas a reducir los beneficios de la prima media para inducir traslados a las ARS. En efecto, recomiendan elevar y unificar las edades de jubilación, reducir la base para de cálculo de las mesadas y establecer pensiones por debajo del salario mínimo. La fórmula agravaría las inequidades del sistema, porque aumenta las pensiones a cargo del gobierno, amplía el desplazamiento de los ahorros intergeneracionales al sector financiero, y reduce los beneficios de la mayoría de los afiliados a la prima media que están representados en salarios entre 1 y 2 mínimos.
Lo que se plantea es erradicar la indefinición de los sistemas y limitar el privilegio del sistema de prima media a los cotizantes de bajos ingresos, es decir, cercanos al salario mínimo. En la práctica se lograría con una modalidad que restrinja el acceso de la prima media a las pensiones de menos de 1.7 salarios mínimos y deje las restantes en el sistema privado. De esta manera, el privilegio de la prima media se mantendría exclusivamente para los cotizantes de menores de ingresos, a tiempo que se recortarían en forma apreciable el gasto del gobierno y los excedentes al sector privado. No existe otro camino para rectificar las inequidades y errores acumulados durante décadas.