Reforma pensional ya

El sistema pensional que está vigente en la Ley 100 de 1993 es un arreglo inequitativo, que favorece a quienes tienen más, e ineficiente, pues reduce el ahorro, el crecimiento y el empleo. Desde la expedición de la norma, manifesté serias dudas en libros y artículos de que en un entorno pleno de distorsiones y deficiencias se pudiera reglamentar con el simple liderazgo de los fondos de pensiones.

Los sistemas pensionales, por la interacción de generaciones, dan lugar a una renta que tiende a ser captada en mayor grado por el capital y los sectores de mayores ingresos. Estamos ante un estado de la naturaleza que favorece en mayor grado a los que tienen más. Si bien se trata de un fenómeno que se da en varias actividades, en el caso de las pensiones se presenta en grandes dimensiones. Por eso, la reforma pensional de 1993, que fue copiada de Chile, configuró uno de los grandes errores históricos del manejo de la economía.

En el sistema público, los pensionados reciben una mesada igual al 70 % del último salario. En el sistema privado las cotizaciones son incrementadas por los rendimientos financieros. Para completar, el sistema no es balanceado. Lo que se paga de pensiones es más de lo que se recibe. La diferencia es un subsidio que recae en el presupuesto nacional y reduce el ahorro.

Es lamentable que después de treinta años persista el adefesio que genera una seria distorsión y deficiencia económica que aumenta las desigualdades a todos los niveles y contrae el ahorro y el crecimiento económico. El error lo reconocen los mismos agentes que contribuyeron a su construcción. La información de simple accesibilidad deja al descubierto las enormes inequidades del sistema. La cobertura pensional asciende al 25 % de la población, una de las más bajas de América Latina. Los estratos 1 y 2, es decir el 40 % más pobre de la población, solo accede al 4 % de los pagos pensionales. Para completar, el bajo ahorro propiciado por el sistema pensional y agravado por la pandemia provocó el desplome de la economía y luego un estado de estancamiento que modificó el funcionamiento regular del sistema bajo economías de demanda. Se pasó a operar en un estado de economía de oferta, en donde la producción es inferior a la demanda.

En las comisiones de estudio designadas por los gobiernos se advierte un cierto acuerdo para modificar el sistema. La solución es un sistema de tres pilares, en el cual en el primero estarían los aportes de los trabajadores con salarios inferiores al mínimo; en el segundo, las cotizaciones obligatorias de todos los trabajadores en Colpensiones con un tope del salario base, y en el tercero, los fondos privados de pensiones con el excedente de las cotizaciones por encima del salario base. De esta manera, el Gobierno estaría en capacidad de reducir las desigualdades del subsidio y determinar la transferencia que afecta el déficit fiscal y el ahorro. El mercado sería sustituido de un tajo por la regulación administrativa del ahorro pensional.

En fin, la causa de la prolongación de la crisis, es el modelo de libre mercado que condujo a un abierto conflicto con la equidad que no puede resolverse con el modelo de crecimiento inequitativo por la vía de la baja de los ingresos laborales, la entrada masiva de importaciones y el alza de las tasas de interés. La solución solo puede lograrse con reformas estructurales que eleven el ahorro y sostengan el salario por encima de la productividad, como lo ilustra con lujo de detalles la reforma pensional. De otra forma, la economía colombiana quedaría en estado de estancamiento de la producción y el empleo, cuantioso déficit fiscal, disparo del déficit de la balanza de pagos, reaparición de la inflación y deterioro de la distribución del ingreso.