El Gobierno ha venido anunciando la reforma tributaria a cuentagotas. En términos generales, se propone reducir los gravámenes a las empresas y sustituirlos por la inclusión de mayores personas naturales en la base tributaria, la elevación de las tarifas a las personas naturales de altos ingresos, la extensión del IVA a los alimentos y su devolución a los trabajadores del Sisbén.
La reforma es de la misma familia de las que se adoptaron en los últimos 25 años. En el período 1967-1991 el país avanzó en una estructura tributaria basada en altas tarifas al patrimonio y al ingreso. La concepción se replicó en los anuncios y normas de la Constitución de 1991, en la cual se dictamina que los impuestos deben ser justos y progresivos y que la principal función del gasto público es el cumplimiento de los derechos fundamentales de salud, educación y pensiones. Así, la política fiscal se erigió como el principal mecanismo de reducción de las desigualdades sociales de la sociedad colombiana.
El panorama cambió con el advenimiento del neoliberalismo y la globalización impulsado por Reagan y Thatcher. Se abrió camino la sustitución de los altos impuestos a la renta y el patrimonio por la ampliación de la base tributaria para incorporar más contribuyentes y la elevación del IVA. Se esperaba que lo que se perdía en progresividad fiscal se compensaba con la ampliación del recaudo y el gasto público y su focalización hacia los grupos de menores ingresos.
El sistema no funcionó porque el gasto público se transfirió por conducto de las privatizaciones al capital. El presupuesto de las pensiones se queda en buena parte en los fondos privados (AFP), el de la salud y los hospitales en las EPS y el de la educación en las universidades privadas. De este modo, el 40 % más pobre recibe apenas el 15 % de los recaudos tributarios. El sistema fiscal dejó de ser el medio de transferencias de los que tienen más a los de menos ingresos. El coeficiente de Gini es similar antes y después de ingresos.
En los últimos años cambió la moda y se pasó al empleo de la política fiscal para proteger las empresas de la globalización y elevar su competitividad. Los impuestos al capital se bajan y los del trabajo se suben. Ahora, la reducción de la progresividad no se hace tanto por el recaudo como por la competitividad internacional. En el fondo, las reformas de Cárdenas y de Carrasquilla son medios ocultos para bajar los salarios e incrementar la actividad productiva.
La elevación del salario propuesto al principio de la semana por el Centro Democrático no está en capacidad de sustituir la progresividad fiscal como mecanismo para reducir las diferencias de ingresos de la sociedad colombiana. El alza del salario es limitado por su impacto sobre el desempleo y la informalidad. Las dos decisiones deben desligarse. El aumento del salario mínimo se justifica por si solo como una forma de compensar el retraso con respecto a la productividad.
Al parecer, la falta de un diagnóstico claro sobre el estado de la economía y los propósitos impide la selección de los instrumentos más adecuados. La política fiscal, que es el instrumento más idóneo para enfrentar las inequidades de la sociedad colombiana, se emplea para reactivar la economía, que ha sido deprimida por el desajuste externo y los desaciertos del Banco de la República. Mucho se avanzaría si se aceptara que el modelo económico que viene de varias administraciones atrás se agotó, que la política de progresividad fiscal estructural debe reservarse para reducir las desigualdades y que la reactivación de la economía se encuentra en la política macroeconómica, la composición sectorial y el comercio internacional.
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La reforma es de la misma familia de las que se adoptaron en los últimos 25 años. En el período 1967-1991 el país avanzó en una estructura tributaria basada en altas tarifas al patrimonio y al ingreso. La concepción se replicó en los anuncios y normas de la Constitución de 1991, en la cual se dictamina que los impuestos deben ser justos y progresivos y que la principal función del gasto público es el cumplimiento de los derechos fundamentales de salud, educación y pensiones. Así, la política fiscal se erigió como el principal mecanismo de reducción de las desigualdades sociales de la sociedad colombiana.
El panorama cambió con el advenimiento del neoliberalismo y la globalización impulsado por Reagan y Thatcher. Se abrió camino la sustitución de los altos impuestos a la renta y el patrimonio por la ampliación de la base tributaria para incorporar más contribuyentes y la elevación del IVA. Se esperaba que lo que se perdía en progresividad fiscal se compensaba con la ampliación del recaudo y el gasto público y su focalización hacia los grupos de menores ingresos.
El sistema no funcionó porque el gasto público se transfirió por conducto de las privatizaciones al capital. El presupuesto de las pensiones se queda en buena parte en los fondos privados (AFP), el de la salud y los hospitales en las EPS y el de la educación en las universidades privadas. De este modo, el 40 % más pobre recibe apenas el 15 % de los recaudos tributarios. El sistema fiscal dejó de ser el medio de transferencias de los que tienen más a los de menos ingresos. El coeficiente de Gini es similar antes y después de ingresos.
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Al parecer, la falta de un diagnóstico claro sobre el estado de la economía y los propósitos impide la selección de los instrumentos más adecuados. La política fiscal, que es el instrumento más idóneo para enfrentar las inequidades de la sociedad colombiana, se emplea para reactivar la economía, que ha sido deprimida por el desajuste externo y los desaciertos del Banco de la República. Mucho se avanzaría si se aceptara que el modelo económico que viene de varias administraciones atrás se agotó, que la política de progresividad fiscal estructural debe reservarse para reducir las desigualdades y que la reactivación de la economía se encuentra en la política macroeconómica, la composición sectorial y el comercio internacional.
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