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Comienza hoy la segunda legislatura del Congreso de la República con la mirada dividida: mientras el Gobierno Nacional necesita impulsar su ambiciosa agenda reformista, los legisladores están más concentrados en las elecciones de octubre. Después de un primer año de aterrizaje forzoso, en el que la administración de Gustavo Petro pasó de tener una aplanadora a romper la coalición de gobierno y ver sus principales propuestas estancarse, ¿veremos, ahora sí, un trabajo concertado? ¿Servirán los cambios ministeriales en Interior, Salud y Hacienda para tender puentes? ¿O se seguirán cavando trincheras ideológicas para llevar al país a una polarización más fuerte e improductiva?
En el diagnóstico de lo que fue un primer año atropellado, todos los involucrados salen a deber. La pasada legislatura empezó con una alianza extraña de partidos, donde colectividades como los conservadores pasaron a hacer parte de un gobierno progresista y reformista. Un contrasentido que, sin embargo, es entendible en el tejemaneje burocrático de la política colombiana. Envalentonado con el apoyo del Pacto Histórico, los verdes, los liberales, la U, los conservadores y algunos votos de Cambio Radical, el Gobierno lanzó su avalancha de proyectos. Tuvo un gran éxito en la reforma tributaria ambiciosa promovida por el Ministerio de Hacienda de José Antonio Ocampo, pero el primer semestre del 2023 tuvo también fracasos sonados. La reforma laboral se hundió, la reforma a la salud cobró la cabeza de por lo menos cuatro ministros, la coalición terminó en peleas públicas del Gobierno con los líderes de los partidos y un presidente con gobernabilidad afectada buscó tomarse las calles con mensajes populistas para invocar al pueblo como su legitimador.
¿Qué nos queda, entonces? Desde el lado de los partidos políticos, una aparente incapacidad de reconocer que en las pasadas elecciones presidenciales hubo un voto claro por proyectos de cambio. Preservar el statu quo es, en ese sentido, una fórmula para el desastre. Se habla ahora de una nueva coalición de oposición, que el mismo presidente Petro ayudó a fomentar con sus actitudes. Sin embargo, si la posición es la de obstaculizar todo lo que venga de la Casa de Nariño y no proponer alternativas diferentes a más de lo mismo, el descontento con la política tradicional seguirá creciendo. Eso puede ser un desastre para el país.
Desde Presidencia, sería útil una reflexión que lleve a la búsqueda de consensos. Si el presidente Petro sigue estigmatizando a los partidos con su retórica incendiaria, podrá ganar réditos políticos, pero le hará gran daño a la democracia colombiana. Esa dicotomía de “ellos” contra “nosotros, el “pueblo verdadero” que adoptó en sus discursos del semestre pasado no hacen más que crear enemigos y deslegitimar la labor del Congreso. Como si ambas ramas del poder no tuviesen el mismo mandato democrático.
Octubre, claro, será un buen termómetro de los ánimos nacionales. Empero, los congresistas no pueden abandonar su labor y responsabilidad. El plan tortuga con el que finalizó la legislatura pasada es inaceptable. Si las reformas sobre la mesa no son debatidas de manera amplia e integral, se le estará faltando al deber constitucional. El Congreso tiene que trabajar con urgencia.
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