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No es el momento de tomar decisiones trascendentales para las ciudades y los departamentos. Los últimos meses de gobierno de alcaldes y gobernadores están diseñados para facilitar el empalme con las administraciones entrantes. Por eso es extraño que siempre, después de elecciones, haya el intento por contratar lo que no se alcanzó a hacer en el tiempo constitucional, a pesar de que en muchos casos haya peticiones en contra de quienes vienen a asumir esos cargos. No tiene legitimidad democrática que las personas voten en las urnas y luego vean cómo varios proyectos son adjudicados a pesar de lo decidido. Es momento de prudencia y de entregar los puestos en dignidad, no de hacer lo que no se logró en los cuatro años pasados.
Dos de las ciudades más grandes del país son ejemplo de este problema. En Bogotá, hace unos días, la alcaldesa distrital saliente, Claudia López, dijo que su propósito es dejar adjudicados todos los tramos del corredor verde por la carrera séptima. “Son 22 kilómetros, 11 kilómetros ya se contrataron y los otros 11 siguen en licitación, y serán adjudicados para completar toda la red de obras de la primera línea del metro”, afirmó. El problema es que por esos días el alcalde entrante, Carlos Fernando Galán, había dicho que “la administración saliente decidió no seguir con ese proyecto”. En campaña, el corredor verde se debatió ampliamente, y cuando triunfó el alcalde electo le pidió a la alcaldesa que no siguiera adelante con la contratación de todos los tramos (el tramo norte ya estaba en la etapa final de la licitación). ¿Por qué, entonces, insiste la alcaldesa López en dejar amarrado el proyecto?
Lo curioso es que tenemos un antecedente directo. Uno de los últimos proyectos políticos del entonces alcalde Enrique Peñalosa era aprobar un Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá. En octubre de 2019, la recién elegida Claudia López señaló que le pedía “al alcalde Peñalosa respeto a la ciudadanía de Bogotá”, y que si bien tenía capacidad legal para aprobar por decreto un proyecto tan importante, no tenía legitimidad democrática por la decisión tomada en las urnas. Es cierto: después de las elecciones cada cuatro años en octubre los alcaldes y gobernadores en ejercicio se convierten en agentes de transición, no en ordenadores de las ciudades. Deberían recordar esto en el Palacio Liévano.
Algo similar ocurre en Medellín. Desde principios de noviembre el gobernador saliente de Antioquia, Aníbal Gaviria, viene prendiendo alarmas: “Quiero alertar a Antioquia, al alcalde de Medellín y al gobernador electo sobre un propósito que he venido sintiendo que se cierne sobre el metro de Medellín. Hay intenciones que se mueven desde otros territorios para hacer una toma hostil del metro”, aseguró en aquel entonces. Esta semana mostró una carta donde la actual Alcaldía de Medellín, que está en interinidad por la intempestiva renuncia del exalcalde Daniel Quintero, citó a una reunión extraordinaria para remover al gerente del metro. El mismo gerente, Tomás Elejalde, dijo que esa decisión lo tomaba por sorpresa. Y vuelve la pregunta: ¿por qué tomar decisiones tan importantes para las ciudades a tan pocos días del final de los mandatos? Si las personas ya eligieron, y por ejemplo tanto en Antioquia como en Medellín hubo un viraje con respecto a las administraciones actuales, ¿con qué legitimidad democrática existen estos actos?
Siempre hay justificaciones, claro, y jurídicamente en efecto las administraciones actuales pueden tomar decisiones hasta el último de sus días. Pero el deber ser es diferente.
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