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Al cierre de esta edición, la guerrilla del ELN todavía mantenía secuestrada a la sargento segunda Ghislaine Karina Ramírez y a sus dos hijos menores de edad, de seis y ocho años, en Arauca. Esto después de que el fin de semana ubicaron cilindros y banderas en la región del Catatumbo, mientras en Norte de Santander se perpetró el asesinato de tres patrulleros de las Fuerzas Armadas, uno de ellos mediante un francotirador. En otras regiones del país, presenciamos cómo las bandas criminales volvieron a las amenazas en Buenaventura, y también más de 170 familias de excombatientes de las FARC tuvieron que desplazarse en el Meta. Mientras escribimos estas líneas, una estación de Policía es atacada con explosivos en Bucaramanga. El país está pidiendo a gritos una estrategia de seguridad que muestre resultados inmediatos.
Cada uno de los focos de violencia tiene sus causas particulares, pero todos están atravesados por el deseo del gobierno de Gustavo Petro de alcanzar la “paz total” en Colombia. Lo que hemos visto en los últimos días muestra la dificultad del reto. Por ejemplo, el ELN, comprometido a un cese al fuego de por lo menos 180 días con el Gobierno, sigue descontrolado. Es necesario que en la mesa de negociación se llegue a acuerdos que permitan desaparecer por completo los ataques a los colombianos y a la fuerza pública. Reaccionando al secuestro de la sargento segunda Ramírez, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue acertado: “Un proceso de paz no solo es lo que hace un grupo insurgente con un gobierno, sino que este tipo de acciones, con el atentado de una mina antipersonal, el asesinato de patrulleros, genera un rechazo que todos los colombianos sienten”. Con vehemencia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dejó claros los términos de la conversación: “No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos”. La guerrilla del ELN no ha querido comprenderlo.
Es cierto que el Estado colombiano llega condicionado a cualquier diálogo de paz por su incapacidad de cumplir el acuerdo con las FARC. El espacio territorial de Vista Hermosa, en el Meta, vio cómo 99 mujeres, 214 hombres y 51 menores tuvieron que huir. Se trata de excombatientes de las FARC que se volvieron objetivo militar de las disidencias y de grupos del narcotráfico. El Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) cuenta ya 20 firmantes del acuerdo de La Habana asesinados en el 2023, sumados a los 85 líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido víctimas de homicidio en ese mismo tiempo. El terror está triunfando mientras el Gobierno tropieza en la articulación de una política integral de seguridad.
Lo que nos lleva a Buenaventura. El año pasado, se convirtió en un territorio de esperanza, gracias a la tregua que el Gobierno logró pactar con las bandas criminales de la zona; sin embargo, desde abril, volvió la violencia y la población está en medio del miedo. Un video de encapuchados difundido el fin de semana mostró a criminales hablar de “sangre y fuego”, amenazando así a los habitantes de Buenaventura y al Estado colombiano. El Gobierno reaccionó desplegando la fuerza pública e insistiendo en que el Congreso apruebe la ley de sometimiento. No obstante, tambalea el sueño de una Buenaventura sin violencia.
Es necesario apostarle a la paz, pero sin seguridad el Gobierno tendrá difícil obtener el apoyo popular. Hay que intervenir la violencia con urgencia.
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