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1 Dec 2022 - 5:30 a. m.

¿A quién le convenía el mensaje de urgencia?

Hizo bien el Gobierno al retirar el mensaje de urgencia que había enviado al Congreso para el trámite del Código Electoral. Esta solicitud generó malestar en varias bancadas, incluyendo la del Pacto Histórico, y advertencias sobre su inconveniencia por parte de organizaciones sociales, académicos y medios de comunicación. Sin embargo, queda la inquietud de saber qué había detrás de la intención de acelerar este proceso y cuál será el futuro del Código.

Es indiscutible que reformar el actual Código Electoral, que data de 1986, es una tarea inaplazable. Este debe responder y ajustarse a las modificaciones legales y constitucionales en función del sistema político y electoral, sus transformaciones de los últimos 35 años y los cambios tecnológicos e informáticos. Pero es precisamente por esto que su trámite se debe realizar pensando en cómo superar sus falencias, fortalecer el sistema electoral, su legitimidad y la transparencia de las elecciones, no en las conveniencias políticas.

A la injustificada celeridad que el Gobierno pretendió imprimirle al proceso de trámite del nuevo proyecto de Código, que contiene cerca de 400 artículos, se suman observaciones que no se pueden soslayar. Por ejemplo, varios países que poseen una infraestructura tecnológica avanzada, como Alemania, revirtieron esta modalidad por considerar que no ofrecía suficientes garantías de transparencia y secretismo del voto. Otro artículo proponía el voto anticipado, desconociendo que en muchos lugares aún no hay internet.

Algunas de las críticas más relevantes al proyecto se refieren a las facultades que se le otorgan al registrador para aumentar la nómina de la entidad —encima del reciente nombramiento de cerca de 1.200 registradores municipales— y el poder que se les confiere a los registradores delegados departamentales, que serían nombrados previa autorización del propio registrador. Por lo demás, impide crear la carrera especial administrativa para la entidad, lo cual sería un paso importante para romper el maridaje perverso que en existe entre quienes están llamados a vigilar los procesos electorales y los elegidos. Como lo denunció recientemente W Radio, la mayoría de los registradores municipales son apadrinados por políticos, muchos de ellos congresistas en ejercicio. Es decir, los ratones cuidando el queso.

Tampoco debemos olvidar la celebración de contratos multimillonarios del registrador con empresas privadas —que son las propietarias de los softwares y tienen el monopolio de la autenticación, algunas de ellas cuestionadas—, que además están amparados por la figura de seguridad nacional. Esto impide hacer el seguimiento a estos contratos e incluso, como sucedió en las recientes elecciones legislativas, no se han conocido los resultados de las auditorías que presuntamente se realizaron. La transformación digital es inevitable, pero debe garantizar transparencia, protección del voto secreto y de los datos personales, y blindar de la manipulación y utilización con otros propósitos. Esto no será posible mientras los registradores no tengan controles y los congresistas los necesiten para sobrevivir.

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