El acceso a la información pública, como su nombre lo indica, no puede ser limitado por capricho personal o político. Hay algunas excepciones claramente estipuladas en la ley, como cuando se trata de asuntos de seguridad nacional, de violación del hábeas data o del régimen privado. No obstante, resulta preocupante que, sin sustento, se invoquen estas causales y se utilicen como excusa para impedir que los ciudadanos accedan a información que es de su interés.
Hay varios ejemplos de las limitaciones que, por acción u omisión, están ocurriendo en la actualidad. Con frecuencia, la opinión pública conoce el contenido de los decretos expedidos por el Gobierno primero a través de los medios de comunicación, y estos solo son publicados en el Diario Oficial varias semanas después. A esto se suma que el Diario Oficial no está publicando información relevante diariamente como establece la norma. Esto hace que la información sea incompleta y dificulte el control constitucional jurídico, político y social en la medida en que estas acciones están sujetas a la publicación. Algunos ejemplos son las facultades del Gobierno para disponer de recursos públicos.
Algo similar ocurre con cambios en los manuales de funciones y de requisitos para el nombramiento de funcionarios, privilegiando así el acceso a cargos públicos a quienes de antemano conocen y se ajustan a ese perfil. La contratación directa, que está prevista para algunos asuntos, es otra modalidad que limita la transparencia y el acceso a información pública. Uno de los casos más recientes es la adjudicación de los carrotanques abastecedores de agua para La Guajira a una empresa sin experiencia en estos asuntos y que, a la fecha, no ha comenzado a realizar la labor asignada con las consecuencias que tiene en las comunidades afectadas por la falta de agua. En esta y otras ocasiones se invocan reservas cuando se solicita información por razones injustificadas o por ser de régimen privado. Algo similar ha ocurrido con el traslado de recursos del ICBF a la llamada economía popular. Como lo denunció La Silla Vacía, esta decisión no solo perjudica a miles niños que quedan sin cuidado, sino que abre las compuertas para contrataciones a dedo, con fines políticos y proselitistas, a entidades y organizaciones sin experiencia en el manejo de temas de niñez, y a desconocer la experticia de entidades que sí la tienen.
La seguridad nacional es otro argumento para no entregar determinada información. Sin embargo, esta justificación, como en los casos anteriores, no siempre corresponde a razones justificadas. Por ejemplo, las negociaciones de la paz total han estado sometidas por el Gobierno a esta reserva. Incluso el decreto que anunció el Gobierno sobre el cese al fuego con la Nueva Marquetalia y su reconocimiento como organización política no ha sido publicado. Finalmente, la publicación que deben hacer todos los servidores públicos de su declaración de renta y conflictos de intereses en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública no está disponible hace varias semanas.
Tal como se lee en la página del Secop, “es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos”. Pero de poco sirve si este sistema publica la información de manera extemporánea, cuando ya las decisiones son hechos cumplidos.
El acceso a la información pública, como su nombre lo indica, no puede ser limitado por capricho personal o político. Hay algunas excepciones claramente estipuladas en la ley, como cuando se trata de asuntos de seguridad nacional, de violación del hábeas data o del régimen privado. No obstante, resulta preocupante que, sin sustento, se invoquen estas causales y se utilicen como excusa para impedir que los ciudadanos accedan a información que es de su interés.
Hay varios ejemplos de las limitaciones que, por acción u omisión, están ocurriendo en la actualidad. Con frecuencia, la opinión pública conoce el contenido de los decretos expedidos por el Gobierno primero a través de los medios de comunicación, y estos solo son publicados en el Diario Oficial varias semanas después. A esto se suma que el Diario Oficial no está publicando información relevante diariamente como establece la norma. Esto hace que la información sea incompleta y dificulte el control constitucional jurídico, político y social en la medida en que estas acciones están sujetas a la publicación. Algunos ejemplos son las facultades del Gobierno para disponer de recursos públicos.
Algo similar ocurre con cambios en los manuales de funciones y de requisitos para el nombramiento de funcionarios, privilegiando así el acceso a cargos públicos a quienes de antemano conocen y se ajustan a ese perfil. La contratación directa, que está prevista para algunos asuntos, es otra modalidad que limita la transparencia y el acceso a información pública. Uno de los casos más recientes es la adjudicación de los carrotanques abastecedores de agua para La Guajira a una empresa sin experiencia en estos asuntos y que, a la fecha, no ha comenzado a realizar la labor asignada con las consecuencias que tiene en las comunidades afectadas por la falta de agua. En esta y otras ocasiones se invocan reservas cuando se solicita información por razones injustificadas o por ser de régimen privado. Algo similar ha ocurrido con el traslado de recursos del ICBF a la llamada economía popular. Como lo denunció La Silla Vacía, esta decisión no solo perjudica a miles niños que quedan sin cuidado, sino que abre las compuertas para contrataciones a dedo, con fines políticos y proselitistas, a entidades y organizaciones sin experiencia en el manejo de temas de niñez, y a desconocer la experticia de entidades que sí la tienen.
La seguridad nacional es otro argumento para no entregar determinada información. Sin embargo, esta justificación, como en los casos anteriores, no siempre corresponde a razones justificadas. Por ejemplo, las negociaciones de la paz total han estado sometidas por el Gobierno a esta reserva. Incluso el decreto que anunció el Gobierno sobre el cese al fuego con la Nueva Marquetalia y su reconocimiento como organización política no ha sido publicado. Finalmente, la publicación que deben hacer todos los servidores públicos de su declaración de renta y conflictos de intereses en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública no está disponible hace varias semanas.
Tal como se lee en la página del Secop, “es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos”. Pero de poco sirve si este sistema publica la información de manera extemporánea, cuando ya las decisiones son hechos cumplidos.