El Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc-EP y la reforma política parecen estar en cuidados intermedios. Recientes críticas del presidente Gustavo Petro en la asamblea de socios en ProAntioquia sobre algunos aspectos centrales del Acuerdo no son un buen presagio. Por ejemplo, se refirió a las rayas rojas que se trazaron, como por ejemplo no incluir el cambio del modelo económico vigente, que sí pareciera ser uno de los pilares de las negociaciones que se adelantan con el Eln, como se desprende de declaraciones de algunos participantes en la reunión en México. También criticó que no se hubieran mencionado palabras como industrialización, saberes y conocimientos, sin los cuales “no se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado”. El Acuerdo de Paz no es perfecto, ni es “una paz pequeña”, como afirmó Humberto de la Calle, exjefe negociador en La Habana, en respuesta a lo dicho por el presidente. Incluso, varios desmovilizado han denunciado que recientemente han sido desplazados por grupos que pretenden ser parte de la paz total y que no tienen garantías de seguridad. Pero no por esto se deben desconocer los avances y compromisos adquiridos por las partes. Sería muy grave que esto ocurra cuando la violencia y la inseguridad van en aumento, no por lo acordado en La Habana, sino precisamente por incumplimientos en su implementación.
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En cuanto a la reforma política, el panorama no es más alentador. Desde la ponencia para el primer debate se viene evidenciando el incumplimiento de lo establecido en el punto dos del Acuerdo: “Participación política: apertura democrática para construir la paz”. Uno de los temas más preocupantes es la reiterada negativa a reformar la arquitectura institucional, la cual es funcional para mantener el actual estado de cosas de la política en Colombia. Con cada nueva ponencia, el panorama se ha ido ensombreciendo aún más. La última, presentada hace unos días para el quinto de ocho debates, contiene una serie de artículos que incluso desfiguran el propósito inicial del proyecto. Por ejemplo, no solo se mantiene la autorización de que los congresistas renuncien para ser nombrados en un “cargo o empleo público de nominación nacional”, sino que ahora podrían volver al Congreso una vez deseen hacerlo. Es decir, no solo se crea una puerta giratoria solo de ida, sino de ida y vuelta. Esto desdibuja aún más la separación de poderes, entre otras razones porque debilita el ejercicio de control político, una de las principales funciones del Legislativo, sino porque puede ser una fuente de conflictos de interés y actuaciones en beneficio propio o del gobierno de turno.
Las listas cerradas, por su parte, también han sufrido una metamorfosis para ajustarse a las conveniencias y necesidades electorales de los sectores políticos tradicionales. Estas ya no serían obligatorias y bloqueadas, lo que reduce significativamente las probabilidades de que haya paridad, universalidad y alternancia en la conformación de las listas. Y en lugar de fortalecer y democratizar los partidos políticos, estos continuarán siendo personalistas y una fábrica de avales, como viene sucediendo de tiempo atrás. Esperemos que en estos casos los remedios no resulten peores que la enfermedad.
