A escasos días de las elecciones territoriales, en las que los colombianos elegirán a las autoridades territoriales, crecen las preocupaciones por las alertas que se han venido haciendo. Algunos dirán que estos llamados de atención se han hecho en otros comicios y que a pesar de ello las elecciones se han realizado sin mayores contratiempos. En parte tienen razón. Sin embargo, en esta ocasión se han conjugado condiciones que ameritan especial seguimiento de los organismos electorales y de control, del Gobierno, de los medios de comunicación, de las ONG y de la ciudadanía.
Por ejemplo, según reportes de la Procuraduría, la Defensoría y organizaciones de la sociedad civil como la Misión de Observación Electoral (MOE), esta campaña, comparada con las de los últimos años, en particular desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, ha sido la más violenta. Otro tema que genera preocupación es la opacidad en el proceso de contratación, hace apenas unas pocas semanas, de un software por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debido a fallas del software que se usó para las elecciones presidenciales de 2022 cuando solamente se eligió al presidente y a los congresistas. De acuerdo con la MOE, esta nueva herramienta tecnológica también presentó inconvenientes al momento de hacer las pruebas. ¿Qué pasará en estas elecciones con 132.000 aspirantes?
En cuanto a la rendición de cuentas de los ingresos y gastos de las campañas en el aplicativo Cuentas Claras, un informe de Transparencia por Colombia señala que, con corte al 23 de octubre, de los 128.132 candidatos registrados, solamente 11.577 candidatos (9,04%) han cumplido con la obligación de reportar en tiempo real. Estos reportes deben hacerse antes de las elecciones, pero es improbable que esto suceda. No obstante, se han conocido numerosas denuncias sobre los gastos exorbitantes de muchos aspirantes, el ingreso de dineros provenientes de actividades ilegales y la financiación de actuales o potenciales contratistas del Estado.
Si bien el Consejo Nacional Electoral ha revocado la inscripción de candidatos por estar incursos en inhabilidades, en varias regiones están vigentes las candidaturas de aspirantes cuestionados, bien sea por tener investigaciones en curso, por sus nexos con personas que tienen antecedentes judiciales o incluso que han sido condenadas. A esto se suma la indebida participación en política de funcionarios públicos y conflictos de intereses. Y la cereza del pastel la pusieron el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, que renunciaron a sus cargos a pocos meses de terminar su mandato, para “defender la democracia”. La verdad es que sin vergüenza lo hicieron para promover proyectos políticos y electorales personales y hacerle trampa a la ley. Esto es un irrespeto y un engaño al electorado, máxime cuando la maquinaria de sus administraciones sigue funcionando a todo vapor con los funcionarios que ellos nombraron.
Estos son apenas unos pocos ejemplos de los riesgos que rodean a estas elecciones. De no mitigarlos, podrían convertirse en un factor desestabilizador, de debilitamiento de la democracia y de las instituciones que la soportan. El caldo de cultivo para que esto suceda se puede estar cocinando.
