Alertas tempranas

La democracia en Colombia ha sido reconocida como una de las más estables de América Latina. En momentos de crisis, sus instituciones han servido de barreras de contención contra las amenazas. Sin embargo, esto no significa que esté blindada, sobre todo cuando los gobiernos enfrentan problemas de gobernabilidad y para superarlos acuden a medidas que debilitan la institucionalidad democrática. Esto ha sucedido en el pasado y está ocurriendo ahora. Por eso es necesario prender alertas cuando se asoman algunos riesgos, por pequeños que parezcan.

Algunos ejemplos lo ilustran. Hace unos días la ministra de Salud, Carolina Corcho, refiriéndose a las discusiones sobre el proyecto de reforma a la salud, manifestó su preocupación por lo que llamó “un ambiente en este momento en el país de dirimir esta discusión en los medios. Me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometida a un Estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita o no, cuando eso es función del Congreso de la República”. Tiene razón la ministra al reconocer que este es el escenario donde se aprueban, modifican o rechazan los proyectos de ley y de acto legislativo. No obstante, se le olvida que en su momento quienes hoy son congresistas fueron elegidos y tienen la misma legitimidad que el presidente, y que una de sus funciones es legislar. Además, comentarios como el de la ministra y los sistemáticos ataques en redes sociales del presidente Petro a los medios de comunicación, sobre los que ha alertado la FLIP, ponen en riesgo la libertad de prensa en el país.

Entretanto, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, otrora fieles escuderos del anterior gobierno, ahora están ejerciendo un activismo en contra del actual, utilizando calificativos desobligantes, que incluso algunos han señalado de calumniosos, y dando opiniones que pueden asimilarse a un discurso en plaza pública de candidatos en plena campaña electoral. Esto podría debilitar la independencia y el equilibrio de poderes, y ser percibido como una intromisión en asuntos ajenos a la misión de estas entidades.

También es preocupante, por decir lo menos, que el director de la Policía, general Henry Armando Sanabria Cely, pretenda imponer sus creencias religiosas, que son respetables y de su fuero personal, a todos los miembros de la institución. Esto contraviene la Sentencia C-088/22 de la Corte Constitucional, que dictaminó que, “de acuerdo con la Constitución de 1991, Colombia es un Estado laico con plena libertad religiosa, caracterizado por el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas y una estricta separación entre el Estado y las iglesias”. Ningún ciudadano puede desconocer la Constitución y mucho menos quienes tienen la responsabilidad de proteger a los colombianos y sus derechos. ¿Por qué las autoridades competentes no le han pedido al general explicaciones sobre su comportamiento?

Estos son apenas tres ejemplos, quizás irrelevantes para algunos. Pero si no se atienden a tiempo pueden pasar de alerta naranja a roja.