El proyecto de reforma política que radicó recientemente el ministro del Interior Juan Fernando Cristo en el Congreso tiene, de acuerdo con el texto oficial, tres propósitos: democratizar los partidos y movimientos políticos, la transparencia en la financiación política y reformar la arquitectura institucional “para garantizar una mejor representación ciudadana y calidad de la democracia colombiana e implementar el Acuerdo de Paz”. Unos objetivos necesarios, que de lograrse podrían ser el inicio del tránsito en la forma de acceder al poder y de ejercerlo que el país necesita. Mientras algunos artículos del proyecto se acercan a este propósito, no es evidente que todo el articulado conduzca a ello.
Uno de los ejes centrales es la financiación privada para el funcionamiento de los partidos y movimientos con personería jurídica y la obligación de los aportantes de reportar el origen, volumen y destino de los recursos. Esto busca que haya una mayor transparencia por parte de los partidos y de quienes entregan los recursos. Y por esta vía, hacer el seguimiento de la eventual entrega de contratos y prebendas burocráticas a los financiadores una vez pasados los comicios. De otra parte, se propone un sistema de financiación de campañas 100 % público. Esto se materializaría mediante la entrega de los anticipos, la reposición de gastos y financiación indirecta a partir de la prestación de servicios estatales en propaganda electoral y postales. Si bien esta es una medida popular y que muchos aplauden, debemos preguntarnos si el Estado, tal como funciona hoy en día, tiene la capacidad de garantizar transparencia y equidad en la distribución del dinero. ¿Acaso los recursos públicos en Colombia han estado exentos de hechos de corrupción y ha habido un eficaz y eficiente sistema de investigación por parte de los organismos de control y judiciales? De aprobarse, se deben fortalecen las capacidades de las instancias encargadas de la vigilancia, control del manejo y distribución de estos recursos. De lo contrario, el remedio resultará peor que la enfermedad.
También hay propuestas positivas como los porcentajes de financiación del 10 % en proporción al número de mujeres candidatas inscritas en las listas, aun cuando la efectividad de esta disposición requiere que la lista esté compuesta exclusiva o mayoritariamente por mujeres, la obligatoriedad de los principios de paridad, alternancia y universalidad en las listas de todas las corporaciones públicas de elección popular. También se establece que el 10 % de los recursos se entreguen en proporción al número de jóvenes inscritos en las listas. Sin embargo, nuevamente surge la pregunta de si la organización electoral tiene las capacidades para vigilar que estos requisitos se cumplan. Y se propone la eliminación de los grupos significativos de ciudadanos, que frecuentemente han sido estrategias para darse a conocer y luego dar el salto a algún partido, movimiento político o a un cargo público. Además, estos grupos comienzan sus campañas antes que las de los partidos y no tienen la obligación de reportar sobre sus ingresos y gastos.
De cualquier manera, estos cambios sólo son viables fortaleciendo la institucionalidad y la autonomía presupuestal del Consejo Nacional Electoral o de la entidad haga sus veces, y garantizando su independencia de los partidos políticos, mediante un sistema de elección de sus miembros que excluya la participación de estos.
