Candidatos autoritarios y populistas pescan en río revuelto

El desencanto, la desafección y la desconfianza de los colombianos en las elecciones y en los partidos políticos y en la democracia representativa, pilares fundamentales de los regímenes democráticos, no son fenómenos recientes. Sin embargo, no deben pasar desapercibidos. Varios datos lo corroboran. Según el Pulso de la Democracia elaborado por el Barómetro de las Américas 2021 de la Universidad de Vanderbilt y USAID, entre 20 paises de la región, Colombia ocupa el puesto 17 en desconfianza de los ciudadanos en la democracia, solo el 26 % está satisfecho con el sistema democrático y el 84 % manifiesta preferir la democracia participativa sobre la representativa. De otra parte, solo el 22 % confía en las elecciones, ocupando el último lugar, y el 18 % considera que los votos son contabilizados correctamente. De otra parte, de acuerdo con el Panel de Opinión 2021 de Cifras y Conceptos sobre los principales desafíos políticos del país, el 34 % de los participantes consideró que el mayor desafío es el riesgo de fraude electoral en el 2022.

Hay numerosas razones que explican estos sentimientos. El alto número de aspirantes a la Presidencia, las alianzas que no terminan de cuajar y la lucha de los egos en su interior, las disputas por la mecánica política, la pobreza de las propuestas programáticas que no responden a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, o los programas populistas que no tienen ninguna viabilidad realista de poderse ejecutar, los acuerdos de algunos aspirantes con personas a quienes hace apenas unas semanas acusaban de ser corruptos y politiqueros y que ahora son sus aliados políticos, son apenas algunos de los hechos generan la incertidumbre, confusión y desconfianza que rodean las próximas elecciones.

A esto se suman otros hechos que son aún más preocupantes y que ponen en riesgo el derecho a elegir y ser elegidos y la transparencia de los comicios. Por ejemplo, las crecientes amenazas contra candidatos y las precarias garantías para ejercer el derecho a elegir y ser elegidos, sobre todo en regiones donde priman la violencia y la ausencia del Estado; la judicialización de candidatos de la oposición por parte de la procuradora Cabello a pocas semanas de las elecciones y su silencio frente a la evidente intervención en política de varios de sus copartidarios; las alertas de diferentes organizaciones sobre el manejo poco transparente y sin la debida publicidad del registrador Alexander Vega en la contratación de multimillonarios contratos de los softwares del proceso electoral, la poca claridad sobre las garantías que estos brindan a candidatos y votantes y las dificultades para la inscripción de cédulas, entre otros. Así mismo, desde mediados del 2021 la Fundación Karisma prendió las alarmas sobre varios riesgos en la implementación de la biometría en los procesos de identificación y autenticación de las personas, incluyendo a candidatos y electores, lo cual puede afectar el derecho a la protección de datos y el incumplimiento de algunas de las condiciones que ha establecido la Corte Constitucional. Todo esto debe ser un llamado de atención para no llevarnos sorpresas que luego tengamos que lamentar. Los candidatos autoritarios y populistas pescan en río revuelto y son los que más se benefician de estas condiciones.