El reciente informe sobre el Estado global de la democracia 2025 de IDEA Internacional presenta unas cifras muy preocupantes. Entre estas se destaca un retroceso sin precedentes de nueve años consecutivos desde la publicación del primer informe, en 1975. En particular, sobresalen la libertad de prensa, la erosión de la credibilidad en las elecciones y los desafíos que estos tienen, una participación electoral en descenso, debilitamiento de los controles institucionales y del Estado de Derecho y de la separación de poderes.
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El informe atribuye estos resultados a una polarización creciente, la desinformación y manipulación de la información, un debilitamiento de las instituciones democráticas, entre otros. Si bien Latinoamérica no ocupa el peor lugar, la desigualdad, la violencia, los estados de excepción, las violaciones a los derechos humanos, las restricciones y amenazas contra la libertad de expresión, el desencanto de los ciudadanos con lo que les ofrece la democracia, pesos y contrapesos débiles y la decreciente independencia judicial son factores que deben prender las alarmas.
De acuerdo con el informe, Colombia se ubica en un rango intermedio. No obstante, la desigualdad económica, social y de género, la violencia que ejercen grupos ligados al narcotráfico y otros actores contra líderes y lideresas sociales, el conflicto armado que no cede, no pueden pasar desapercibidos y deben llamar la atención de gobernantes y ciudadanos. No debe sorprender que esto afecte la confianza en las instituciones, en la política y en los políticos y, por ende, que se fortalezcan opciones extremas de derecha o de izquierda, a quienes los elementos centrales de la democracia les incomodan.
Nayib Bukele, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, entre otros, han utilizado su poder para perpetuarse en el mando violando todos los principios democráticos. Pero hay otros gobernantes de la región que, si bien no llegan a eso extremos, pretenden gobernar por decreto, desconociendo las facultades del Congreso y las cortes, e incluso, las facultades que la Constitución y las leyes les otorgan o haciendo malabares para ajustarlas a sus propósitos.
Las consultas populares convocadas por el presidente Gustavo Petro como una forma de presionar a los congresistas para que aprueben las reformas propuestas por el Gobierno, o la publicitada intención de convocar una Asamblea Constituyente —aun sabiendo que en el tiempo que le resta a su Gobierno esta no era viable—, son mecanismos de distracción que poco contribuyen a mitigar los riesgos que enfrenta la democracia. Sin un Estado de Derecho fortalecido y blindado, los factores que amenazan actualmente la democracia en Colombia se van a profundizar.
