Con frecuencia, cuando se acercan las elecciones, surgen cuestionamientos de algunos sectores sobre la falta transparencia, garantías electorales y riesgos de fraude. Estos han sucedido, en diversas oportunidades y deben ser objeto de preocupación. Para sustentar estos hechos se habla, entre otras causas, de fallas en la infraestructura tecnológica dispuesta para el desarrollo de las elecciones. Sin embargo, también se acude en algunas ocasiones a acusaciones infundadas o por lo menos sin sustento. Nadie puede garantizar que los comicios estén cien por ciento blindados, entre otras razones porque es bien sabido que la compra de votos y el traslado de votantes sigue siendo una práctica común en algunas regiones, en la que participan partidos y clanes políticos. Tampoco es un secreto que se utilizan recursos del Estado, tanto nacionales como territoriales, para promover candidaturas y “aceitar” las maquinarias, hacer contratos para favorecer a aliados políticos, además de estrategias de financiación que violan los topes y que en ocasiones son de dudosa procedencia. Para hacer las investigaciones que se requieran están las autoridades competentes. No es desprestigiándolas que se pueden atacar estos hechos. En lugar de debilitar con acusaciones falsas o no demostradas, sería más prudente fortalecerlas. De no hacerlo, se debilita la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las elecciones y se puede convertir en un potencial aliciente para acciones de violencia. Contaminar el proceso electoral debilita la democracia.
Hace ya varias semanas el presidente Petro junto con varios de sus ministros y funcionarios se han empeñado en poner en duda la idoneidad de la organización electoral, en particular la de la Registraduría, pero también la del Consejo Nacional Electoral y de los órganos de control como la Procuraduría, la Contraloría e incluso de las autoridades judiciales que, en caso de que se presenten, serían las encargadas de investigar delitos electorales. Los ciudadanos somos responsables de elegir a conciencia. El país no puede correr el riesgo de que los comicios se cubran con mantos de duda sustentados en afirmaciones sin fundamento. Es posible que estas tengan el propósito anticipar el terreno en caso de que los resultados no fueran los esperados por el presidente y sus seguidores. El jefe de Estado ha sido bastante reiterativo en sus discursos, declaraciones y en su cuenta de X en manifestar sus preocupaciones sobre los no comprobados riesgos de un fraude electoral. Al hacerlo, omite reconocer que la infraestructura tecnológica vigente está siendo auditada por entidades nacionales e internacionales y por los auditores de los partidos y organizaciones políticas que lo han solicitado. Además, todas las colectividades tienen testigos electorales, cuya misión es vigilar la transparencia lo que sucede en los puestos electorales.
Parece olvidar el primer mandatario que fue esta infraestructura tecnológica que tanto critica la que garantizó su elección como senador, alcalde y presidente de la República. Es probable que, si no se materializa el anunciado fraude y los resultados de las elecciones le sean favorables a su proyecto político, él afirme que fue gracias a sus denuncias; y si no lo son, que no fue escuchado. Como reza el dicho, con cara gano yo y con sello pierde usted.
