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Los regímenes democráticos —a diferencia de los gobiernos autocráticos y autoritarios— se caracterizan, entre otras razones, por garantiza que los gobernantes y los ciudadanos cumplan con lo que dice la constitución y que se acaten las leyes. Esto implica respetar la separación de poderes, que es uno de los ejes que define a las democracias. Por lo tanto, las decisiones que tomen en el marco de lo que la Constitución permite y les obliga, así no sean del agrado de los representantes de otros poderes o de algunos ciudadanos, deben acatarse y respetarse. Esto no impide que expresen su desacuerdo y que acudan a las instancias pertinentes para apelar, si es del caso, o a otras para revertir o buscar subsanar lo que consideren inadecuado o inconveniente.
Tanto el presidente Gustavo Petro como algunos de sus ministros y funcionarios del Gobierno han incurrido en actuaciones que afectan la institucionalidad. No se quedan atrás directivos de partidos políticos, congresistas y excongresistas y, por supuesto, ciudadanos, pero se supone que los gobernantes deben dar ejemplo. En lo que respecta al presidente, en varias ocasiones no ha acatado las órdenes de jueces o miembros de órganos de control de retractarse cuando ha hecho acusaciones a algunas personas que no son ciertas. También ha arreciado sus críticas y ataques contra la Fiscalía, el procurador, el Consejo de Estado, la Cortes Suprema y la de Justicia, al Congreso cuando no aprueban sus proyectos, a alcaldes y gobernadores que critican algunas de sus políticas y decisiones. Más recientemente criticó la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés. Independientemente de si esto es conveniente o no, el Banco es una institución independiente y dentro la está cumpliendo con el mandato constitucional. La salida del ministro de Hacienda del recinto, que seguramente fue acordada previamente con el presidente, es un hecho inédito. Lo más grave es que Banco no puede tomar algunas decisiones en ausencia del minHacienda.
La fiscal general, Luz Adriana Giraldo, tampoco ha sido ajena a los ataques del jefe de Estado: reiteradas críticas a sus decisiones, sobre todo cuando revela investigaciones y sanciones que involucran a funcionarios del Gobierno presuntamente involucrados en hechos de corrupción u otros delitos. Igual ha sucedido con el procurador Gregorio Eljach. A todo esto, se suman los choques previos a las elecciones con el registrador y el Consejo Nacional Electoral por supuestas irregularidades en el manejo del software electoral, denunciando irregularidades que podrían facilitar que se cometieran fraudes. Sus premoniciones no solo no se cumplieron, sino que el Pacto Histórico aumentó sus curules tanto en la Cámara como en el Senado en 2026. Esperamos que, si Iván Cepeda no es presidente, no desconozca el resultado. Y que la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, apoyada por muchos seguidores del candidato del Pacto, no sea una excusa para debilitar la división de poderes que tanto les molesta a algunos, incluyendo al presidente Petro.
