Los desastres naturales, las hambrunas, los brotes pandémicos como el que está viviendo la humanidad con el COVID-19 son eventos que ponen a prueba la capacidad de las instituciones públicas y privadas y de los ciudadanos en general para enfrentarlos. Pero también ponen en evidencia sus debilidades y deficiencias, que pueden hacer aún más graves las consecuencias de estas tragedias.
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Los riesgos de corrupción y de abuso de poder son dos de estas consecuencias. Con relación a la primera, algunas ONG como Transparencia Internacional (TI) y organismos como la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) han demostrado que estos eventos, por la celeridad con la que se tienen que tomar las decisiones, por la dimensión de los recursos que se requieren y de la creciente demanda de bienes y servicios, se convierten en oportunidades propicias para que se cometan actos corruptos. Esto es particularmente cierto cuando estos hechos se presentan en países con una institucionalidad débil o cuando las entidades responsables de prestar servicios básicos, como por ejemplo las que hacen parte del sistema de salud, ya han sido permeadas por la corrupción. Colombia no es ajena a ninguna de estas circunstancias.
Por eso es fundamental adoptar de manera inmediata mecanismos para evitar que esto suceda. El primer paso es la prevención, a partir de la identificación oportuna de los riesgos de corrupción asociados al manejo de los recursos, la adjudicación de contratos, la ejecución de los mismos y la prestación de servicios. Esto debe ir acompañado de la implementación de mecanismos de transparencia y acceso a información oportuna, permanente, veraz, verificable y comprensible, no solo para facilitar la gestión de los organismos de control sino para los ciudadanos, que tienen el derecho de saber cómo, quiénes y en qué se están gastando los recursos. Asimismo, se deben abrir canales de denuncia confidenciales en los que la ciudadanía pueda informar sobre irregularidades sin riesgos para su seguridad.
Muchos dirán que no hay tiempo para hacerlo, pero no es una opción sino una obligación. Ante la magnitud de la tragedia, prevenir la corrupción es fundamental para cuidar los recursos, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar la confianza, tan importante en momentos de crisis, de los ciudadanos en sus gobernantes.
En cuanto al segundo riesgo, es necesario estar atentos a que las decisiones que se adopten, tanto en el marco de la emergencia social y económica como otras que se vayan tomando, se ciñan estrictamente a lo que establecen la Constitución y la ley. Se deben blindar de potenciales abusos de poder o extralimitación de funciones por parte de los servidores públicos responsables de su implementación. La coordinación interinstitucional es esencial y exige compromisos de todas las partes. Pero también se basa en la confianza y en el respeto. Es fundamental no debilitar la ya maltrecha institucionalidad y capacidad financiera de los departamentos y municipios para hacerles frente a los inmensos retos que enfrentan. Y, ante todo, se debe preservar el equilibrio y la separación de poderes para proteger la democracia.
